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DOI: https://doi.org/10.48160/18517072re52.53
La megaminería como fuente de controversias. La
construcción del funcionamiento del enclave
Veladero
Juan Layna
*
Resumen:
Este artículo analiza la construcción de funcionamiento de la mina Veladero, situada
en la región noroeste de San Juan. El estudio se focaliza en momentos específicos
que permiten comprender su desarrollo. Parte de los antecedes del enclave, en la
década de 1990 y principios de la década siguiente y luego aborda tres períodos de
resistencia socio-técnica: el primero dado entre 2003 y 2005, cuando distintos
activistas se opusieron al inicio de la explotación de Veladero; otro período entre
2008 y 2010, al promulgarse la Ley 26.639, conocida como “ley de glaciares” y
finalmente entre finales de 2015 y principios de 2016, al abrirse una controversia
socio-técnica en torno a un derrame de cianuro sobre ríos de la zona.
Las preguntas fundamentales de este escrito son: ¿Cómo se despliega y
construye el funcionamiento de la tecnología minera por lixiviación con cianuro en el
enclave Veladero? ¿Qué conflictos y procesos de resistencias se presentaron en su
desarrollo y de qué modo los encaró la alianza que promueve tal tecnología?
Respecto de ello, se analizarán alianzas socio técnicas permitiendo abordar las
*
Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad (Universidad Maimónides, Conicet), Universidad de
Buenos Aires
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dinámicas socio-técnicas y dar cuenta de modos de resolución de problemas, en el
análisis de estilos socio-técnicos.
Este trabajo se basa en el análisis de informes técnicos de calidad de aguas,
leyes nacionales, resoluciones judiciales, informes estadísticos y artículos de prensa
gráfica de medios provinciales y nacionales. También se respalda en entrevistas
tanto abiertas como semiestructuradas realizadas a distintos actores relevantes en la
provincia de San Juan.
Palabras clave
MEGAMINERÍA, FUNCIONAMIENTO DE VELADERO, RESISTENCIA SOCIO-TÉCNICA, ALIANZA
SOCIO-TÉCNICAS, CONTROVERSIAS, ESTILO SOCIO-TÉCNICO.
Introducción
Analizaremos aquí aspectos relevantes en la construcción de funcionamiento de la
mina Veladero,
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situada en la región noroeste de San Juan. El recorte temporal de
este trabajo abarca distintas etapas de este emprendimiento de tecnología
“megaminera”. La primera es el proceso relativo a la preparación de la explotación,
en la década de 1990 y principios de la década siguiente. Las siguientes son tres
procesos de resistencia socio-técnica en contra del enclave minero ocurridos en
períodos específicos: uno en los años 2003-2005, cuando distintos activistas se
opusieron al inicio de la explotación; el siguiente en el período 2008-2010, al
1
Se trata de una mina explotada mediante la técnica de lixiviación por cianuro y operada desde 2003
por Barrick Gold, empresa de origen canadiense con inversiones en diversos países del mundo. En
Argentina se opera bajo la denominación de Minera Argentina Gold SA (MAGSA).
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promulgarse la Ley Nº 26.639, conocida como “ley de glaciares” y el último durante
2015-2016, al abrirse una controversia socio-técnica en torno a un derrame de
cianuro sobre ríos de la zona.
Consideramos que este análisis es relevante dada la creciente importancia de
la tecnología megaminera por lixiviación con cianuro en nuestro país. También
porque esta actividad tiene escaso tratamiento en planes de ciencia y tecnología
nacionales y ha sido poco estudiada desde enfoques relativos al campo CTS.
Este estudio tuvo en consideración ciertos rasgos específicos del objeto a
analizar. Uno relevante es que Veladero es un sistema de enclave (Cardoso y
Faletto, 2003) cuyos productos no son destinados a la región o país donde se radica.
Dado que el oro producido está casi absolutamente destinado al mercado mundial
(Basualdo et al, 2013: 46), ello implica adecuar los procesos socio-técnicos a este y
no a la provincia de San Juan. Por ello, la empresa inversora tuvo como objetivo
transferir el artefacto, intentando evitar toda adecuación socio-técnica (Picabea y
Thomas, 2011). Esto implicará que la construcción del funcionamiento de la mina
sea, en aspectos sustanciales, un proceso eminentemente político, dado que las
transformaciones de adaptación del entorno al artefacto serán, entre otras,
transformaciones institucionales, legales y de movilización de la opinión pública,
ejercidas centralmente por el gobierno provincial. Por ello, sin asumir que se trata de
un proceso que implica dimensiones económicas, técnicas y simbólicas, este trabajo
se focalizará primordialmente en las dimensiones políticas. Es decir que no nos
situaremos dentro de la mina, sino en las relaciones de co-construcción de la misma
con diversos actores, artefactos e instituciones en la provincia de San Juan y a nivel
nacional.
En este sentido, en los primeros apartados abordaremos el conjunto de
cambios políticos y cognitivos que conforman aspectos sustanciales de la trayectoria
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socio-técnica (Thomas, 2008) de nuestro objeto de análisis. Retomamos este
concepto diacrónico porque nos permite abordar el proceso de co-construcción de
tecnologías, actores, instituciones, relaciones problema-solución y racionalidades
que es elemental para comprender la construcción del funcionamiento de esta
tecnología.
Por otro lado, no desconsideramos que la eminente politicidad de la tecnología
estudiada implica otro aspecto: una cierta conflictividad. Aún a pesar del carácter
transferido de esta tecnología (que impone la adecuación del medio al artefacto),
este tipo de procesos no es reductible a las iniciativas de sujetos monolíticos. Por el
contrario, veremos que aún en estas condiciones de pronunciada dominación y
arrollamiento de las particularidades locales se dan procesos de “resistencia socio-
técnica” (Thomas et al, 2016). Este concepto nos permite apreciar que los conflictos
en torno a Veladero exceden la mera construcción del no-funcionamiento de
tecnologías desarrolladas por grupos dominantes, sino que implican actos de
identificación y el desarrollo de organizaciones y posiciones más amplias mediante la
constitución de alianzas socio-técnicas contrahegemónicas (Thomas et al, 2016:
187, 198).
Derivado de lo anterior, otro concepto utilizado es el de “alianza socio-técnica”.
Ninguna tecnología, en tanto sistema complejo, puede ser entendida sin dar cuenta
de la articulación de una diversidad de actores, artefactos, leyes, ideologías,
conocimientos e instituciones, recursos económicos, etc. que se desenvuelven
mediante alianzas socio-técnicas (Thomas et al, 2016: 187). Este concepto permite,
a su vez, poner de relieve el carácter político del proceso, porque los alineamientos
que son constitutivos de la tecnología en cuestión son, entre sus múltiples aspectos,
procesos de dominación.
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Por su parte, ello implica la consideración de la ideología, entendida en un
sentido amplio, como aspectos de la existencia humana en que los diferentes
individuos viven conscientemente en un mundo que conciben de modo diverso
(Therborn, 1987: 1-2). Esta noción de ideología incluye tanto a las nociones de la
experiencia cotidiana, como a los sistemas de pensamiento institucionalizados y no
es concebida meramente como discurso, sino también como las intervenciones
concretas que constituyen la subjetividad de los propios actores. Esta forma
unificada de concebir discurso y práctica permitirá abordar los aspectos cognitivos
del proceso sin perder de vista la materialidad y las relaciones constitutivas de los
mismos.
Como dijimos, el tratamiento de las trayectorias socio-técnicas es un paso
ineludible a la hora de entender la construcción del funcionamiento de Veladero. Sin
embargo, reducirse a dar cuenta de las mismas, no nos permitiría trascender su
aspecto fenoménico. Por ello, en un apartado posterior abordaremos la dinámica
socio-técnica (Thomas, 2008), concepto sincrónico que permite dar cuenta de los
patrones de interacción entre actores, sus formas de constitución ideológica, las
tecnologías, instituciones, políticas y racionalidades.
Por otro lado, dado que la tecnología analizada llega a un período de
estabilización y que ello se da mediante una diversidad de instancias de problema-
solución, en el siguiente apartado abordaremos el estilo socio-técnico (Thomas,
2008) de la “Alianza Promotora de Veladero” (en adelante AV). Este concepto nos
permitirá entender el carácter de las respuestas ante las situaciones concretas en la
trayectoria analizada.
En base a lo anterior, si tuviéramos que definir el problema y los interrogantes
que abordaremos, formularíamos las siguientes preguntas: ¿Cómo se despliega y
construye el funcionamiento de la tecnología minera por lixiviación con cianuro en
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una explotación por enclave como es Veladero? ¿Qué conflictos y procesos de
resistencia socio-técnica se presentaron en su desarrollo y de qué modo los afrontó
la alianza que promueve tal tecnología? ¿Bajo qué asociaciones se dio dicho
proceso, qué actores intervinieron en el mismo y qué alineamientos y se dieron?
¿Qué dinámicas y qué estilos socio-técnicos son apreciables? ¿Qué aspectos
ideológicos están implicados?
