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DOI: https://doi.org/10.48160/18517072re61.631
La performatividad de los bioinsumos en Argentina:
disputas tecnológicas, estabilización institucional y
circulación regional
+
Andrés Oscar Pedro Mondaini
*
Resumen
Este artículo analiza el proceso de construcción, legitimación e institucionalización del
concepto de bioinsumos en Argentina, desde una perspectiva sociotécnica y
performativa. A partir de un enfoque cualitativo basado en entrevistas
semiestructuradas, revisión documental y análisis de políticas públicas, se examina
cómo el Estado argentino promovió esta categoría como parte de su estrategia
bioeconómica. El estudio se focaliza en el rol del Comité Asesor en Bioinsumos de Uso
Agropecuario (CABUA), el Programa de Fomento de la Bioeconomía (PROFOBIO) y la
expansión regional del concepto. Se argumenta que los bioinsumos operaron como una
categoría performativa, que reconfiguró prioridades institucionales, habilitó nuevas
+
Este artículo fue enriquecido gracias a las observaciones recibidas durante el proceso de evaluación por
pares, a cuyos revisores agradezco especialmente.
*
Doctorando en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina.
Correo electrónico: andresmondaini@gmail.com
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formas de intervención estatal y contribuyó a la creación de un mercado emergente. Sin
embargo, su definición y apropiación dieron lugar a tensiones entre actores, modelos
productivos y enfoques regulatorios, que persisten en su circulación regional. El caso
argentino permite reflexionar sobre cómo las políticas públicas no solo regulan
tecnologías existentes, sino que también producen nuevas categorías tecnológicas y
económicas, ofreciendo claves para pensar otras transiciones sociotécnicas hacia la
sustentabilidad.
Palabras clave
BIOINSUMOS – BIOECONOMÍA – PERFORMATIVIDAD - TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS
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Introducción
En las últimas dos décadas, la promoción de tecnologías de base biológica ha ganado
centralidad en las estrategias de desarrollo agropecuario a nivel mundial y en América
Latina, en particular. Entre ellas, los llamados “bioinsumos” han emergido como una
categoría clave en múltiples políticas públicas orientadas a la ecologización
agropecuaria (Buttel, 1995). Si bien inicialmente ligados al discurso científico y a
prácticas de manejo agroecológico, su institucionalización como objeto de política
pública responde a dinámicas sociotécnicas complejas, en las que diversos actores
disputan significados, legitimidades y modelos de intervención estatal. Esta expansión
no ha estado exenta de tensiones: distintos actores han atribuido sentidos divergentes
al término, han disputado sus fronteras tecnológicas y han buscado orientar su
regulación según intereses y trayectorias productivas específicas. Comprender cómo se
configuró este proceso, qué actores intervinieron y qué dispositivos institucionales
habilitaron la estabilización de determinadas definiciones constituye un desafío analítico
central para estudiar la emergencia de categorías sociotécnicas en el agro argentino.
A nivel global, el proceso de análisis de categorías sociotécnicas en el agro ha
sido documentado en debates recientes aplicados a la bioeconomía (Birch, 2017;
Levidow, 2018). En el caso de la región de América Latina, la mayor parte de los
estudios se ha centrado en diagnósticos de oportunidad, evaluaciones
tecnoproductivas o análisis de políticas a nivel macro (Deciancio y Sieguel, 2022;
Rodríguez, Mondaini y Hitschfeld, 2017; Trigo y Henry, 2011). En el caso argentino,
las investigaciones suelen destacar el a la categoría de bioeconomía para la
utilización de la biomasa y la adopción de innovaciones biotecnológicas (Mondaini,
2025). Sin embargo, todavía es limitada la comprensión de las disputas sociotécnicas
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que configuran la institucionalización de estas categorías, así como el rol de las
políticas a las que justifican y las reconfiguraciones del campo de actores que
promueven.
Este artículo se propone analizar cómo la categoría de bioinsumos fue
construida, estabilizada y proyectada como parte del repertorio estatal de políticas
argentinas en materia agropecuaria. Lejos de tratarse de un concepto neutro o
simplemente técnico, se argumenta que los bioinsumos operan performativamente
(Austin, 1962): no solo nombran una realidad preexistente, sino que configuran
marcos de acción, movilizan recursos, y habilitan trayectorias tecnológicas
específicas. En ese proceso, las instituciones públicas operaron como articuladoras
de definiciones y dispositivos que dieron forma al campo emergente. Sin embargo, la
definición misma del concepto no ha estado exenta de controversias: su apropiación
por distintos actores ha abierto disputas sobre su direccionalidad normativa, su
alcance regulatorio y su relación con modelos de desarrollo agropecuario
contrastantes.
La pregunta que guía este trabajo es: ¿cómo se institucionaliza una categoría
como “bioinsumo” en el marco de las políticas públicas? Más específicamente, ¿qué
actores, dispositivos y estrategias contribuyeron a su consolidación en Argentina, y
con qué efectos sobre el régimen sociotécnico dominante? Esta indagación se
inserta en una agenda de investigación más amplia sobre la performatividad de los
conceptos en las políticas tecnológicas, considerando a los bioinsumos como una
arena sociotécnica en disputa, donde convergen visiones divergentes sobre
innovación, sustentabilidad y ordenamiento del agro. La importancia del caso
argentino radica, como lo especifica en una entrevista (Aldunate, 2023) el académico
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Fréderic Goulet, en que es el primer país que utilizó la categoría de bioinsumos para
permitir acciones de políticas públicas en el sector agropecuario.
Desde una perspectiva sociotécnica y cualitativa, el análisis se basa en
entrevistas semiestructuradas a actores clave del sector público y privado, revisión
documental de actas, normativas e informes técnicos, y un seguimiento del proceso
de configuración institucional del concepto entre 2015 y 2022. El artículo se focaliza
en tres dimensiones principales del proceso: (1) la creación del Comité Asesor en
Bioinsumos de Uso Agropecuario (CABUA) como espacio de negociación normativa;
(2) la implementación del Programa de Fomento del Uso de Bioinsumos
Agropecuarios (PROFOBIO) como mecanismo de estabilización simbólica y
proyección territorial; y (3) la proyección regional e internacional del concepto como
activo estratégico.
El artículo se estructura en cinco secciones. Luego de esta introducción, se
presenta brevemente el marco teórico, que combina nociones de performatividad,
construcción sociotécnica y políticas de innovación. A continuación, se describe la
metodología y el enfoque empírico. El análisis se desarrolla en tres apartados que
corresponden a los momentos clave del proceso institucional. Finalmente, se
discuten los hallazgos en términos del rol del Estado en la creación de nuevas
categorías tecnológicas y se presentan algunas reflexiones conclusivas sobre los
alcances y límites de este proceso. La experiencia argentina con los bioinsumos
ofrece así elementos valiosos para repensar otras transiciones sociotécnicas
orientadas a la sustentabilidad, particularmente en contextos de fuerte inercia
institucional y disputas por la dirección del cambio.
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Marco teórico
En las últimas dos décadas, los estudios sociotécnicos han avanzado hacia marcos
conceptuales que combinan la performatividad de los dispositivos tecnológicos con el
análisis de transiciones y reconfiguraciones institucionales. Más allá de los aportes
clásicos (Callon, 1998; MacKenzie, 2006; Pinch y Bijker, 1987), investigaciones
recientes han enfatizado el papel de los actores incumbentes en defender o
reconfigurar regímenes tecnológicos (Geels F. W., 2011; Markard, 2018), así como la
importancia de los dispositivos de mercado y las infraestructuras institucionales en la
consolidación de categorías tecnológicas (Muniesa, 2014; Kjellberg y Helgesson, 2007).
Estas contribuciones permiten actualizar el marco conceptual adoptado en este trabajo
y dotarlo de mayor densidad analítica para comprender la emergencia, estabilización y
disputa en torno a los bioinsumos en Argentina.
Categorías como “bioeconomía” o “bioinsumos” no deben entenderse como
descripciones neutras de procesos tecnológicos preexistentes, sino como
construcciones sociotécnicas que configuran marcos de acción, habilitan trayectorias
institucionales y reconfiguran relaciones entre actores. Desde esta perspectiva, el
enfoque adoptado en este artículo se nutre de los estudios sociales de la ciencia y la
tecnología (STS), particularmente del enfoque constructivista y performativo de las
tecnologías.
En primer lugar, se retoma el concepto de performatividad (Callon, 1998 y
MacKenzie, 2006), entendido como la capacidad de ciertos conceptos, modelos o
dispositivos para moldear el mundo que pretenden describir. En lugar de representar
una realidad dada, las categorías performativas actúan sobre ella: reorganizan
actores, canalizan recursos y delimitan lo posible.
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En el caso de los bioinsumos, se argumenta que la categoría no solo nombra
una tecnología específica, sino que produce condiciones para su despliegue
institucional, regulatorio y económico.
A su vez, el enfoque de la construcción social de la tecnología (Pinch y Bijker,
1987 y Jasanoff, 2004) permite analizar cómo la definición de los bioinsumos fue
objeto de disputa y negociación entre diversos actores, con énfasis en el papel del
Estado como mediador y estabilizador de significados. En lugar de asumir una
relación lineal entre avance científico y adopción tecnológica, se considera que las
trayectorias tecnológicas son contingentes y socialmente construidas.
Este marco se complementa con los aportes sobre la construcción de mercados
sociotécnicos (Callon, Méadel, y Rabeharisoa, 2002), donde se señala que los
mercados no son entes preexistentes sino ensamblajes institucionales que requieren
dispositivos, marcos legales y categorías que los hagan posibles. En este sentido, la
creación del Comité Asesor en Bioinsumos (CABUA) y del Programa de Fomento del
Uso de Bioinsumos Agropecuarios (PROFOBIO) pueden leerse como intervenciones
performativas que no solo regulan un conjunto de productos, sino que contribuyen a
generar las condiciones materiales y simbólicas para que exista un mercado de
bioinsumos.
Finalmente, la noción de Estado performativo permite pensar al Estado no solo
como árbitro o regulador, sino como un actor activo en la producción de categorías,
legitimidades y mercados. Este enfoque dialoga con debates contemporáneos sobre
la gobernanza de la innovación y el rol del Estado en orientar transformaciones
sociotécnicas (Kuhlmann y Rip, 2018). Esta perspectiva resulta especialmente
relevante en contextos como el argentino, donde el Estado ha cumplido
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históricamente un rol central en la definición de marcos tecnológicos y productivos.
Este marco teórico permite, en suma, analizar la institucionalización de los
bioinsumos como un proceso performativo y sociotécnico, en el que conceptos,
actores, dispositivos y políticas se co-construyen mutuamente.
Este trabajo dialoga con el análisis desarrollado por Goulet y Hubert (2020),
quienes examinan las estrategias semánticas e institucionales mediante las cuales el
Estado argentino procuró atenuar las fronteras entre insumos biológicos y químicos,
favoreciendo la coexistencia de paradigmas tecnológicos en lugar de su sustitución.
El estudio mencionado estudio constituye un antecedente clave para comprender las
razones de la construcción de la categoría, especialmente en lo que respecta a los
esfuerzos institucionales por producir continuidad y minimizar la disrupción respecto
a los insumos sintéticos tradicionales. El presente artículo amplía y complejiza esa
lectura al reconstruir con mayor detalle la gestación interna del concepto de
bioinsumos, incluyendo debates técnicos, antecedentes y el rol de actores de
cooperación internacional, y al analizar dinámicas posteriores no consideradas por
esos autores, como las tensiones entre cámaras empresarias, las estrategias de
cooptación discursiva del régimen de insumos sintéticos y los procesos de cierre
tecnológico asociados al CABUA y al PROFOBIO. Asimismo, incorpora una
dimensión regional mediante el estudio de la Comisión de Bioinsumos del
MERCOSUR (CBAG), que permite observar cómo la categoría circula y se resignifica
en distintas escalas. En conjunto, estos elementos permiten avanzar más allá de la
lectura de continuidad institucional propuesta por Goulet y Hubert, mostrando que la
institucionalización de los bioinsumos constituye también un terreno de disputa
política y reconfiguración sociotécnica internacional. Este enfoque resulta coherente
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con debates recientes sobre transiciones multisistémicas, que enfatizan cómo
distintos regímenes y nichos interactúan de manera simultánea en procesos de
reconfiguración institucional (Geels 2019; Papachristos, Sofianos, y Adamides, 2013)
Además del mencionado documento, existen análisis orientados a comprender el
desarrollo de los bioinsumos como sector tecnológico emergente, entre los cuales
destaca el informe de Starobinsky y colegas (2021). Este estudio aborda los
bioinsumos principalmente como tecnologías con potencial económico, centrándose
en la identificación de capacidades de I+D, en las condiciones de oferta y demanda y
en los lineamientos de política necesarios para consolidar un mercado aún incipiente.
Si bien este enfoque resulta valioso para delinear estrategias productivas y
regulatorias, no analiza la dimensión sociotécnica del concepto ni los procesos de
disputa, performatividad y construcción institucional que acompañaron su emergencia.
En contraste, el presente artículo examina cómo la categoría de bioinsumos fue
producida, estabilizada y resignificada por distintos actores estatales y sectoriales, y
cómo ese proceso moldea las trayectorias tecnológicas posibles en el agro argentino.
Metodología
Este artículo se basa en un enfoque cualitativo y sociotécnico orientado a reconstruir el
proceso de institucionalización del concepto de bioinsumos en Argentina. El objetivo no
es evaluar la eficacia técnica de estos productos, sino comprender cómo la categoría fue
construida, legitimada y puesta en circulación desde espacios estatales, en interacción
con actores del ámbito científico, productivo y regulatorio.
La estrategia metodológica combinó el análisis documental con entrevistas
semiestructuradas a informantes clave. Se relevaron documentos oficiales, actas de
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reuniones del Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario (CABUA),
normativas y resoluciones ministeriales, así como informes técnicos elaborados por
organismos públicos. Este corpus fue complementado con 18 entrevistas realizadas
entre 2022 y 2024 a funcionarios, técnicos, empresarios del sector y representantes
de organismos públicos con competencia en la materia.
El recorte temporal se concentró en el período 2013–2022, que comprende
desde la creación del CABUA y los primeros debates sobre definiciones normativas,
hasta la proyección regional del concepto en espacios como el MERCOSUR. Se
seleccionó este período por ser el momento de mayor densidad institucional en torno
al concepto de bioinsumos, así como por su articulación con políticas más amplias
justificadas por narrativas globales como la de bioeconomía.
El análisis se realizó a partir de una codificación temática de las entrevistas y
documentos, poniendo especial atención a los procesos de definición, estabilización
y proyección del concepto. La triangulación de fuentes permitió identificar no solo
acuerdos y avances, sino también controversias, tensiones internas y omisiones. Se
prestó particular atención al papel del Estado como actor productor de categorías y
organizador de dispositivos institucionales.
Emergencia y consolidación institucional del concepto en
Argentina
El surgimiento del concepto de bioinsumos en Argentina fue impulsado desde ámbitos
institucionales públicos acompañados por redes estratégicas de apoyo. Esta sección
reconstruye los primeros momentos de ese proceso, identificando las condiciones que
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permitieron la emergencia del término en el ámbito de las políticas públicas, así como
los actores que lo legitimaron y dotaron de contenido programático.
El primer uso formal del término "bioinsumos" en una política pública se
remonta a diciembre de 2013, con la creación del Comité Asesor de Bioinsumos de
Uso Agropecuario (CABUA), mediante la Resolución 7 del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP). Este hito institucional puede
comprenderse en el contexto de una serie de transformaciones iniciadas a
comienzos de esa década, en particular con la creación, en 2012, de la
Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías, que tenía a su cargo
temáticas como biotecnología, agroindustria, agroenergía y gestión ambiental. Su
diseño respondía a los lineamientos del Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial 2020, y apuntaba a promover el agregado de valor en las cadenas
agropecuarias, con un enfoque explícitamente biotecnológico que, como mencionó
uno de los entrevistados, “considere no solo su aplicación a cultivos extensivos
tradicionales, como la soja y el maíz, sino que sea superador a estos”.