Finalmente, respecto del plano metodológico, este trabajo se fundamenta en el
análisis de documentos tales como informes técnicos de calidad de aguas, leyes
nacionales, resoluciones judiciales, informes estadísticos y artículos de prensa
gráfica de medios provinciales y nacionales. Asimismo, se basa en entrevistas tanto
abiertas como semiestructuradas realizadas a distintos actores relevantes en la
provincia de San Juan.
Antecedentes y construcción del enclave minero Veladero
A mediados de la década de 1990, la empresa Barrick Gold, comenzó a preparar,
mediante distintas iniciativas y alianzas, la explotación de la mina Veladero. En su
aspecto más básico, la alianza promotora del funcionamiento de Veladero (en
adelante AV) está habilitada en un vasto entramado de reformas legales, impulsadas
entre otros por el Banco Mundial (BM). Estas reformas expresan una reorientación
de las políticas nacionales en torno a la actividad megaminera que tenía en estos
años un notable desplazamiento desde países centrales hacia países de la periferia
(Gutman, 2013; Díaz Gavier, 2012).
2
Así se tejía una asociación entre gobiernos de
países periféricos, empresas megamineras transnacionales y organismos
2
Este desplazamiento se dio por la combinación de al menos tres procesos: el agotamiento de
minerales en alta ley en países centrales, el incremento de restricciones y controles en esos países y
la disminución de restricciones e impuestos en países periféricos.
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internacionales de crédito como el BM y el Banco Interamericano de desarrollo (BID)
(Gutman, 2013:27, 37).
El contenido de dichos vínculos marcaba una dependencia creciente de los
Estados Nacionales periféricos respecto de este tipo de capitales, lo cual se
enmarca en el proceso de reprimarización en países de la región y de la Argentina
(Teubal y Palmisano, 2015). En el caso argentino, el Poder Ejecutivo veía en las
inversiones de este tipo de actividad un potencial desarrollo estratégico en la medida
en que permitía el ingreso de divisas mediante ingresos por exportación, además de
la creación de puestos de trabajo (Secretaria de Minería, 2004).
Esta alianza implicaría grandes modificaciones legales.
3
Se trata de un
entramado de reformas que, más allá de cambios particulares, conformó una
estructura de relaciones en cuanto a la explotación megaminera que se mantiene
hasta hoy (Díaz Gavier, 2012:6).
Resumidamente, podemos decir que estas reformas significaron la
flexibilización en normas de control medioambiental, el aumento de la extensión de
explotaciones, diversos beneficios impositivos y descuentos que incrementaban las
ganancias de las empresas a costa de ingresos del Estado Nacional, mayores
garantías de estabilidad legal en los contratos y subsunción del arbitraje del Estado
a organismos internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
3
En esta etapa, se promulgaron las siguientes normativas relativas a (mega)minería: Ley 21.382, de
“inversiones extranjeras”; Ley 24.196, “de inversiones mineras”; Ley 24.224 de “reordenamiento
minero”; Ley 24.228, denominada “Acuerdo federal minero”; Ley 24.402 que afecta los impuestos al
valor agregado; Ley 24.498, de “modificación del código de minería”; Ley 24.585, de nueva
modificación del “código de minería”; Ley 25.161, de actividad minera, que modifica la ley 24.196.
También se deben considerar el tratado sobre integración y complementación minera en Ley 25.243:
la Ley 25.429, que también modifica la ley 24196. A ellas se deben sumar leyes de etapas previas
como la Ley 22.259, de 1980.
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Relativas a Inversiones (CIADI). También significaron la prohibición de explotar
directamente los recursos naturales al Estado Nacional y Estados provinciales, lo
cual redundó en una privatización obligada de la actividad.
Otra reforma de sumo interés para nuestro caso es la plasmada en el artículo
124 de la Constitución Nacional (CN), que asignaba el dominio originario sobre los
recursos naturales a cada provincia (Ley 24.430, 1994). Esto, entre otras cuestiones,
condujo a que la actividad megaminera se desarrolle primordialmente mediante
alianzas entre Estados provinciales y empresas transnacionales (Svampa y Viale,
2014). Tal es el caso de las provincias de San Juan y Catamarca y La Rioja, entre
otras.
4
Por consiguiente, este entramado legal, que es expresión de una serie de
alianzas precedentes, da centralidad a la relación entre el Gobierno de San Juan y
Barrick en la AV.
Para garantizar su funcionamiento, Veladero debió resolver las siguientes
cuestiones: (i) Conseguir la autorización legal para mantener control y “usufructo”
sobre el territorio del enclave, (ii) conseguir autorización para realizar distintos
procesos como voladuras y lixiviación (que implican el manejo de sustancias
químicas con riesgos potenciales, como cianuro) y usar montos de 110 lts. de agua
por segundo en una zona de escasez hídrica. (iii) Garantizar una red de proveedores
de materias primas, logística y transporte en rubros y productos específicos, algunos
inexistentes o escasamente desarrollados hasta ese entonces en la provincia. (iv)
Generar la afluencia de una masa de trabajadores para la construcción y operación
del enclave. (v) También debían lograr aceptación en la opinión pública,
4
Comparado a otras provincias argentinas, se trata de Estados carentes de desarrollo industrial y
también de actividades primarias agrícolas de alta competitividad internacional. Además son Estados
con escasos recursos técnicos para controlar los procesos de producción minera (Gutman, 2013: 59).
Esto permite apreciar el carácter altamente dependiente de los Estados provinciales respecto de
empresas megamineras transnacionales.
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especialmente entre la población de la región norte de la provincia, donde se haría la
explotación.
Sin ahondar en pormenores procedimentales, la resolución de (i) y (ii) se
explica, en gran medida, en la relación dependiente de la dirección del Estado
provincial de San Juan y la empresa inversora en megaminería. La orientación del
gobierno provincial en este sentido puede ser apreciada, entre otras evidencias, en
su declaración de que la (mega)minería es “política de Estado” (Revista Vial,
5/11/2010). Así, mediante el alineamiento de su bloque parlamentario provincial, se
garantizó las normativas que resolvían los puntos (i) y (ii).
En cuanto al punto (iii), la demanda de servicios y logística por parte de
Veladero, lejos de ser un problema, permitió robustecer su alianza alineando a una
vasta red de corporaciones profesionales y empresariales, entre las cuales se
destacan las filiales provinciales de la Cámara Argentina de Servicios Mineros
(CASEMI),
5
6
el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM)
7
y la Cámara
Argentina de Empresarios de minas (CAEM).
8
Se trata de organizaciones que se
tornaron férreas aliadas de las inversiones megamineras en general y de Veladero
5
Actualmente denominada Cámara Argentina de Proveedores y Prestadores Mineros (CAPMIN) que
nuclea a empresas que proveen de diversos bienes y servicios a Veladero.
https://www.capmin.com.ar/
6
El hecho de que Veladero genere demanda de estos servicios podría dar lugar a la objeción de que,
en términos estrictos, no se trata de un enclave. Sin embargo, esta integración sólo se da “hacia
atrás” porque toda instancia posterior a la producción de Veladero se destina el mercado mundial
(Machado, Svampa et al, 2011:21). Además la relación de tales empresas no se da modo reticular
sino altamente lineal y dependiente, teniendo a las empresas megamineras como polo exclusivo de
desarrollo.
7
Nuclea a ingenieros y otras especialidades en provisión de servicios profesionales a Veladero.
8
Representa a empresas grandes, medianas y pequeñas a nivel internacional y a empresas
pequeñas y medianas a nivel nacional https://www.caem.com.ar/
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en particular. Ello puede deberse a que la actividad megaminera ofrecía, en este
aspecto, una serie de vínculos de contratación y negocios con demanda garantizada
pero a la vez altamente dependientes de la misma (Machado et al, 2011:21).
Respecto de (iv), cabe decir que la afluencia de una masa de trabajadores
hacia Veladero no era una gran dificultad si se considera que la región norte de San
Juan era una zona con un alto nivel de desocupación. En el caso de Jáchal e Iglesia,
principales ciudades de la zona, este índice era aún más alto que el promedio de la
Provincia de San Juan. Según el Censo 2001 (momento directamente anterior a la
construcción de Veladero), la provincia de San Juan tenía una tasa de desocupación
del 28,90%; Jáchal una tasa de desocupación del 31.99% e Iglesia del 23,94%
(Indec, 2001).
A este factor deben sumarse los montos salariales de este tipo de enclaves
megamineros. Si atendemos a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica
empresarial (OEDE) dependiente del ministerio de Trabajo, podemos ver que el
salario promedio en la rama de extracción minera metalífera era en 2005 de $4.422 y
en 2006 de $4.532 frente a promedios provinciales de $1148 y 1363$
respectivamente. Es decir, que el ingreso de un asalariado minero era
aproximadamente cuatro veces mayor que el ingreso promedio provincial (OEDE,
2017).