Durante ese mismo año, desde la Dirección de Biotecnología, dependiente de la
nueva Subsecretaría, empezó a perfilarse un discurso que asociaba a los bioinsumos
con el desarrollo regional, el agregado de valor y la sustentabilidad agrícola- En ellas,
se destacaba su potencial para generar empleo calificado, sustituir importaciones y
responder a las demandas sociales de sustentabilidad, mediante la sustitución de
insumos fósiles (Lema, 2012). Esta narrativa se reforzó con la Resolución 437 del
MAGyP, también en 2012, que ampliaba la composición de la Comisión Nacional de
Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) e incorporaba a actores emblemáticos de la
agricultura tecnificada, como la Asociación Argentina de Productores en Siembra
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Directa (AAPRESID) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (AACREA), con el objetivo de acelerar la adopción de
nuevas tecnologías biotecnológicas en el agro argentino.
En este marco institucional, la Dirección de Biotecnología elaboró en junio de
2013 un informe técnico proponiendo la creación de un comité específico, el CABUA,
bajo la órbita de la CONABIA, para abordar el desarrollo y regulación de los
bioinsumos. El documento identificaba a estas tecnologías como promotoras de
sustentabilidad ambiental y destacaba su futuro crecimiento, así como la necesidad
de articular ciencia, sector privado y regulación estatal para garantizar su expansión.
De manera paralela, se activó el apoyo de defensores estratégicos (advocates)
del concepto, entendidos como conjunto social organizado que, si bien no tiene una
influencia directa sobre la construcción de las tecnologías, incide indirectamente en
ella, al apoyar la formulación de políticas públicas y modificar la forma en que los
usuarios interactúan con ellas (Humphreys, 2005). Entre estos actores, que en este
caso se correspondieron con redes epistémicas internacionales, se destaca al
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que ofició de
coalición promotora de la categoría, rol sobre el cual se profundiza en la siguiente
sección.
Hasta aquí se procuró mostrar que la emergencia del concepto de bioinsumos
en Argentina respondió a un entramado sociotécnico en el que se articularon
objetivos estatales de modernización agroproductiva e intereses tecnológicos
emergentes. Este proceso permitió su progresiva consolidación institucional,
sentando las bases para su posterior estabilización normativa y proyección regional.
A continuación, se profundiza en el papel de coaliciones promotoras que operaron
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como defensores clave del concepto, contribuyendo a su legitimación institucional y a
su definición funcional dentro del régimen agroproductivo.
El rol de los defensores para reforzar la definición tecnológica
La estabilización del concepto de bioinsumos no se limitó al ámbito estatal, sino que se
vio fuertemente impulsada por redes epistémicas, principalmente organismos
internacionales, agencias de cooperación y redes de expertos, que operaron como
defensores estratégicos de la categoría. Estos actores contribuyeron a traducir
narrativas globales, como la bioeconomía (Mondaini, 2025), en categorías nacionales,
glocalizadas (Robertson, 1995), dotando de legitimidad al concepto incipiente y
orientando su definición.
Un hito central en este proceso fue la realización del “Taller sobre
institucionalidad para el desarrollo, regulación y comercialización de bioinsumos en
Argentina”, realizado en Buenos Aires en agosto de 2013 y organizado
conjuntamente por la Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías del
MAGyP y el IICA. Según uno de los entrevistados, este taller, que reunió a
reguladores, funcionarios, empresarios y académicos, cumplió la función de
socializar la idea de los bioinsumos.
El IICA, a través de su programa de Biotecnología y Bioseguridad, se posicionó
como un actor clave en este proceso. No solo aportó experticia técnica y
experiencias regionales, sino que también promovió una visión estratégica del sector
agropecuario, en la que se entendió a los bioinsumos como una industria emergente
con potencial para responder simultáneamente a desafíos mundiales de
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sustentabilidad, como locales de productividad y competitividad.
Este rol coincide con dinámicas identificadas por la literatura contemporánea
sobre comunidades epistémicas, que destacan cómo actores transnacionales median
el flujo de conocimientos, definen problemas y proponen soluciones mediante
procesos de persuasión y aprendizaje institucional (Dunlop, 2016; Haas, 2015).
Desde esta perspectiva, el IICA contribuyó a consolidar un marco interpretativo que
facilitó la estabilización temprana del concepto de bioinsumos.
Según relató uno de los participantes, en el taller se compartieron experiencias
sobre investigaciones en curso y se analizó el estado de situación de los bioinsumos
en el país. Así también, se destacó la necesidad de crear normativas específicas que
agilicen y faciliten la utilización de bioinsumos en la producción agropecuaria
(Merluzzi, 2013).
Las conclusiones del taller coincidieron con las preocupaciones que luego
plasmaría el CABUA: necesidad de marcos normativos claros, promoción de la
industria emergente, generación de capacidades técnicas y comunicación sobre los
beneficios ambientales de los bioinsumos. El documento técnico elaborado por el
IICA tras el taller ya hablaba de la “industria de bioinsumos” y proponía medidas para
su consolidación, reforzando su condición de categoría performativa, capaz de
reorganizar marcos institucionales, orientar la acción estatal y legitimar trayectorias
tecnológicas emergentes.
Documentos producidos en ese período por el propio organismo destacaban la
necesidad de crear marcos regulatorios claros, fortalecer capacidades institucionales
y promover una articulación efectiva entre investigación, empresa y Estado (Rocha,
et. al 2013).
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La revista Alimentos Argentinos, publicada poco después del taller de agosto de
2013, reflejó en su edición de 2014 un giro discursivo en favor de la producción
mediante bioinsumos e incluyó una reseña de este evento, resaltando su papel en la
formulación de consensos sobre la necesidad de marcos regulatorios claros,
promoción sectorial e interacción público-privada. En este sentido, la publicación
operó como un dispositivo de validación institucional, consolidando la representación
de los bioinsumos como tecnología ambientalmente virtuosa. Según Whelan (2014a),
los bioinsumos fueron allí definidos como insumos elaborados a partir de organismos
benéficos o extractos naturales de plantas, capaces de controlar plagas o estimular
cultivos sin dejar residuos tóxicos. Se destacaba además su inocuidad para la salud
de agricultores y consumidores, así como su bajo costo de desarrollo y su potencial
para aumentar la productividad de manera sustentable.
Esta caracterización fortaleció tanto su legitimación pública como su
estabilización institucional, consolidándolo como una categoría performativa del
modelo agropecuario ecologizado. Así, el concepto de bioinsumos no respondió
únicamente a necesidades técnicas, sino que actuó como un artefacto político capaz
de estructurar instituciones, orientar inversiones y legitimar trayectorias tecnológicas
específicas.
En el apartado “Una agricultura más limpia” de la misma publicación, se
destacaba que distintos organismos con funciones específicas podían integrarse a
los sistemas agrícolas para potenciar el desarrollo de los cultivos, constituyendo una
tecnología capaz de garantizar una mayor producción de manera sustentable. Se
remarcaba también que su efectividad estaba probada y que su costo de desarrollo
era bajo.
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Asimismo, se informaba que, entre el 31 de julio y el 2 de agosto de 2013, tuvo
lugar en Buenos Aires una importante reunión sobre bioinsumos. De ese encuentro
surgieron conclusiones clave: la necesidad de contar con marcos regulatorios
eficientes, fortalecer la articulación público-privada, y promover el emprendimiento y
la innovación en el sector. Estos elementos no solo expresaban consensos
incipientes, sino que reflejaban el modo en que ciertos marcos de interpretación,
particularmente, los bioinsumos como solución tecnológica sustentable, comenzaron
a consolidarse como visión dominante, desplazando definiciones alternativas.
La edición siguiente de Alimentos Argentinos (número 60), en un artículo
titulado “Bioinsumos, tiempo de adultez” (Whelan, 2014b), profundizó esa narrativa.
Allí se relataba la participación de decenas de investigadores, desarrolladores,
empresarios, comercializadores y funcionarios vinculados con el registro de insumos
agropecuarios y biotecnológicos, en un evento sin precedentes que tuvo como eje el
impulso al desarrollo y uso de bioinsumos en el país. El artículo subrayaba que,
hasta ese momento, Argentina no contaba con una política pública explícita para el
sector, lo que motivó la organización del taller en conjunto con el IICA.
En la sección “Resultados y Perspectivas” de esa publicación, se informó que,
considerando las demandas planteadas en el evento, el entonces secretario de
Agricultura anunció la creación del Comité Asesor en Bioinsumos (CABUA),
concebido como un órgano intersectorial de asesoramiento, gestión y concertación,
con el mandato de formular propuestas para el desarrollo del sector. Se enfatizaba
también que el CABUA podía constituir un punto de inflexión en el fortalecimiento de
una industria nacional de bioinsumos, con capacidad de contribuir a esquemas
productivos más eficaces y ambientalmente sostenibles.
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La intervención del IICA y de otros actores de cooperación internacional
funcionó así, como catalizador de consensos técnicos y políticos en torno al concepto
de bioinsumos. Su respaldo no solo facilitó su consolidación institucional, sino que
reforzó su dimensión performativa, al posicionarlo como una categoría legítima y
necesaria para una agricultura más sostenible. Estos defensores no actuaron
únicamente como mediadores técnicos, sino como agentes de estabilización
sociotécnica, contribuyendo a clausurar interpretaciones alternativas y a consolidar
una definición funcional al régimen tecnológico.
En el proceso de consolidación del concepto de bioinsumos, resultaron
especialmente influyentes ciertos insumos internacionales que contribuyeron a
delimitar su definición regulatoria y funcional. Entre ellos, se destacan las referencias
adoptadas por la Dirección de Biotecnología del MAGyP, que orientaron la
formulación de criterios institucionales. En particular, según relató uno de los
entrevistados, que formó parte del proceso, se tomaron como antecedentes las
regulaciones del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que ya había evaluado y
autorizado productos biológicos bajo el rótulo de bioinsumos, así como los
procedimientos desarrollados por la Universidad Zamorano, en Honduras, orientados
a la producción, evaluación y comercialización de microorganismos en el marco de
una estructura académica.
Estas referencias regionales ofrecieron modelos técnicos y operativos para
pensar la regulación de los bioinsumos en Argentina, y permitieron diferenciar
conceptualmente esta categoría de los insumos químicos tradicionales. Un tomador
de decisiones del área de Biotecnología del MAGyP mencionó que el objetivo fue
visibilizar a los bioinsumos como un nuevo paradigma, y no como una simple
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extensión de los agroquímicos existentes. En sus palabras:
Nosotros no inventamos la palabra bioinsumos. Si bien ya la habíamos
visto en las otras experiencias internacionales, no era un concepto
ampliamente utilizado ni en la industria, ni en la regulación, ni en la
política. Creo que lo que hicimos nosotros fue visibilizarlos. Lo
presentamos no como una mera extensión de los agroquímicos, sino
como un nuevo paradigma en sí mismo, diferente de aquellos
(Fragmento de entrevista realizada en abril de 2025)
En este sentido, la definición adoptada en Argentina tomó elementos técnicos
preexistentes, pero además los reconfiguró dentro de una estrategia institucional más
amplia, orientada a construir un campo tecnológico propio, con identidad discursiva y
legitimidad normativa. Es de destacar, que a pesar de la expansión en la utilización
del concepto de bioinsumos, tanto a nivel académico, como de políticas y regulatorio,
son aún muy pocos documentos aquellos que indagan sobre la construcción de la
categoría. Aquí se intentó presentar algunos aportes del caso argentino.
Como señaló uno de los entrevistados, la categoría de bioinsumos resignificó
un campo tecnológico previo, históricamente vinculado al desarrollo de inoculantes:
Antes de que existiera la palabra bioinsumos, en Argentina y en todo
Latinoamérica lo que había eran inoculantes. En el país se empezó a
estudiar sobre inoculantes allá por 1920. Se seleccionaban las cepas
más eficientes para cada cultivo, las cuales se disolvían y se vertían
sobre las semillas. Luego la tecnología permitió que existieran los
fermentadores y ahora las cepas seleccionadas que tienen las mejores
características ya se pueden cultivar. […] La palabra bioinsumos
cambió radicalmente el negocio. Yo traté de buscar el origen de la
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palabra bioinsumos, pero no lo encontré (Fragmento de entrevista
realizada en diciembre de 2023)
En suma, la consolidación temprana del concepto de bioinsumos no respondió
únicamente a decisiones institucionales, sino a una trama más amplia de actores,
referencias y marcos interpretativos que dotaron de sentido, legitimidad y
direccionalidad a esta categoría. Su definición operó performativamente, tanto en el
plano simbólico como material, al orientar la intervención estatal hacia determinadas
tecnologías y excluir otras posibles. Este proceso de cierre y estabilización es
analizado en la sección siguiente, centrada en los roles complementarios del CABUA
y del PROFOBIO.
Del diseño institucional al cierre tecnológico:
normativización y estabilización simbólica del concepto
Una vez incorporada a la agenda institucional, la categoría de bioinsumos requirió
mecanismos normativos y simbólicos que fijaran un contenido aceptado, redujeran su
flexibilidad interpretativa y legitimaran su adopción a nivel nacional. Este proceso se
concretó a través de dos instrumentos clave: el Comité Asesor en Bioinsumos de Uso
Agropecuario (CABUA), que operó como espacio de definición técnica y concertación
interinstitucional, y el Programa de Fomento del Uso de Bioinsumos Agropecuarios
(PROFOBIO), que contribuyó a traducir la categoría en políticas públicas activas de
fomento, capacitación y apoyo a la innovación.
El CABUA, creado mediante la Resolución 7/2013 del MAGyP, funcionó como
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un ámbito técnico-político para definir los alcances del concepto, promover su
regulación y coordinar esfuerzos entre organismos como el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) y representantes del sector privado. A través de sus reuniones
periódicas, el comité abordó aspectos clave como los requisitos para el registro de
productos, las barreras técnicas para su aprobación y la articulación entre ciencia,
mercado y regulación. Así, favoreció el cierre tecnológico en torno a una definición
específica centrada en productos respaldados por evidencia científica, con
trazabilidad y validación institucional.
Su primera reunión tuvo lugar el 1° de abril de 2014, con la participación del
entonces secretario de Agricultura, lo que evidenciaba el respaldo político a su
consolidación como categoría emergente. Además de representantes de SENASA,
INTA, del ámbito académico y científico, delegados de las cámaras empresarias de
sanidad agropecuaria y fertilizantes (CASAFE) y de la industria argentina de
fertilizantes y agroquímicos (CIAFA).
Estas dos últimas entidades representan a sectores históricamente vinculados
al régimen de insumos sintéticos: CASAFE nuclea a empresas proveedoras de
fitosanitarios y productos químicos, mientras que CIAFA agrupa a fabricantes y
comercializadores de fertilizantes y agroquímicos. Su inclusión temprana sugiere que
el proceso de definición tendió a preservar su influencia, mediante mecanismos de
dependencia de trayectoria y alineamiento institucional.
De este modo, lejos de configurarse como una ruptura o innovación disruptiva,
los bioinsumos comenzaron a ser encauzados dentro de las estructuras y
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racionalidades preexistentes del modelo agropecuario. La propia composición inicial
del comité permite poner en cuestión la neutralidad del proceso institucional, al
tiempo que anticipa disputas futuras en torno a los criterios de legitimación
tecnológica.