Estas condiciones contribuían al alineamiento en la AV tanto a trabajadores/as
particulares como al propio sindicato que los nucleaba, la Asociación Obrera Minera
Argentina (AOMA). Con ello se hacía más fácil imponer procesos de trabajo en
condiciones climáticas extremas, de exposición a diversas sustancias químicas, con
alto riesgo por potenciales accidentes y con períodos de trabajo que implicaban
prolongadas faltas de contacto del trabajador con su familia (Moscheni, 2018:131-
132). Si se lo considera respecto de potenciales conflictos colectivos, este
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alineamiento puede adquirir una defensa más explícita o simplemente una posición
de neutralidad y silencio que impliquen no adherir a posiciones de resistencia en
contra de Veladero.
9
Respecto de (v), la empresa desarrolló iniciativas en distintos niveles. Por un
lado, desplegó un amplio abanico de medidas e intervenciones públicas en aras de
promover la “minería”, a tal punto, que algunos autores (Boccardi et al, 2008)
consideran a San Juan como un “caso testigo” en propaganda megaminera por parte
del gobierno. Estos modos de comunicación son caracterizados como
“monolingüisticos” en la medida en que obturan perspectivas críticas de esta
actividad en términos socio-ambientales (Boccardi et al, 2008:63). Las enunciaciones
más frecuentas con las que se presenta a Veladero son como “actividad sostenible”
y como “generadora de empleo” y “prosperidad”.
También las corporaciones profesionales y sindicales alineadas fueron
promotoras sociales de Veladero. Si se atiende al ámbito laboral, no se puede
descartar, que las expectativas de empleo y prosperidad por parte de ciertas capas
poblacionales fue otro factor que contribuyó a la recepción y amplificación de los
mensajes favorables a Veladero. Ello es totalmente esperable dada la dependencia
de tales actores respecto del enclave: el comienzo de funciones de la mina constituía
su propia actividad.
Además, Barrick emprendió distintas medidas de vinculación directa con la
población como la donación de ambulancias y piezas de instrumental médico;
9
Hemos apreciado que, en ciertas entrevistas, algunos empleados mineros no querían dar
declaraciones para no poner en riesgo su fuente laboral. Esto también se registra en distintos casos
de despidos y persecución laboral a la hora de divulgar información relevante para Veladero (La
Izquierda Diario, 23/09/2015; La Retaguardia, 19/09/2015).
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campañas de salud alimentaria, odontológica y ginecológica; y cursos de
capacitación informática (Iezzi, 2011:59-60).
Por último, se registra una posición favorable a la actividad megaminera entre
los principales medios de comunicación de la provincia que es visible en hechos de
censura (Layna, 2018: 59-60).
10
El rol de los medios es de suma importancia en este
proceso dado que cumplen un doble carácter, por un lado, son actores intervinientes
y, por el otro, son los habilitantes del proceso de tematización pública de distintos
hechos y posiciones y, en este sentido, una muy profunda instancia de estabilización
por su carácter de inscriptores (Latour, 1999).
Gráfico 1. Alianza socio-técnica promotora de Veladero (1990-2008)
Fuente: Elaboración propia
Hasta aquí hemos tratado los alineamientos y posiciones constitutivas que dieron
lugar a la preparación y comienzo de funciones de Veladero. En los siguientes
10
Un caso de censura, entre otros, es de la revista dominical del Diario de Cuyo, llamada “Rumbos”,
cuya edición del 7/06/2009 fue retirada de circulación por tener un informe crítico sobre
“megaminería”.
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apartados abordaremos tres procesos potencialmente disruptivos para el
funcionamiento de la mina. Estos nos permitirán apreciar pormenores que hacen a la
trayectoria socio-técnica del enclave.
La superación de las primeras resistencias a la explotación
de Veladero
Durante los primeros años de funcionamiento de Veladero se dio un proceso de
incipiente resistencia socio-técnica desplegado por un conjunto de activistas
residentes en Jáchal, que a su vez muestra las primeras instancias de una “Alianza
Opositora a la explotación de Veladero” (en adelante, AOV). Algunas/os en este
grupo tiempo después serían miembros y referentes de la “Asamblea de Jáchal No
Se Toca” (AJNST). Así, una entrevistada, activista en ese entonces y actual
integrante de la AJNST, indica:
[…] En 2001 o 2002 la empresa comienza a hacer un trabajo para adquirir la licencia social. Ahí
uno empieza a preguntarse […] “¿Qué va a implicar la minería? ¿Qué va a implicar la
lixiviación? ¿Qué va a implicar la cianuración?” conceptos que eran para nosotros totalmente
ajenos. Entonces, ahí uno de manera personal comenzó a investigar… Ahí ya comenzaron a
reunirse personas en distintos ámbitos. Pocos, muy pocos, pero empieza a reunirse el primer
congreso en defensa de la tierra y el agua. […] Uno aspiró a traer al mejor profesional, el que
nos iba a dar claridad, el que mayor representatividad social tenía […]. Se gestiona para que
venga el biólogo Raúl Montenegro que es premio nobel alternativo. […] Inclusive llegó gente de
Esquel, específicamente Rodríguez Pardo, que lo recuerdo pasando por acá por la plaza,
parado en la municipalidad gritando: “vecinos, por favor, la minería destruye los pueblos, la
minería contaminante…les van a plantear que la minería les va a dar trabajo, pero no es
así…Esquel pudo sacar…”.[…] Eso fue en 2004. […] Nosotros lo escuchamos. Ahí ya
comenzaron a reunirse personas en distintos ámbitos. […] a Raúl Montenegro lo conocimos por
la asamblea de Esquel […] (Referente AJNST 2 (mujer), Jáchal, 27/10/2017).
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Este grupo, entonces, se caracteriza por su organización político-cognitiva en base a
su auto-instrucción, pero también en vinculación con agrupamientos de la Unión de
Asambleas Ciudadanas (UAC) como Esquel, y con referentes del ámbito científico y
profesional que también tenían una reconocida trayectoria en el activismo ambiental
y un carácter político independiente del Poder Ejecutivo provincial y nacional.
Gráfico 2. Alianza socio-técnica opositora a Veladero (2003-2008)
Fuente: Elaboración propia
En su desarrollo organizativo, este conjunto de activistas comenzó a reclamar ante
los organismos provinciales por distintos motivos, entre ellos, las sospechas de
daños ambientales por derrames y filtraciones. Algunos activistas de este grupo
cursaron pedidos de información a distintas instituciones provinciales: Obras
Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), la Subsecretaría de Medioambiente, el
Centro Regional de Aguas Subterráneas del Instituto Nacional del Agua- (INACRAS),
el departamento de Hidráulica y el Centro de Investigación para la Prevención de la
Contaminación Ambiental Minero – Industrial (CIPCAMI), ligado a la Policía Minera,
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organismo de control regular de la actividad minera, encargado de visitar y auditar
los procesos operativos de cada enclave.
Visto de conjunto, se aprecia una falta de respuesta por parte del Gobierno de
San Juan a las demandas de estudios y otra información relevante (Layna, 2018: 24-
25). Entre otras cosas ello es visible porque hasta el presente la AJNST no pudo
acceder a varios de los documentos reclamados desde aquellos tiempos y que
según normativa provincial son de libre acceso. Esta orientación por parte del Poder
Ejecutivo se reeditaría en etapas posteriores.
Si bien durante este período no se registran conflictos socialmente
tematizados, ya era posible apreciar los reclamos y demandas de este grupo de
activistas sin respuesta ante el Gobierno de San Juan. Vale referir algunos de estos
reclamos porque dan cuenta de la configuración emergente de orientaciones y de
posiciones de los actores: (a) Que los Estudios De Impacto Ambiental (EIA)
necesarios para establecer la viabilidad de operaciones de Veladero fueron
aprobados por el Poder Ejecutivo, pero no publicados. (b) Que la mina comenzó a
funcionar sin audiencia pública, lo cual es contrario al art. 20 de la Ley 25.675 (Ley
General de Ambiente –LGA-) (c) Que la empresa careció de seguro de riesgo
ambiental (obligatorio según art. 22 de Ley 25.675) desde el inicio de funciones y al
menos durante los años posteriores. (d) Que hubo demandas judiciales por
infracción de las leyes 25.688 (“Ley de Gestión Ambiental de Aguas”,) y 24051 (“de
Residuos Peligrosos”), dado que el valle de Lixiviación se asentaba sobre una
enorme superficie de ambiente periglacial. Esta denuncia tampoco tuvo respuesta
por parte del Poder Judicial, ni tratamiento por el Poder Ejecutivo o Legislativo.
Si atendemos a estos reclamos es apreciable, por omisión, el alineamiento de
al menos parte del poder judicial provincial a la AV dirigida por el Poder Ejecutivo
sanjuanino. Ello se basa en que no sólo se registran violaciones a normativas
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provinciales, sino que además ellas suscitaron denuncias judiciales por parte de este
conjunto de activistas sin respuestas por parte de la Justicia.
Si se considera el cuadro general de este período, se aprecia una estabilidad.