Durante esa primera reunión se consensuó una propuesta de agenda para el
año, que finalmente no llegó a ser aprobada. Allí se incluía: la identificación de
alternativas normativas para el registro de bioinsumos; el relevamiento de las causas
que explicaban su baja tasa de aprobación; el análisis de nuevas herramientas
documentales, criterios técnicos, estándares e información científica; y la formulación
de mecanismos de promoción orientados a fomentar su desarrollo, comercialización
y uso por parte de los productores agropecuarios.
Las reuniones siguientes, celebradas el 19 de junio y el 28 de octubre de 2014,
confirmaron las dificultades para alcanzar consensos amplios: no se logró acordar un
reglamento interno ni una agenda definitiva de trabajo, lo que evidencia tanto la
novedad institucional del CABUA como las tensiones inherentes al proceso de
definición de una tecnología emergente, disputada por actores con visiones
divergentes sobre el modelo productivo agropecuario.
Recién en abril de 2015, durante su cuarta reunión, se aprobó el reglamento
interno. Sin embargo, ante la imposibilidad de avanzar en acuerdos generales sobre
los principales temas del comité, se decidió conformar grupos de trabajo específicos
como mecanismo operativo para canalizar las discusiones y abordar técnicamente
los puntos de desacuerdo.
La falta de acuerdos generales en el CABUA anticipó la necesidad de una
intervención estatal más definida. En ese marco, el lanzamiento del PROFOBIO en
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Revista Redes 61 – ISSN 1851-7072
2015 no supuso una superación del comité, sino que complementó su accionar
mediante una política activa de promoción y difusión del concepto.
La institucionalización del concepto de bioinsumos alcanzó un nuevo hito con la
creación del Programa de Fomento del Uso de Bioinsumos Agropecuarios
(PROFOBIO), que contribuyó no solo a fomentar su adopción, sino también a fijar
una definición funcional del concepto. Mientras el CABUA operó como espacio de
concertación normativa, el PROFOBIO representó una política activa de promoción,
que operó como anclaje institucional de la categoría, reforzando una visión
tecnológicamente alineada con el régimen agroindustrial.
El 8 de mayo de 2015 se publicó la Resolución 256 del MAGyP, por la cual se
creó el PROFOBIO, destinado a promover y facilitar el uso de bioinsumos por parte
de los productores agropecuarios del país. En sus considerandos se señala que:
A partir del ‘Taller sobre institucionalidad para el desarrollo, regulación y
comercialización de bioinsumos en Argentina. Experiencias en países
de América Latina y el Caribe’, organizado por las autoridades del
MAGyP junto con el IICA, se vislumbró la necesidad de fomentar el uso
de bioinsumos por parte de los productores agropecuarios a través de
incentivos y otros mecanismos que motiven su adopción (Resolución
256/2015, MAGyP).
Allí también, se destacó que los bioinsumos presentan importantes beneficios para la
agricultura, ya que permiten incrementar los rendimientos de los cultivos e implican
un avance en términos de sustentabilidad e inocuidad de la producción, fomentando
la industrialización de la ruralidad y el agregado de valor en origen. Por todo ello, se
estimó necesario establecer un plan de acción que acercara los bioinsumos a los
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productores, tanto mediante medidas que facilitaran su conocimiento y adopción
como a través de instancias de capacitación sobre su uso y potencialidades.
A los fines del PROFOBIO, la definición de bioinsumos se redujo a: todo aquel
producto biológico que consista o haya sido producido por microorganismos,
invertebrados o extractos de plantas, y que esté destinado a ser aplicado como
insumo en la producción agropecuaria. Con un presupuesto de 2,46 millones de
pesos y una duración de 15 meses, el programa destinó el 80 % a distribución
gratuita de bioinsumos y el resto a actividades de capacitación.
El PROFOBIO fue presentado como una herramienta de difusión,
especialmente entre pequeños y medianos productores. Sin embargo, su alcance fue
acotado. Como reconoció un funcionario del área de Biotecnología del MAGyP:
teníamos pocos fondos, pensamos en qué podíamos hacer y por lo
menos hicimos algo, aunque sea más simbólico que programático,
pero creo que sirvió desde el punto de vista de ayudar a instalar el
tema y darle mayor visibilidad (Fragmento de entrevista realizada en
febrero de 2025)
Pese a su impacto material limitado, el programa operó principalmente como
instrumento de consolidación simbólica del concepto. Al delimitar qué productos eran
considerados bioinsumos, establecer criterios para su distribución y capacitación, y
enmarcar sus beneficios en términos de sustentabilidad, inocuidad y productividad, el
PROFOBIO contribuyó a fijar una definición tecnológicamente orientada del
concepto, alineada con las visiones del régimen agroindustrial. Este proceso puede
interpretarse también desde la perspectiva de los estudios sobre expectativas
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sociotécnicas, que destacan cómo las políticas públicas generan visiones
anticipatorias que orientan la coordinación entre actores y contribuyen al cierre
tecnológico de determinadas trayectorias (Borup, et a., 2006; Konrad, et al., 2016).
Este mecanismo puede leerse a la luz de los aportes recientes sobre cómo los
dispositivos institucionales contribuyen a moldear mercados, estabilizar categorías y
orientar prácticas de uso (Kjellberg y Helgesson, 2007; Muniesa, 2014). Desde esta
perspectiva, el PROFOBIO funcionó no solo como política de fomento, sino también
como dispositivo de configuración de mercados que contribuyó a delimitar qué
actores, tecnologías y narrativas podían ocupar legítimamente el espacio de los
bioinsumos.
Como observa Hughes (1993), este tipo de configuraciones no solo abordan
problemas técnicos, sino que también fijan trayectorias de desarrollo futuras,
delimitando los márgenes de lo posible y relegando otras visiones tecnológicas, como
aquellas vinculadas a modelos agroecológicos más descentralizados o
territorializados.
Tal como advierte Feenberg (1999), los procesos de estabilización tecnológica
tienden a invisibilizar los conflictos y negociaciones que dieron lugar a una
configuración particular, encerrando las tecnologías en una “caja negra” que las
presenta como neutras e inevitables.
En suma, el PROFOBIO funcionó no solo como política de incentivo, sino
también como dispositivo performativo (Callon, 1998), capaz de orientar expectativas,
prácticas y relaciones entre actores en torno a una definición institucionalmente
legitimada del bioinsumos. En este sentido, el PROFOBIO no solo consolidó la
institucionalización del concepto, sino que contribuyó a desplazar del debate otras
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visiones posibles sobre qué tecnologías deben ser consideradas sustentables en el
agro argentino.
Reconfiguración del campo institucional: la CABIO como
actor emergente y la disputa por los bioinsumos
Pese al avance logrado en la institucionalización del concepto de bioinsumos a través
del CABUA y del PROFOBIO, a partir de 2016 comenzaron a evidenciarse tensiones y
desacuerdos entre los distintos actores involucrados en su regulación y promoción. Las
dificultades para alcanzar consensos amplios dentro del CABUA, junto con las
demandas de sectores empresariales que consideraban excesivos los requisitos
técnicos exigidos, dieron lugar a un proceso de reconfiguración institucional. Esta nueva
etapa estuvo marcada por la emergencia de actores sectoriales con agendas
diferenciadas, entre los cuales se destaca la creación de la Cámara Argentina de
Bioinsumos (CABIO). En esta sección se analiza cómo la CABIO irrumpió en el
escenario institucional como voz alternativa, promoviendo una visión más dinámica y
orientada a la expansión del sector, en tensión con las lógicas estabilizadoras
dominantes. A partir de su conformación, el campo de los bioinsumos dejó de estar
monopolizado por las agencias estatales y las cámaras tradicionales, abriéndose a una
gobernanza más fragmentada, en la que conviven intentos de innovación, procesos de
absorción selectiva y estrategias de resignificación tecnológica.
Emergencia de la CABIO y nuevas agendas sectoriales
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Durante 2016, en el marco de las reuniones del Comité Asesor en Bioinsumos de Uso
Agropecuario (CABUA), comenzaron a manifestarse tensiones crecientes en torno a los
criterios normativos, las barreras técnicas y el rumbo estratégico del sector. Aunque se
avanzó en múltiples líneas de trabajo, como la creación de una red nacional de
laboratorios, la revisión de normativas sobre organismos genéticamente modificados y
el debate sobre incentivos impositivos, diversos actores comenzaron a expresar su
disconformidad con lo que percibían como una excesiva rigidez institucional y
desmedida aversión al riesgo respecto a los requisitos exigidos para la aprobación de
bioinsumos. Fue en ese contexto que, a comienzos de 2017, se presentó públicamente
la Cámara Argentina de Bioinsumos (CABIO), constituida por un grupo de productores y
desarrolladores que buscaban consolidar una voz propia frente a las restricciones
impuestas por el proceso regulatorio vigente. Su emergencia marcó un punto de
inflexión en el campo institucional, al introducir una agenda sectorial alternativa y
disputar la legitimidad de los mecanismos de gobernanza existentes.
El anuncio de su conformación se dio durante la primera reunión del CABUA en
2017, cuando Roberto Rapela —referente del Movimiento Argentino de Producción
Orgánica (MAPO) y participante activo del comité— presentó oficialmente a la
recientemente creada Cámara Argentina de Bioinsumos (CABIO) e invitó a los
miembros del espacio a participar de sus actividades. Como se mencionó arriba,
ciertos entrevistados explicaron que la decisión de crear la CABIO respondió a la
percepción de que el CABUA estaba adoptando una postura excesivamente
cautelosa respecto a los requisitos para la aprobación de bioinsumos, lo que frenaba
el desarrollo del sector. En ese contexto, un grupo de pequeños y medianos
productores decidió conformar la nueva cámara con el objetivo de dinamizar la
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expansión del mercado, promover estándares de inocuidad adecuados y posicionar a
los bioinsumos como una industria con proyección nacional e internacional.
A este respecto, uno de los entrevistados que asistía a las reuniones del
CABUA y era ajeno a CABIO, mencionó:
Era la misma historia que con los autos eléctricos y todas las nuevas
tecnologías. Los actores tradicionales ponen paños fríos a la nueva
tecnología, patean la escalera hasta que puedan incorporarla. La
existencia, la necesidad de crear esta nueva cámara, surgió de las
discusiones de CABUA y la percepción de sobre exigencias de ciertos
actores vinculados con los insumos sintéticos tradicionales (Fragmento
de entrevista realizada en abril de 2025)
El concepto de patear la escalera remite al de kicking away the Ladder, utilizado por
Ha-Joon Chang (2002), según el cual los actores que alcanzan una posición
dominante dentro de un determinado régimen tienden, una vez consolidados, a
imponer barreras a los nuevos entrantes, negándoles las condiciones que ellos
mismos aprovecharon en fases anteriores. En este caso, la exigencia de aplicar
estrictos estándares regulatorios a los bioinsumos puede interpretarse como un
mecanismo de defensa por parte de los incumbentes del régimen de insumos
sintéticos, orientado a evitar la emergencia de tecnologías alternativas capaces de
disputarles legitimidad y mercado. Esta actitud defensiva, sin embargo, comenzó a
mutar hacia una estrategia de apropiación discursiva del concepto de bioinsumos,
como se evidencia en la siguiente sección.
Por lo pronto, cabe realizar una distinción analítica institucional entre el CABUA
y la CABIO. Mientras que el CABUA se constituyó como un espacio mixto de
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gobernanza interinstitucional, articulando representantes del Estado, el sistema
científico-técnico y cámaras empresarias incumbentes, su diseño y funcionamiento
respondieron a una lógica de regulación y estabilización tecnológica, que no discuta
con el régimen de insumos sintéticos. En cambio, la CABIO puede ser entendida
como un actor sectorial emergente, compuesto inicialmente por pequeños y
medianos productores de bioinsumos, que busca consolidarse como voz
representativa del sector y disputar tanto la definición de estándares y criterios
regulatorios como las agendas de promoción y el sentido mismo de esta categoría.
Desde el enfoque de transiciones sociotécnicas, particularmente el modelo
multinivel propuesto por Geels (2002), la CABIO puede interpretarse como un intento
de conformación de un nicho de innovación: un espacio relativamente protegido en el
que se desarrollan prácticas, normas y tecnologías alternativas al régimen. Frente a
las restricciones impuestas por la lógica de funcionamiento del CABUA, concebido
como una arena de gobernanza interinstitucional en la que también intervienen las
cámaras tradicionales de insumos sintéticos, la CABIO emerge como un actor que
busca desafiar las reglas existentes y promover una dinámica más abierta y favorable
al desarrollo del sector. Esta dinámica coincide con debates recientes sobre
transiciones multisistémicas, que analizan cómo la resistencia de actores
incumbentes y la emergencia de nichos alternativos se co-constituyen en procesos
de reconfiguración sociotécnica (Köhler, y otros, 2019 y Rosenbloom, 2020).
Al posicionarse como impulsora de pautas más ágiles para la aprobación,
producción y comercialización de bioinsumos, la CABIO se configura como un
vehículo organizativo estratégico orientado a la construcción de un régimen
alternativo. En una continuidad institucional que remite al impulso inicial brindado a la
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CABUA, el IICA también respaldó activamente el desarrollo de esta nueva
organización, aportando asistencia logística, técnica y comunicacional. En 2018, por
ejemplo, colaboró en la organización de cuatro talleres a nivel nacional que reunieron
a cerca de mil participantes, consolidando así el posicionamiento público de la
cámara y ampliando su capacidad de incidencia (Agrositio, 2018).
Actualmente, la CABIO agrupa a unas 30 empresas asociadas dedicadas a la
producción de bioinsumos. Entre sus principales logros institucionales se destaca su
colaboración con el SENASA en el desarrollo de estudios regulatorios específicos
para este tipo de productos, lo que le permitió ampliar su capacidad de incidencia
técnica y política. Sin embargo, según uno de los entrevistados, los vínculos con las
otras cámaras han sido, al momento, limitados, incluso, no pudiendo consensuar
criterios comunes respecto del uso de insumos agropecuarios en zonas periurbanas.
Esta ausencia de articulación interinstitucional refleja no solo diferencias
normativas, sino también fricciones estructurales entre actores emergentes que
buscan impulsar nuevas trayectorias tecnológicas y estructuras corporativas
consolidadas que tienden a preservar las lógicas del régimen.
Si bien la CABIO representó un intento de conformar un nicho institucional
alternativo, los actores consolidados del régimen de insumos sintéticos no
permanecieron pasivos ante su emergencia. En lugar de confrontar directamente la
expansión del concepto de bioinsumos, comenzaron a adoptar estrategias de
resignificación discursiva y apropiación selectiva que les permitieran conservar su
centralidad dentro del campo. La siguiente sección explora cómo estas dinámicas se
expresaron, particularmente, en el accionar de las cámaras de insumos tradicionales.
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Cooptación discursiva y resignificación desde el régimen dominante
La expansión del concepto de bioinsumos no solo facilitó la consolidación de nuevos
actores sectoriales, como la CABIO, sino que también generó respuestas adaptativas
por parte de los incumbentes del régimen agroindustrial dominante. En lugar de
oponerse frontalmente a estas transformaciones, las cámaras empresarias tradicionales
comenzaron a desarrollar estrategias de apropiación discursiva, orientadas a integrar
selectivamente esta categoría emergente dentro de sus marcos institucionales, sin
modificar las estructuras regulatorias ni productivas que las sustentan. Este proceso
puede leerse como una forma de cooptación estratégica, mediante la cual los actores
dominantes desactivan el potencial disruptivo de la innovación incorporando elementos
de los nichos sin alterar las jerarquías ni racionalidades del régimen.