Ello se percibe en que el funcionamiento de Veladero se mantuvo sin afección
alguna. También en el hecho de que la AV atravesó la etapa de cuestionamientos
casi sin modificaciones. Ningún actor previamente descripto abandonó la alianza y
además en esta etapa se hacen explícitos los alineamientos de organismos técnicos
regulatorios y del Poder Judicial. Finalmente, la estabilidad también se expresa en
que el proceso ni siquiera llegó a desarrollarse como un conflicto abierto o
socialmente tematizado.
Consideramos que los principales aspectos que permiten comprender este
resultado son los siguientes: En primer lugar, se debe considerar el sólido
funcionamiento de la AV, visible en el despliegue múltiple de actores y recursos en el
período ya referidos en el apartado anterior. La movilización del conjunto de actores
de la alianza fue un elemento de peso considerable a la hora de aislar el grupo de
activistas jachalleros respecto de de distintas capas poblaciones. En segundo lugar,
la omisión de organismos regulatorios del Estado provincial a las demandas de este
grupo de activistas les impidió acceder a información técnica de importancia crucial a
la hora de posicionarse en el plano político y judicial. Esto se traducía en la
imposibilidad de validar sus reclamos y planteos socio-cognitivos ante estos actores.
En tercer lugar, lo anterior se combinaba con el incipiente desarrollo
organizativo y cognitivo de este conjunto de activistas. Si bien superó varios
obstáculos iniciales respecto de la experticia científica, aún no llegaba a plasmarse
en la elaboración de informes propios. Por lo tanto, no accedía a información técnica
provista por organismos de gobierno, ni podía elaborar estudios bajo sus criterios de
indagación.
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En cuarto lugar, todo ello se combina con la ausencia de alternativas
productivas a Veladero. Si el cuadro productivo de la región era ya crítico en la
década previa a la instalación de la mina, la trayectoria de la mina profundiza la
inviabilidad de actividades alternativas con el correr del tiempo (Moscheni.
2019:113). Ello pareciera darse, entre otras cosas, por el agotamiento y/o afección
de recursos naturales como el agua, vitales para emprendimientos alternativos
(Iezzi, 2011: 98). Esto limitaba las formas de resistencia socio-técnica porque, a
pesar de que este conjunto de activistas también se enfocaba en los aspectos
político-económicos de Veladero; la progresiva anulación de formas productivas
alternativas a la megaminería obstruía parcialmente la vinculación de sus planteos
sociocognitivos con formas productivas estructurantes de formas de metabolismo
social (Marx, 2006 [1867])
11
adecuados a sus posiciones.
En quinto lugar, debemos considerar que la propia tecnología corporizada en
Veladero no permitía resignificaciones tecnológicas (Thomas, Versino, Lalouf, 2008)
de ningún tipo, impidiendo cualquier intervención apuntada a reformar y adaptar el
funcionamiento de Veladero. Esto se debe, por un lado, a la concentración de capital
requerida para movilizar la tecnología (Gutman, 2013, Díaz Gavier, 2012). Además,
porque también se trata de una tecnología excluyente, dado su difícil manejo
técnico. Por último, porque la realización de su producto es incompatible con un
modo de metabolismo socio-natural equilibrado y por requerir una sofisticada red de
relaciones internacionales (Chávez, 2015; Osorio, 2015) de las que cualquier
individuo o agrupamiento local carece.
11
Debemos concebirlo como modo específico de intercambio de materia y energía entre ser humano
socialmente organizado y naturaleza, estructurado en torno a un modo de organización social del
trabajo. En este sentido, el metabolismo social presupone un modo de organización social específica.
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18
El tratamiento de esta etapa permite dar cuenta de las divergencias de ambas
alianzas en el plano ideológico y cognitivo en torno a elementos centrales: el uso del
agua y de la tierra. En el caso de la AV, se subsume ambos elementos al proceso de
extracción y valorización en el mercado mundial sin consideración de un equilibrio
medioambiental. Junto a ello se genera una perspectiva fragmentaria sobre los
recursos naturales. En cambio, en la AOV, estos elementos no aparecen
subsumidos a lógicas de valorización extractiva y por lo tanto no son concebidos de
modo fragmentario sino en torno a un equilibrio medioambiental conjunto que habilite
su resguardo a nivel transgeneracional. Es válido remarcar que esta concepción
tiene raíces tanto en la actividad de difusión de activistas medioambientales (algunos
de ellos profesionales o técnicos), pero también emerge de las propias prácticas
agrícolas y de ganadería que son tradicionales en la región.
El blindaje judicial ante la ley de Glaciares
A finales del año 2010 apreciamos otro momento potencialmente disruptivo para el
funcionamiento de la mina Veladero. Se dio a partir del 30/09/2010 con la
aprobación de la Ley 26.639 conocida como “Ley de Glaciares”. Allí se establecen
los presupuestos mínimos de protección de glaciares y del ambiente periglacial. En
el artículo 1º se determina su preservación al considerar los glaciares y periglaciares
reservas estratégicas de recursos hídricos para consumo humano; para agricultura,
para cuidado de la biodiversidad y para recarga de cuencas hidrográficas, entre
otras. Además, considera a los glaciares como bienes de carácter público.
En el artículo 3º ordena realizar un “Inventario Nacional de Glaciares” apuntado
a especificar y describir todos los glaciares y geoformas periglaciales que funcionen
como reservas hídricas en pos de la protección, control y monitoreo de los mismos.
En el artículo 6º se prohíbe, entre otras, a la actividad minera, dado que es una de
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19
las que puede afectar la condición natural y funciones de los glaciares o su
destrucción o implicar interferencias en el avance de los mismos. En el artículo 11º
se definen las distintas sanciones posibles, que pueden ir de multas hasta el cese
definitivo de la actividad. Finalmente, en el Art. 17º establece bajo el principio
precautorio que no se autorizará la realización de actividades de potencial riesgo
hasta tanto no se haya completado el Inventario de glaciares y estén definidos los
sistemas a proteger.
Esta ley significaba, en lo inmediato, la suspensión de las actividades de
Veladero y, junto a ello, el potencial cierre definitivo de la mina, ubicada en un
ámbito periglacial (Machado et al, 2011). Sin embargo, para entender los
alineamientos y alianzas implicados en la disputa abierta por la promulgación de esta
normativa, debemos remontarnos años atrás en el tiempo. Concretamente, al
10/11/2008, cuando una ley similar había sido vetada por la entonces Presidente de
la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
En los considerandos del decreto 1837/08
12
que vetaba aquella ley (Nº 26.418),
indicaba entre otras cosas que “(…) Gobernadores de la zona cordillerana han
manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada (…)”
(Machado, et al, 2011: 143). Esto expresaba la asociación del poder ejecutivo con un
grupo de gobernadores promotores de proyectos megamineros en sus respectivas
provincias. Es decir, se trataba de un bloque político con alcance nacional y
extendido, al menos, a las provincias donde los emprendimientos megamineros se
12
Un indicio del peso de la empresa Barrick Gold en dicho veto presidencial es la denominación de
“veto Barrick” por parte del presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Enrique
Martínez, en un comunicado público. Dicho veto se analiza en un informe llamado “La punta del
iceberg” (Diario Chilecito, 2/12/2008)
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20
encontraban en fase de explotación o próxima a la misma. Entre ellos, tenía un rol
destacado el propio gobernador de San Juan, José Luis Gioja.
El 10/12/2008 el diputado Miguel Bonasso presentó un proyecto de ley similar a
la vetada un mes antes. Este proyecto, luego de casi dos años de tratamientos,
debates y modificaciones se terminaría aprobando como la Ley 26.639, actualmente
vigente. Debemos atender al proceso dado desde el 10/12/2008 hasta el
30/09/2010, cuando fue aprobada, para hacer algunas apreciaciones relevantes para
nuestro análisis.
En primer lugar, vemos que, en su carácter de proyecto de ley, fue resistida y/o
ignorada en ocasiones por diputados y senadores oficialistas.
13
Pero una cuestión
más importante es que durante este lapso, la presidente de la Nación tuvo dos
encuentros con el presidente de Barrick Gold, Peter Munk. En ambas ocasiones
estuvo presente José L. Gioja. En una de ellas, el 26/06/2010, dada en el marco del
G-20, también participaron otros gobernadores de provincias denominadas
“cordilleranas”, en cuyo territorio se daban explotaciones o proyecciones de
emprendimientos megamineros (Salta, La Rioja, Jujuy). Poco tiempo después, el
7/07/2010, un grupo de gobernadores que incluía a San Juan y a otras provincias
cordilleranas, emitieron una declaración conjunta en donde promovían sancionar
leyes provinciales para la protección de los glaciares y realizar inventarios de
glaciares particulares por cada provincia. Expresaban, entre otras cosas, que “(…)
resulta inadmisible establecer normas de presupuestos mínimos fijando la
prohibición para el desarrollo de algunas actividades en particular” (Gobierno de
Salta, 7/7/2010) en referencia a la megaminería. La subsunción de los recursos
13
El 14/07/2010 la totalidad de diputados del Frente para la Victoria (FPV) rechazó este proyecto y
dejó sin quórum la sesión junto a algunos diputados del PRO (Machado et al, 2011:143).
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naturales a los procesos de circulación mercantil internacional es clara en este
punto.
Tan sólo una semana después de esta declaración, el 14/07/2010, la Provincia
de San Juan aprobó su propia ley de protección de glaciares, 8.144, considerada por
algunos analistas, como menos estricta y menos protectora de glaciares que la Ley
Nacional (Machado et al, 2011: 142). La aprobación de esta ley es importante si se
considera la orientación de estas provincias de tener su propio tratamiento
regulatorio sobre el cuidado de glaciares y de la actividad megaminera. Esta unidad
de gobernadores cordilleranos expresaba la orientación de particularizar sus
políticas respecto de los mismos.
Vista estas cuestiones, debemos reconsiderar el carácter del veto del poder
ejecutivo a la ley de glaciares 26.418 aprobada en 2008. Independientemente de
que haya sido efectivamente planificado de ese modo o no, este veto permitió, entre
otras cosas, ganar tiempo y margen de maniobra a este grupo de gobernadores para
avanzar en sus respectivas legislaciones locales y así tener bases legales
provinciales desde donde aminorar los alcances de la Ley 26.639, que sería
aprobada el 29/09/2010.
El 29/09/2010 se aprueba la Ley 26.639 (“de glaciares”) con el voto afirmativo
de 7 Senadores oficialistas. Los 23 Senadores oficialistas restantes se opusieron a
la aprobación de la Ley. Esta fue publicada y promulgada el 28/10/2010. Sin
embargo, el 2/11/2010, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Federal 1 de
San Juan (y exdiputado provincial justicialista en la primera mitad de la década de
1990), suspendió lo sustancial de la normativa al dejar sin efecto en la provincia sus
artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 15. Esta medida cautelar fue dictada en respuesta a una
demanda de inconstitucionalidad presentada por diversos actores alineados en la
AV. Entre ellos vale enumerar a la Asociación Minera Obrera Argentina (AOMA)
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nacional junto a la seccional San Juan; la Cámara Minera de San Juan;
la Confederación General del Trabajo Seccional San Juan (CGT San Juan) y la
Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI) (Juzgado Federal de San Juan
Nº 1, 2/11/2010). Seis días después, emitiría otras dos cautelares similares,
anulando los mismos artículos, pero como respuesta a otras dos demandas, una de
Barrick Exploraciones Argentina SA. y Exploraciones Mineras Argentinas SA.
(Juzgado Federal de San Juan Nº 1, 8/11/2010b) y la otra de Minera Argentina Gold
SA (Juzgado Federal de San Juan Nº 1, 8/11/2010a). Se trataba de empresas
subsidiarias de Barrick Gold encargadas de la explotación y funcionamiento de
Veladero y del emprendimiento binacional Pascua Lama, muy cercano al primero.
Es válido considerar que estas cautelares se dan en la misma línea que las
intervenciones de Gioja y de parte del bloque legislativo oficialista a nivel nacional.
En consonancia, CFK aprobó la reglamentación de esta ley pero dejó sin
reglamentar el artículo que ordenaba la realización del inventario de Glaciares en las
zonas más importantes dentro de los 180 días y también las auditorías ambientales
a las que deben someterse las actividades prohibidas (Machado et al: 2011:145).
Otro aspecto que muestra el alineamiento de Gálvez con Gioja es que, en los
fundamentos de la cautelar, parte de asumir base de cuidado ambiental la ley
provincial 8.144, aprobada en Julio de ese mismo año (Juzgado Federal de San
Juan Nº 1, 2/11/2010).
En virtud de lo recién mencionado, se aprecia una alianza de defensores de la
actividad megaminera que se extiende desde la red de actores sanjuaninos
descripta en etapas anteriores, incluyendo al juzgado federal de asiento provincial, a
un grupo de gobernadores promotores de la megaminería, y llegando hasta el Poder
Ejecutivo Nacional.
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En el plano cognitivo la canalización judicial y provincial de las regulaciones
sobre glaciares tenía diversas consecuencias: (i) por un lado significó un
restablecimiento de las condiciones materiales para que los discursos de la AV sobre
la megaminería vuelvan a ganar influencia. Esto porque volvía a restringir el debate
a instituciones provinciales, pero también al ámbito de la provincia de San Juan, en
donde la AV, tenía un peso superlativo, alineando a diversas corporaciones, ciertas
capas poblaciones, además de a medios de comunicación. (ii) A su vez, la cautelar
que limitaba la ley nacional significaba una estabilización de una concepción
importante para la AV: el hecho de que los recursos naturales debían ser tratados
primordialmente como bienes económicos explotables y, por lo tanto, delimitables en
su regulación a la jurisdicción de las provincias que los poseen.
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Gráfico 3. Alianza socio-técnica promotora de Veladero (2008-2011)
Fuente: Elaboración propia
Si tornamos la mirada a la alianza que promovía la ley nacional de glaciares, es
factible también apreciar un conjunto vasto de organizaciones de diverso tipo. Entre
ellas hay asambleas y asociaciones civiles en resistencia y lucha contra la
megaminería en sus respectivas provincias y localidades, organizaciones
ambientalistas, partidos políticos de izquierda, medios de comunicación comunitarios
y organizaciones de activistas profesionales, investigadores e intelectuales. Es decir
que la labor y desempeño de los distintos diputados que promovieron y defendieron
la ley en el parlamento no era un fenómeno aislado, sino la expresión visible de una
vasta red de alianzas. Dentro de esa alianza se aprecia la asociación de viñateros
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independientes (San Juan) y la asamblea de madres jachalleras, organización local,
directamente centrada en la resistencia socio-técnica a Veladero y cuya experiencia
conformaría uno de los antecedentes de la Asamblea de Jáchal No Se Toca
(AJNST).
Gráfico 4. Alianza socio-técnica opositora a Veladero (2008-2012)
Fuente: Elaboración propia
Debemos considerar que, a diferencia de los anteriores procesos descriptos, este se
da primordialmente en el plano nacional. En este sentido ambas alianzas se
integraron en otras más vastas, perdiendo centralidad. Aún así, apreciamos que
Barrick y Gioja tuvieron un peso superlativo comparando a otras empresas y
gobernadores de provincias con emprendimientos mineros.
En esta etapa, es factible percibir cómo los planteos socio-cognitivos previos de
cada alianza atraviesan diversas transformaciones. El planteo de la AV confluye con
los principios del veto de la presidente CFK en 2008 a la ley de glaciares 26.418.
También se materializan en la cautelar de Gálvez de 2010 contra la ley de glaciares
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26.639. De este modo, el planteo cognitivo de la AV deja de tener epicentro en el
ámbito discursivo para desplazarse al ámbito legal.
Algo similar sucede con el planteo de la AOV. Allí se parte de una concepción
del medioambiente que excede a los límites provinciales, como un todo integrado y
no susceptible de ser fragmentado. Esta posición se desenvuelve y amplía,
coaligándose a los fundamentos de la propia Ley Nacional de Glaciares. Sin
embargo, este planteo no tendría desarrollo en San Juan porque se opone a la AV,
que aún mantiene alineamientos incólumes dentro de San Juan, pero también se
vincula al gobierno nacional y al grupo de “gobernadores cordilleranos” en el propio
plano nacional.
Consolidación de una alianza de resistencia y desarrollo de
una controversia socio-técnica en torno a Veladero
El 13/09/2015 se derramaron más de un millón de litros de solución cianurada sobre
un río que es afluente de la principal fuente hídrica del noreste de la provincia. Ello
tuvo como respuesta una gran movilización en la ciudad de Jáchal, cuya población
no había tomado conocimiento del derrame por medios oficiales, sino informalmente,
por mensajes en redes sociales entre pobladores de la zona. Frente a la
tematización mediática que tomó el hecho, el gobernador de San Juan citó (sin
hacer públicos) informes de calidad de aguas de laboratorios contratados por Barrick
y otros de organismos provinciales dependientes de su gobierno. Según él, estos
daban resultados negativos de cianuro en muestras de agua de ríos de la zona. En
base a estos informes, el gobernador provincial negaba todo peligro y contaminación
y llamaba a reanudar la vida social normalmente (San Juan 8 TV, 14/09/2015). En
este sentido, su orientación inicial no daba lugar a problematización alguna en torno
a Veladero y a la megaminería.
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A este planteo se opuso radicalmente la Asamblea de Jáchal No Se Toca
(AJNST), que se había conformado en los primeros meses de ese mismo año para
resistir la instalación de otra mina en la región. Además, en los años previos, un
conjunto de activistas que se tornaron referentes de la AJNST había desarrollado
vínculos con el laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza) en pos de elaborar sus propios estudios
de calidad de aguas para evaluar los impactos de Veladero. Frente al derrame, la
AJNST exigía el cierre de Veladero y demandó a la municipalidad que encargara un
informe de calidad de aguas para medir los daños y tener conocimiento de hechos
que, tal como juzgaban, el gobierno provincial les ocultaba.