Uno de los casos más ilustrativos de esta apropiación discursiva se dio a fines
de 2020, cuando la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE),
históricamente vinculada al régimen de insumos químicos, anunció la creación de
una comisión de productos biológicos. En su comunicado institucional, la cámara
destacó que el 74 % de sus empresas asociadas ya invertía en soluciones biológicas
compatibles con diversos sistemas productivos, incluyendo la agricultura orgánica.
Esta inclusión explícita del término “biológicos” en su narrativa institucional puede
interpretarse como un intento de redefinir los contornos del concepto de bioinsumos
en términos funcionales al régimen.
Más recientemente, CASAFE anunció la realización de un evento específico
sobre productos biológicos en la ciudad de Rosario, previsto para 2025. Según
declaraciones institucionales, el objetivo del encuentro era capacitar a los
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productores en el uso de bioinsumos, enfatizando que “ya no son algo pasajero, sino
que se afianzan a nivel global y Argentina no es la excepción” (Bichos de Campo,
2025).
Esta iniciativa confirma la voluntad de la cámara de consolidar su
posicionamiento en torno a los productos biológicos, integrando el concepto traducido
de bioinsumos dentro de su discurso institucional y proyectándolo hacia el futuro. Sin
embargo, esta adopción no implica una transformación estructural del régimen, sino
que puede interpretarse como parte de una estrategia de domesticación del cambio,
mediante la cual los incumbentes absorben selectivamente elementos del nicho para
reforzar su legitimidad sin modificar sus marcos tecnológicos y normativos.
Este tipo de respuestas por parte de los incumbentes puede ser comprendido,
desde el enfoque multinivel de las transiciones sociotécnicas (Geels, 2002), como
una estrategia de integración adaptativa. En lugar de rechazar abiertamente las
innovaciones emergentes, los actores del régimen tienden a incorporar
selectivamente ciertos elementos, en este caso, el discurso de los bioinsumos,
reproduciendo lo que Geels y Schot (2007) conceptualizan como estrategias de
reconfiguración del régimen. Desde desarrollos más recientes, Markard (2018)
muestra que este tipo de respuestas pueden interpretarse como mecanismos de
defensa sistémica, donde los incumbentes adoptan innovaciones sin alterar las
jerarquías y racionalidades del régimen dominante. Este mecanismo de cooptación
discursiva actúa como un estabilizador sistémico: permite absorber parte de las
presiones del nicho sin modificar las estructuras regulatorias, las jerarquías
tecnológicas ni las racionalidades productivas que definen al régimen dominante.
Estas dinámicas coinciden con la literatura reciente sobre resistencia del régimen,
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que describe cómo los actores incumbentes despliegan estrategias de defensa y
reconfiguración controlada frente a presiones transformadoras, incorporando
selectivamente elementos del nicho para neutralizar su potencial disruptivo (Penna y
Geels, 2015; Turnheim, 2020).
En ese sentido, la disputa por los bioinsumos no se limita a una cuestión de
definiciones técnicas, sino que expresa un conflicto más profundo sobre el contenido,
la direccionalidad y los alcances del cambio en el agro argentino. Sin embargo,
mientras estas tensiones persisten a nivel nacional, el concepto comenzó a adquirir
proyección regional e internacional, habilitando nuevos procesos de resignificación y
circulación que también merecen ser analizados.
Internacionalización y escalamiento de los bioinsumos: el
concepto como activo estratégico
A partir de 2012, con la creación de la Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas
Tecnologías en el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), se
consolidó en Argentina una estrategia orientada a la valorización de la biomasa
mediante productos de base biológica. En ese marco, los bioinsumos emergieron como
la línea más institucionalmente robusta, en parte por el rol activo del Comité Asesor en
Bioinsumos de Uso Agropecuario (CABUA), y en parte por la acción estratégica de
defensores del concepto que articularon demandas internacionales y capacidades
nacionales. Aunque la Subsecretaría también impulsó otras líneas, como biomateriales
y bioplásticos, estas no lograron el mismo nivel de desarrollo institucional ni de apoyos.
Este posicionamiento responde a dinámicas identificadas por la literatura reciente sobre
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sociotécnicas del Estado y la construcción de futuros deseados (sociotechnical
imaginaries), donde las categorías tecnológicas funcionan como instrumentos de
proyección geopolítica e institucional (Jasanoff y Kim, 2015).
La diferenciación temprana permitió a los bioinsumos posicionarse como eje
privilegiado de la agenda nacional de bioeconomía. En 2017, este rumbo se
consolidó con la creación del Programa de Fomento de la Bioeconomía (Resolución
190/2017) y del Programa Bioproducto Argentino (Resolución 235/2017), que
incorporaron explícitamente a los bioinsumos como instrumentos para agregar valor,
reducir la dependencia de insumos fósiles y promover una producción más
sostenible.
El CABUA quedó encargado de evaluar y otorgar el Sello Bioproducto Argentino
para los bioinsumos, reforzando su centralidad tanto en términos técnicos como
políticos. Por otro lado, para aquellos bioproductos que no eran bioinsumos, se creó
en abril de 2018 a la Comisión Asesora Nacional de Biomateriales (COBIOMAT), con
objetivos y accionar coincidentes con los del CABUA. Bajo la órbita de la Dirección
de Biotecnología del MAGyP, esta comisión fue concebida como un espacio técnico
para definir criterios de promoción, evaluar prioridades y emitir recomendaciones
regulatorias sobre biomateriales.
Este proceso de institucionalización sentó las bases para la proyección
internacional de los bioinsumos y de los biomateriales. En la 56ª Reunión Ordinaria
del Subgrupo de Trabajo Nº 8 “Agricultura” del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), realizada del 17 al 19 de noviembre de 2020, la Delegación de
Argentina presentó formalmente la propuesta de creación de una Comisión de
Bioproductos (tema 6, acta Nº 02/2020), la cual fue recibida con agradecimiento por
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las demás Partes. Aunque en un principio se contempló una definición amplia que
incluía también a los biomateriales, fue la categoría de bioinsumos la que logró
captar mayor adhesión entre los Estados Parte (tema 6, acta N.º 01/2021), y la
delegación argentina propuso que el objeto de la potencial comisión se acotara
específicamente a los bioinsumos agropecuarios (Memoria de reunión 1/2021,
Especialistas en Bioinsumos). Pronto el interés de las demás Partes superaría al de
Argentina. Brasil, por ejemplo, propuso avanzar en la elaboración de un marco
normativo común para el registro y comercio de estos productos, así como en la
creación de un sello ambiental regional destinado a otorgar ventajas competitivas a la
producción agropecuaria.
La primera reunión de la Comisión de Bioinsumo de Uso Agropecuario (CBAG),
dentro del subgrupo de trabajo N°8, se realizó el 5 de septiembre de 2022. En ella se
acordó circular una planilla para que cada Estado Parte completara la definición de
“bioinsumo” aplicada en su país, con el objetivo de avanzar hacia una definición
común de “Bioinsumo de Uso Agropecuario”.
Durante las reuniones subsiguientes de la CBAG, las delegaciones
intercambiaron definiciones nacionales, y en marzo de 2023 se alcanzó un consenso
preliminar: se definió como bioinsumo a:
todo aquel insumo de origen biológico, que haya sido producido, derive
o consista en microorganismos/macroorganismos, destinado a ser
utilizado en actividades agropecuarias (MERCOSUR/SGT Nº
8/CBAG/ACTA Nº 01/23, Anexo).
No obstante, persistieron divergencias en torno a la nomenclatura de productos
específicos y las normativas que los regulan, sin lograrse una plena armonización en
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las reuniones posteriores.
Pese a ello, el concepto comenzó a ser adoptado por los otros países Parte. En
Brasil, el Decreto Nº 10.375 de 2020 instituyó el Programa Nacional de Bioinsumos,
seguido por la Ley Nº 15.070 de 2024, que reguló integralmente el sector. En
Uruguay, la Ley Nº 20.212 de 2023 declaró de interés nacional el uso de bioinsumos
en la actividad agropecuaria, y en 2025 se lanzó un plan nacional específico. Estas
iniciativas muestran cómo la definición inicialmente promovida por Argentina logró
proyectarse, aunque de manera fragmentada, en los marcos regulatorios de países
vecinos.