Si bien tanto el gobierno como la AJNST adoptaban un enfoque técnico del
derrame, los criterios de elaboración de informes eran divergentes. La AJNST no
limitaba el riesgo a la contaminación por cianuro, sino que consideraba otras
sustancias potencialmente dañinas como metales pesados. El estudio encargado al
Laboratorio de Análisis Instrumental de la Uncuyo, publicado por la propia AJNST en
conferencia de prensa y difundido en el portal Unidiversidad de Uncuyo, registró en
algunos puntos 1,48 miligramos por litro (mg/l) de manganeso y 70 mg/l de aluminio,
lo cual superaba el promedio histórico de ambas sustancias en dichos puntos.
También se hallaron 6 mg/l de boro; 740 mg/l de cloruros; 540 mg/l de sulfatos y
0,069 mg/l de arsénico. En todos los casos las concentraciones excedían los límites
máximos definidos en los parámetros de Ley 24.051, de Residuos Peligrosos
(Unidiversidad, 3/10/2015). También se ordenó un análisis microbiológico, que indicó
concentraciones importantes de la bacteria escherichia coli, lo cual incrementó las
suspicacias sobre los procesos operativos en la mina, dado que posiblemente se
descargaban aguas servidas en la pileta de lixiviación.
Revista Redes 52 – ISSN 1851-7072
28
Este estudio conducía a desplazar el centro de la controversia socio-técnica
porque que la contaminación (y los riesgos que ella conlleva) se sustanciaban en
base a otro tipo de procesos: no sólo el mero vertido aislado de cianuro, sino sus
reacciones químicas más complejas, que llevaban a concentrar metales pesados en
el sistema hídrico de la zona. Además los resultados de escherichia coli ponían en
cuestión el cumplimiento de normativas en operaciones por parte de la empresa en
términos más amplios que el simple hecho del derrame, que podía llegar a
interpretarse como accidental.
Nuevamente en esta etapa de la trayectoria socio-técnica se puede apreciar
cómo los planteos cognitivos de cada una las alianzas dan lugar a trasformaciones y
traducciones en nuevos dispositivos claves en la disputa. Así, la concepción de los
recursos naturales de la AV, fragmentaria por su subsunción a la explotación
comercial, habilitaba a concentrarse unilateralmente en el cianuro en los informes
técnicos, escindiéndolos del resto de los procesos naturales. También la concepción
de los recursos naturales de la AOV daba lugar a un enfoque que pretendía indagar,
en la medida de sus posibilidades, en interacciones medioambientales más
complejas. En el caso de la AV se pretendía medir una sustancia aislada y
presentarla como la negación de todo riesgo e impacto en la salud humana. En el
caso de la AOV se pretendía indagar en las múltiples consecuencias (aún
desconocidas) que los procesos complejos podían tener.
En este sentido, es visible la conexión y deriva de representaciones presentes
en las primeras etapas analizadas, hacia informes técnicos de calidad de aguas que
fueron un artefacto central de la etapa actual. Es interesante, en este aspecto,
apreciar el íntimo vínculo entre ciencia e ideología como forma emergente de
posicionamiento en procesos de resistencia socio-técnica.
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Luego de jornadas de masivas movilizaciones y una considerable tematización
mediática, el gobernador cambió su posición y elevó una denuncia en la justicia
provincial con el fin de investigar los hechos relativos al derrame. Si bien no
denunciaba directamente a Barrick, daba lugar a una problematización en torno al
derrame.
En este conflicto los informes de calidad de aguas se tornaron artefactos de
suma importancia por dos motivos: (i) fueron centro del tratamiento mediático y,
mediante ello, clave para tematizar cualquier enfoque problemático. (ii) Y además,
esos informes fueron fundamento de las resoluciones judiciales. Es decir que el
modo en que se desenvolvió el conflicto implicó un encuadre a la vez judicial y
técnico.
Si se resume su obrar, la justicia provincial procesó a algunos gerentes de nivel
medio y suspendió las operaciones de Veladero con el objetivo de que la empresa
garantizase la normalización de condiciones para evitar nuevos derrames y hechos
de contaminación. Si bien la medida de suspensión estaba prevista durar varias
semanas en base a lo calculado como necesario para efectuar las reformas, el juez
levantó la medida a los pocos días sin mayores explicaciones (Diario de Cuyo,
24/09/2015). En este sentido, si bien el orden productivo de Veladero se vio
cuestionado en diferentes momentos, finalmente la situación se normalizó bajo la
condición de ciertos cambios. Veladero cambió a sus gerencias (Diario De Cuyo,
12/11/2015), modificó su política de comunicación pública y efectuó algunas
reformas (Perfil Industrial, 12/04/2016).
Un factor importante para comprender este desarrollo es la asimetría de
adecuación de informes técnicos a las posiciones y enfoques de cada alianza. Los
informes técnicos mayormente disponibles en el plazo inmediato, como servicios
técnicos pagos y confeccionados por mediciones de sustancias en muestras
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aisladas sujetas a demandas específicas; se ajustaban mucho más a la posición
socio-cognitiva del gobierno de San Juan que a la de la AJNST. La perspectiva de
este actor sólo podría ser representada cabalmente por estudios que articulen
diversas variables medioambientales y sus relaciones con las distintas formas de
vida de la región (Layna, 2018: 130).
El resultado de esta etapa también se explica por el despliegue de acciones de
diferentes actores previamente alineados en la AV. En este sentido, los medios de
comunicación provinciales fueron piezas importantes en la tematización y
problematización del proceso restringido al cianuro (Layna, 2018:30). También debe
considerarse la intervención de corporaciones profesionales y sindicales alineadas
en favor de la normalización de la situación. Asimismo, debemos mencionar que el
gobierno nacional fue clave en habilitar la restricción del conflicto al plano provincial
(Layna, 2018:63), dado que actuó por omisión al no tomar la resolución del proceso
en sus manos, lo cual era una posibilidad, dada la afección de recursos naturales,
que excedían los límites de San Juan. Además, distintos funcionarios y referentes
del oficialismo defendieron en declaraciones lo obrado por Gioja (El Cronista,
24/09/2015; La Nación, 24/09/2015).
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Gráfico 5. Alianza socio-técnica promotora de Veladero (2015-2016)
Fuente: Elaboración propia
También la AJNST movilizó una alianza muy robusta. En ella, además del laboratorio
de Uncuyo y a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, alineó a
distintas asambleas ciudadanas en el plano nacional, a organizaciones
ambientalistas, a partidos de izquierda, entre otros. Asimismo, pudo superar
parcialmente el bloqueo mediático en la provincia mediante el uso de redes sociales,
distintos medios de comunicación independientes y de las organizaciones
previamente referidas. Esta alianza, que se extendió a nivel nacional, es expresión
de un largo desarrollo político-cognitivo desde tiempos previos al inicio de funciones
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de Veladero. Es decir, que se trata de una subjetividad que adquiría entidad de
modo claro en este conflicto, pero con una larga trayectoria precedente. Esta no se
dio en un terreno vacío y neutral, sino altamente asimétrico no-autónomo del
ejercicio de dominación y explotación dirigido por la AV, sino inscripto en su
dinámica, como un proceso de características alter-ideológicas (Therborn, 1987).
Gráfico 6. Alianza socio-técnica opositora a Veladero (2015-2016).
Fuente: Elaboración propia
Dinámica socio-técnica
Las distintas etapas de la trayectoria socio-técnica de Veladero nos permiten
apreciar patrones de relación que conforman dinámicas socio-técnicas. Si bien
menos directamente visibles, son el marco donde esas trayectorias se
desenvuelven.
Las rápidas reformas legales e institucionales proclives a la actividad
megaminera ocurridas en Argentina a principios de la década de 1990 generarían
Revista Redes 52 – ISSN 1851-7072
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las condiciones para un patrón de relaciones estructurante de la AV que fue
considerablemente estable. Este se caracterizó, entre otras cosas, por restringir sus
relaciones sustanciales al ámbito provincial. También se caracterizó por una alta
verticalidad de las decisiones en el gobierno provincial. Y a la vez por una alta
centralidad (aunque invisibilizada) de la propia empresa Veladero a la hora de definir
la orientación de las reformas.
La restricción del desarrollo de la mayor parte del proceso al ámbito provincial
en parte se debe a uno de los ejes centrales de las reformas legales de la década de
1990: la del artículo 124 de la CN, que delimitaba la potestad de cada estado
provincial sobre la explotación y regulación de los recursos naturales situados en su
territorio. La restricción de la trayectoria socio-técnica a la provincia también está
íntimamente relacionada a la posición socio-cognitiva de la AV sobre los recursos
naturales que, como vimos, se transformó a lo largo de las distintas etapas
adquiriendo diversas formas y contenidos: elementos discursivos, normas legales,
resoluciones judiciales e informes técnicos de calidad de aguas.
El carácter verticalizado en el gobierno y centralizado en la empresa, por otra
parte, es consecuencia de que la construcción del funcionamiento de esta tecnología
se desplegó mediante transferencia, con la adecuación del entorno al artefacto y no
al revés. Dicho ajuste no puede sino darse teniendo al centro originario de las
medidas en la empresa, pero sustanciado mediante una alta verticalidad de las
medidas de gobierno. Como un proceso dirigido por un actor que necesariamente
concentre a la vez información y capacidad de afección de aquellos otros procesos
ocurridos en el marco provincial. En este sentido, la construcción del funcionamiento
de Veladero implica, en su aspecto más básico, el ejercicio del gobierno de una
provincia. Este se sustancia en una diversidad de formas que incluyen tanto la
administración institucional, como el trabajo de elaboración y reelaboración legal, el
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alineamiento de distintos actores, la tematización pública y promoción de la
tecnología minera (involucrando la movilización de medios de comunicación).
Si bien esta dinámica socio-técnica se aprecia como estable, no carece de
contradicciones. Desde los períodos iniciales se hacen visibles las primeras medidas
de actores en resistencia a la empresa megaminera. Bajo los principios de la
dinámica socio-técnica recién descripta, la AV lograría superar la mayor parte de las
iniciativas de este grupo, sin embargo, no lograría evitar que estas se desarrollen y
amplíen, conformándose progresivamente como la AOV. De hecho, en las últimas
etapas de la trayectoria socio-técnica analizada, la AOV ya tenía una conformación
nítida y con tendencia a ampliarse y robustecerse mediante nuevos alineamientos.
Por lo tanto, es factible afirmar que en las propias condiciones gestadas por los
patrones de relación de la AV se debe procurar la génesis de una nueva alianza
antagonista, gestada a partir de medidas resistencia socio-técnica. Esto se aprecia al
menos en dos aspectos contenidos en el modo de metabolismo socio-natural que
Veladero supone: (i) un intercambio de materia y energía con el medio ambiente con
riesgos sanitarios tanto inmediatos como transgeneracionales. (ii) Un agotamiento
del recurso hídrico y afección de otros recursos naturales tales que lo hacen
crecientemente incompatible con otras actividades productivas. La AOV agrupa,
entre otros, actores locales afectados en estos planos. En este sentido, la propia
estabilización del funcionamiento de Veladero es contradictoria y no está totalmente
exenta de atravesar crisis y cambios radicales.
En la última etapa de la trayectoria socio-técnica descripta se pueden apreciar
más nítidamente algunos rasgos de la dinámica socio-técnica de la AOV, impulsada
primordialmente por la AJNST. Esta se caracterizó por tender a ser horizontal,
descentralizada, y de alcance nacional. Los primeros rasgos se aprecian, ante todo,
en la forma asamblearia de la AJNST. Estos rasgos se podrían explicar en cierta
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medida por las condiciones impuestas por la AV. Como ya señalamos, se trata de un
proceso de características alter-ideológicas (Therborn, 1987). Así, la dominación es
constitutiva de la dinámica de esta alianza. Respecto de ello, vale enunciar que la
imposibilidad de acceder a las instituciones del Estado provincial puede haber sido
un factor de importancia a la hora de desarrollar distintos modos de vinculación
descentralizados y no verticales. Asimismo, la necesidad de mantener una posición
independiente de los organismos provinciales, en gran medida alineados en la AV,
condujo a extender el horizonte de alianzas más allá de San Juan. Ligado a ello, otro
factor que explica el carácter nacional es su posición socio-cognitiva respecto de los
recursos naturales, que se transformó a lo largo del proceso, adquiriendo distintos
contenidos y formas (representaciones, discursos, leyes e informes técnicos) en las
distintas etapas de la trayectoria socio-técnica descripta.
Descriptos los rasgos elementales de las dinámicas socio-técnicas perceptibles
en cada alianza, cabe volver brevemente sobre la estabilidad de la AV. Los procesos
productivos de Veladero son mayormente estables a lo largo de todas las etapas
analizadas, lo cual se prueba en que sus cambios productivos se debieron casi
exclusivamente a los cambios del valor del oro en el mercado mundial (Basualdo,
2013:46). Sin embargo, no se trata de un desarrollo simple, dado que esta dinámica
tuvo leves cambios en ciertas etapas de la trayectoria socio-técnica. Particularmente
en el conflicto de la ley nacional de glaciares. Momento en que se apreció una
ampliación desde el ámbito provincial al nacional tanto en la arena de intervención
como en las relaciones y polos de mayor gravitación de la AV. Esto conllevó una
pérdida de incidencia del gobierno provincial y la empresa megaminera que, sin
embargo, mantuvieron un papel de considerable peso (nacional e internacional), aún
en esta etapa.
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Entonces, vemos que además de haber incidido la AV en la dinámica de la
AOV, también se da lo inverso. Las dinámicas socio-técnicas de ambas alianzas no
son independientes, sino que son resultados emergentes que exceden a la
proyección unilateral de los actores que las dirigen y constituyen. Esto no quiere
decir que la capacidad de afección de ambas alianzas sea equivalente. No hay
simetría en aspecto alguno. Tanto por los recursos materiales y socio-cognitivos que
moviliza cada alianza; como por sus capacidades preexistentes de intervención;
14
como por la adecuación/inadecuación de sus planteos socio-cognitivos a las formas
y organizaciones productivas, legales y científicas predominantes. En todos estos
planos la AV ostenta condiciones relativas notoriamente dominantes.
Por último, si se atiende a la dinámica socio-técnica de la AV más
ampliamente, se puede comprender que el desplazamiento transitorio de la arena
provincial al ámbito nacional, no procurado, no expresa dos patrones antagónicos,
sino el cambio de su forma de funcionamiento más estable hacia otra que es el
entramado más profundo que habilita el desarrollo de Veladero.
15
Es decir que el
cambio de dinámica fue un movimiento que excedía la proyección de la AV, pero le
permitió “contener” el proceso potencialmente crítico de la ley de glaciares,
14
La AV agrupa primordialmente organizaciones estatales, empresariales, profesionales ya
constituidas. En cambio la AOV alinea a organizaciones que, en varios casos, se conformaron en el
propio proceso de resistencia socio-técnica.
15
Vale recordar que el carácter provincial, verticalizado en el gobierno de San Juan y centralizado en
la empresa, estaba habilitado por alineamientos precedentes entre la propia empresa, organismos
internacionales (BM, BID) y el Gobierno Nacional y por reformas legales institucionales actuadas
como emergente de esos alineamientos. Adjuntamente, esto combinado con la existencia de
dinámicas socio-técnicas similares en otras provincias, permite entender la alianza nacional de
“gobernadores cordilleranos”. Estas sólo son fenoménicamente opuestas a la provincialización,
porque si se mira su tendencia de conjunto, juegan un carácter sustancial a favor de la misma,
rechazando todo abordaje nacional, bajo principios integrados.
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movilizando a actores que se mantenían tácitos pero presentes. En este sentido, el
cambio de dinámica socio-técnica debe considerarse como una suerte de resguardo,
de retorno a las relaciones que habilitan su funcionamiento regular. En otras
palabras, una dinámica está enmarcada o incluida en la otra.
Estilo socio-técnico
Si atendemos al estilo socio-técnico desplegado por la AV vemos que consistió,
en su aspecto más fundamental, en la transferencia de tecnología. La nula
adecuación de Veladero a las condiciones ambientales, implicaba consumos de
recursos hídricos excesivos para una región con escasez de los mismos. En este
sentido, la transferencia de esta tecnología tuvo, entre otras, implicancias en el
ámbito socio-cognitivo. Era otra dimensión que, junto a las previamente enunciadas
contribuía a generar una cierta concepción de la naturaleza: dado que no había
adecuación de la tecnología a las disponibilidades de recursos naturales de la
región, se desatendía a su reproducción conjunta, es decir, al equilibrio
medioambiental complejo.
Junto a ello, se debe considerar que en este proceso la transferencia se daba
mediante el establecimiento de un sistema de enclave, sin una integración reticular
con el entramado productivo provincial y disociada de la región respecto del destino
de sus productos. Esto implicaba la subsunción de los recursos naturales a las
necesidades del mercado mundial, lo cual potenciaba la representación de los
mismos como meros bienes, porque los efectos potencialmente disruptivos de esta
tecnología se restringían al ámbito local, disociados de los mercados internacionales
a donde se dirigían los minerales extraídos. Se trata de un aspecto cognitivo
fundamental.
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En relación a ello se da otra dimensión implicada en la transferencia
tecnológica y que marca el estilo socio-técnico de la AV: la negación de cualquier
tipo de resignificación tecnológica (enunciada en el segundo apartado). En este
sentido, la construcción del funcionamiento de Veladero no daba lugar a que actores
críticos pudieran intervenir en su funcionamiento en pos de adaptar la tecnología a
un uso equilibrado de los recursos naturales.
Otro elemento del estilo-socio-técnico de la AV consiste en una escasa
accesibilidad institucional y la no apertura de la información respecto de sectores de
la sociedad civil que muestran una orientación de resistencia a Veladero. Este rasgo,
que tiene implicancias importantes en la circulación social del conocimiento, fue
visible, entre otras cosas, en la aprobación de las operaciones de la mina sin
audiencia pública; en la censura mediática favorable a la actividad megaminera; en
la no divulgación oficial del derrame de cianuro de 2015 y en la no publicación de
informes técnicos relativos a la medición de sus efectos. Estos sólo fueron
resumidos oralmente por el gobernador en distintos medios de comunicación.