La rápida aceptación y apropiación del concepto de bioinsumos por parte de los
países Parte del MERCOSUR no fue un fenómeno aislado, sino que se apoyó en una
trayectoria de más de un siglo de uso de insumos biológicos, en particular,
inoculantes para la nodulación de soja (D'utra, 1919 y Schiel y Marca, 1942) y
cultivos forrajeros (Montañez y Solari, 2003). También, la conformación de redes de
investigación y eventos científicos, como la Reunión Latinoamericana sobre
Inoculantes para Leguminosas, de primer encuentro en 1964 (Álvarez, 2007), aún
vigente como Reunión Latinoamericana de Rizobiología (RELAR) (Labandera y
Arias, 2011), e iniciativas como las redes BIOFAG y AgroMicroBios (Rodríguez
Navarro, Sanjuán Pinilla, y Lagares, 2018)
En suma, la trayectoria regional de los bioinsumos ilustra cómo una categoría
inicialmente promovida desde el ámbito nacional puede proyectarse como estándar
emergente en espacios de gobernanza regional. Sin embargo, su institucionalización
en el MERCOSUR, lejos de clausurar su definición, ha abierto nuevas arenas de
negociación en torno a su alcance, regulación y sentido. Esta dinámica pone de
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relieve que la performatividad del concepto no se agota en su estabilización
normativa, sino que continúa desplegándose en disputas por su apropiación, su
direccionalidad y sus implicancias para los futuros posibles de la agricultura en
América del Sur.
Discusión
El carácter no neutro de la definición tecnológica
El análisis de la trayectoria del concepto de bioinsumos en Argentina permite evidenciar
que las definiciones tecnológicas no surgen de forma neutral ni descontextualizada. Por
el contrario, responden a disputas entre actores con diferentes intereses, capacidades y
visiones sobre el futuro del agro. La categoría de bioinsumos fue moldeada en su
emergencia por coaliciones promotoras internacionales que ayudaron a distinguirla del
régimen dominante de insumos sintéticos, atribuyéndole propiedades técnicas,
productivas y ambientales que justificaran su promoción mediante políticas públicas. Sin
embargo, esta definición se configuró en contextos de negociación institucional, lo que
dio lugar a ambigüedades funcionales que facilitaron su reapropiación posterior.
Tensiones entre innovación, captura institucional y estabilización
Si bien la creación del CABUA y del PROFOBIO implicó avances hacia la
institucionalización de un régimen alternativo, o por lo menos, de un nicho (Smith y
Raven, 2012), la posterior cooptación discursiva por parte de cámaras empresarias
tradicionales parece revelar una dinámica ambivalente: las innovaciones impulsadas
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desde los márgenes, a veces, son reconocidas en la medida en que puedan ser
subsumidas por el régimen dominante sin alterar sus jerarquías. Frank Geels y Johan
Schot (2007) utilizan el término de reconfiguración, para expresar cómo las
innovaciones generadas por fuera del régimen son incorporadas por este último, como
complementos o, a lo sumo, en reemplazo de ciertos componentes, pero manteniendo
el funcionamiento del régimen con los menores cambios posibles. Como se mencionó,
esta lógica se asemeja al fenómeno de kicking away the ladder, en el que los actores
consolidados establecen condiciones restrictivas para el ingreso de nuevos
competidores, hasta que puedan incorporarlos con los menores cambios posibles en
sus estructuras. En este caso, la estabilización del concepto operó tanto como
habilitador de políticas públicas, como también como instrumento de contención del
cambio estructural.
Bioinsumos como arena de disputa por la sustentabilidad en el agro
Lejos de tratarse de una simple innovación técnica, los bioinsumos se han constituido
en una categoría performativa que articula discursos, políticas y actores en torno a
modelos divergentes de desarrollo agropecuario. En su circulación regional, la categoría
fue adoptada y ha ganado legitimidad en espacios como el MERCOSUR. No obstante,
esta expansión no ha resuelto las tensiones de base: su apropiación se encuentra
atravesada por conflictos sobre su definición, su alcance normativo y su relación con las
trayectorias agroecológicas. En este sentido, los bioinsumos constituyen una arena
privilegiada para analizar los límites y posibilidades de una transición hacia formas más
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sostenibles de producción, en contextos de fuerte inercia institucional y poder
corporativo.
Conclusiones
Este artículo analizó cómo el concepto de bioinsumos fue construido, estabilizado e
institucionalizado en Argentina, y cómo dicha definición logró proyectarse regionalmente
como un estándar emergente dentro del MERCOSUR. A través de un enfoque
sociotécnico, se mostró que lejos de ser una categoría meramente técnica o descriptiva,
los bioinsumos operan como una construcción performativa que reconfigura
instituciones, habilita nuevas trayectorias tecnológicas y delimita horizontes de
intervención estatal.
El proceso de institucionalización del concepto, anclado inicialmente en la
conformación del CABUA y consolidado a través del PROFOBIO, no solo reforzó su
legitimidad normativa, sino que también impulsó una diferenciación simbólica frente a
otras estrategias de valorización de la biomasa, como los biomateriales. Esta
estabilización simbólica habilitó su proyección como instrumento de política exterior
técnica, en tanto la definición argentina fue progresivamente adoptada —aunque con
matices— por otros países del Cono Sur.
Sin embargo, este proceso no estuvo exento de disputas. La apropiación estatal
del concepto, así como su incorporación en marcos regulatorios y programas
nacionales, abrió nuevas arenas de negociación en torno a su alcance,
direccionalidad y contenido normativo. Lejos de clausurarse, la definición de
bioinsumos continúa siendo objeto de controversias que reflejan tensiones entre
diferentes modelos de agricultura, intereses comerciales, enfoques regulatorios y
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perspectivas disímiles sobre la sustentabilidad de la producción agropecuaria.
En este marco, los bioinsumos pueden entenderse como una arena
sociotécnica en disputa, donde convergen visiones contrastantes sobre el futuro del
agro. Su performatividad no radica solamente en su capacidad de nombrar una
tecnología, sino en su potencial para organizar actores, movilizar recursos y
reconfigurar instituciones a escala nacional y regional.
Las políticas públicas pueden, en efecto, desempeñar un rol central en la
configuración de tecnologías emergentes, pero su performatividad encuentra límites
ante procesos de captura institucional y disputas por la direccionalidad de la
innovación. La experiencia argentina con los bioinsumos ofrece así elementos
valiosos para repensar otras transiciones sociotécnicas orientadas a la
sustentabilidad.
De cara al futuro, este trabajo abre una agenda de investigación que merece
ser profundizada. En primer lugar, será relevante examinar las tensiones al interior de
la Comisión de Bioinsumos del MERCOSUR (CBAG), especialmente en torno a
armonización regulatoria, reconocimiento mutuo y estrategias nacionales
divergentes. En segundo lugar, resulta necesario estudiar la expansión reciente, en
especial en Brasil, de biofábricas (Goulet, Poveda y Odjo, 2024), y la posible
expansión de este nuevo paradigma productivo fincas adentro, capaz de modificar
las relaciones sociales agroproductivas. Finalmente, es clave analizar la interacción
entre bioinsumos y enfoques agroecológicos, donde persisten tensiones
conceptuales y prácticas sobre qué tecnologías son consideradas como sustentables
y bajo qué criterios.
En conjunto, los resultados del artículo muestran que las categorías
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tecnológicas no son simples descripciones del mundo, sino ensamblajes
sociotécnicos que delimitan futuros posibles. La experiencia argentina evidencia
cómo la performatividad de los bioinsumos puede abrir espacios de innovación, pero
también generar nuevas formas de cierre institucional y disputa política. Comprender
estos procesos resulta central para orientar transiciones sociotécnicas hacia ciertos
modelos productivos en la región de América Latina.
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Artículo recibido el 3 de julio de 2025
Aprobado para su publicación el 22 de diciembre de 2025