Este modo de tratamiento de la información pareciera ser una vía de
intervención inherentemente conflictiva. Ello se debe a que no habilita margen para
integrar a las disidencias políticas en cuanto a su proyecto y modo de organización
socio-metabólico. En este sentido, expresa el carácter inconciliable que para la
orientación del Gobierno provincial tienen estos sectores en sus planteos más
elementales. Esta posición del gobierno pareciera condecirse con la ruptura radical o
antagonismo insalvable que ostentan los modos de organización socio-metabólicos
de cada una de las alianzas. Y a la vez, en el plano cognitivo, tiende a radicalizar la
heterogeneidad de posiciones entre las alianzas.
Por otro lado, esto generó condiciones específicas de circulación de la
información (científica y no-científica) a lo largo de todo el proceso analizado,
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generando, por un lado, asimetrías entre los actores, pero a la vez, la posibilidad por
parte del gobierno de San Juan de desplegar ciertos modos de movilización del
conocimiento favorables a sus planteos. Por ejemplo: al referirse a la ausencia de
cianuro en informes técnicos sin publicarlos, el gobernador provincial podía dejar de
lado otras sustancias analizadas que potencialmente daban lugar a nuevos ejes de
debate y a tematizar representaciones conjuntas y no fragmentarias de la naturaleza
(Layna, 2018:48).
Esta combinación de rasgos es nodal para comprender aspectos nucleares de
las posiciones socio-cognitivas de la AV, las cuales a su vez son esenciales para
comprender la construcción del funcionamiento de Veladero. Así, se hace
claramente perceptible la relación entre estilo socio-técnico y formas socio-cognitivas
más generales de la alianza en cuestión.
Respecto de la AOV, si bien no sería conceptualmente correcto referirnos a un
“estilo socio-técnico” de esta alianza; es útil caracterizar su modo de resolución de
problemas y de tratamiento de la tecnología analizada. Para ello nos basaremos en
la última etapa de la trayectoria socio-técnica estudiada, en la cual la AOV está
primordialmente dinamizada por la AJNST.
Frente al estilo de transferencia de tecnología y la imposibilidad de adecuación
impuestos por la AV, la AOV no pudo sino desarrollar posiciones de resistencia
socio-técnica apuntadas a detener el funcionamiento de una tecnología juzgada
como disruptiva y riesgosa a nivel medioambiental. Sería erróneo limitar la
caracterización de este modo de resistencia simplemente como de “destrucción de
tecnologías” (Thomas et al, 2016: 187, 198) porque lo excede en la medida en que la
trayectoria aquí descripta muestra el desarrollo subjetivo de una alianza previamente
inexistente. Además, entramada en esa alianza, se da la elaboración de un conjunto
de conocimientos y la resignificación de otros. Un ejemplo de ello fue la auto-
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instrucción del grupo de activistas jachalleros sobre los pormenores del
funcionamiento de la tecnología megaminera y sus implicancias medioambientales.
A partir de allí estableció contacto con laboratorios, pudiendo encargar informes bajo
sus propios criterios y, así resignificar el uso de artefactos que se tornarían
fundamentales en la última etapa analizada: los informes técnicos de calidad de
aguas. Esta resignificación fue clave en el posicionamiento de la AJNST a lo largo de
la controversia. De lo contrario no habría podido abrir un proceso de
problematización pública en torno al hecho del derrame de cianuro.
Por otro lado, la AOV ostenta un modo abierto y público de tratamiento de la
información técnica, legal y regulatoria. Esto es visible en la publicación íntegra de
los informes técnicos en conferencias de prensa. También con la divulgación masiva
de información relativa a la ocurrencia del derrame. Esta apertura de la información
está íntimamente vinculada a su dinámica socio-técnica, descripta en el apartado
anterior, como al modo de sustanciación de sus planteos socio-cognitivos: la
movilización y medidas de protesta social. Es mediante estas medidas que
alcanzaron la elaboración de informes técnicos y tematización de los mismos.
Conclusiones
El análisis de la construcción del funcionamiento Veladero no tiene valor
exclusivamente por lo que permite comprender sobre sí mismo sino también por lo
que habilita a comprender sobre procesos sociales más vastos. Entre otras cosas,
podemos apreciar que el carácter de la tecnología de enclave, lejos de constituir una
operación o intervención de desvinculación o desintegración total, es habilitada por
un amplio entramado de relaciones que alinean actores de modo considerablemente
estable tanto en dimensiones internacionales, como nacionales y provinciales. Es
decir que, en contra de lo que un rápido abordaje podría indicar, si bien la
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sustanciación de un enclave implica una fragmentación en cuanto a la producción y
consumo respecto del ámbito local, a la vez se sostiene en una integración de
relaciones y conocimientos muy robusta y fluida.
Si nos focalizamos en el plano cognitivo, vemos que la transferencia de
tecnología combinada con el modo de enclave tiene implicancias profundas en las
concepciones sobre los recursos naturales y en las perspectivas de intervención que
sustancian la propia trayectoria socio-técnica de Veladero. Podemos afirmar que la
transferencia de la tecnología en cuestión y su funcionamiento como enclave
muestran una alta adecuación socio-técnica con una concepción fragmentaria de los
recursos naturales. De hecho, en esta trayectoria es factible apreciar el
desenvolvimiento de distintas formas, contenidos y materializaciones del planteo
cognitivo estructurado en este entramado de relaciones. Así tuvieron expresión en
discursos públicos y mediáticos, vetos presidenciales, posicionamientos públicos de
gobernadores, leyes provinciales, resoluciones judiciales e informes técnicos. En
todos los casos como base y producto de encuadres problemáticos.
En el plano ideológico cabe afirmar que la invisibilización de la red de
relaciones constitutiva de la AV junto a la naturalización de los encuadres
problemáticos estructurados en los conocimientos recién descriptos, es esencial en
la construcción del funcionamiento de Veladero y de la propia AV. En gran medida
estas operaciones ideológicas se basan y despliegan en la matriz cognitiva descripta
a lo largo del artículo.
En relación a ello y respecto de los procesos de dominación, es necesario no
caer en una posición ingenua que proponga que Veladero es un sistema
eminentemente equilibrado y estable. Si bien la integración de la AV es notoriamente
consistente, hemos visto que su propia dinámica es constitutiva de la emergencia de
actores y alianzas sólidas que la resisten de manera radical. En este sentido, la
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representación de la AOV como exógena a Veladero (en tanto agentes que
“rechazan el progreso”), es otra operación ideológica constitutiva de la construcción
del funcionamiento del enclave minero. Ello se da en la medida en que apunta a su
estabilización mediante otra invisibilización: la de su carácter inherentemente
contradictorio. En otras palabras, el borramiento de los antagonismos que emergen
de la dinámica de Veladero es un aspecto esencial de su funcionamiento.
Esa imposibilidad de conciliación, se comprende, entre otros aspectos, en la
nula posibilidad de flexibilidad interpretativa de esta dinámica tecnológica. En este
sentido, se trata de un conflicto cuyo desarrollo se da bajo las condiciones excluir de
la disputa la posibilidad de adaptar el funcionamiento del enclave minero a un
equilibrio socio-metabólico. En última instancia, las representaciones opuestas
sustancian dos modos divergentes de organización de intercambio de materia y
energía entre sociedad y naturaleza. He aquí el vínculo entre ideología y
metabolismo social en este proceso. Elementos sin los cuales no podríamos
comprender la transformación de los conocimientos a lo largo de la trayectoria socio-
técnica abordada, ni su papel en la construcción del funcionamiento de la tecnología
estudiada.
Por otro lado, la consideración de estos elementos también es un punto de
partida relevante para comprender las asimetrías entre alianzas antagonistas. En
otras palabras, el antagonismo ideológico, tanto discursivo como práctico, es una vía
importante para abordar las asimetrías en el proceso estudiado. Ello es visible en las
condiciones de tematización pública sobre la tecnología minera; en la
adecuación/inadecuación del tipo de informes técnicos disponibles a los planteos
socio-cognitivos de cada alianza; en el entramado legal y judicial efectivo en que se
dirimen las disputas sobre esa tecnología, entre otros.
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En este sentido, la invisibilización del carácter de la disputa y de la relación de
Veladero con su entorno, implica también la invisibilización de estas asimetrías,
como parte del proceso ideológico constitutivo del funcionamiento del enclave
minero. Todo esto nos permite aproximarnos a una caracterización del tipo de
conflicto como un proceso fenoménicamente desplazado del artefacto que lo suscita
y profunda y veladamente asimétrico, en la medida en que la dinámica del
funcionamiento de ese artefacto implica adecuaciones a su funcionamiento en
dimensiones sumamente relevantes.
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Artículo recibido el 30 de junio de 2020
Aprobado para su publicación el 21 de marzo de 2021
