DOI: https://doi.org/10.48160/18517072re59.366
El dilema del descanso final. Un análisis sobre la
experiencia fallida del repositorio nuclear en Gastre
(1979-1997).
Milagros Rodríguez
*
Resumen
A fines de la década de 1970, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
diseñó el primer proyecto para el almacenamiento definitivo y centralizado de los
residuos radiactivos de alta actividad que, siguiendo los lineamientos
internacionales, se ubicaría en formaciones geológicas profundas. La obra formaba
parte del Plan Nuclear de 1979, un programa integral que aspiraba a intensificar la
explotación de la energía nuclear a través de varios proyectos, entre ellos, la
instalación de cuatro Centrales Nucleares que se sumarían a las dos ya existentes.
En 1982, la CNEA seleccionó a la localidad de Gastre, Chubut, como sitio para
el repositorio. Sin embargo, el proyecto nunca fue concretado y, luego de una amplia
movilización popular, en 1997 fue efectivamente abandonado. Al respecto, es
importante señalar que para entonces tampoco existían experiencias exitosas de
este tipo en otros países nucleares.
Este trabajo propone brindar una primera aproximación al tema a partir de
documentos oficiales, material periodístico y publicaciones periódicas. El objetivo
será analizar las características del proyecto desde la perspectiva de la historia
*
UBA/CONICET- mirodriguez@filo.uba.ar
Revista Redes 59 – ISSN 1851-7072
económica, así como también, sus avatares entre 1979 y 1997. A modo de hipótesis,
proponemos que dicho fracaso se explica por los problemas financieros e
institucionales que enfrentó la CNEA a partir de 1982 y que condicionaron la
realización del proyecto Gastre. En segunda instancia, se plantea que desde
principios de la década de 1990 la CNEA asistió a un lento proceso de desintegración
y “desguace” que minó su capacidad operativa para sostener grandes proyectos en
el largo plazo. Finalmente, la ausencia de una estrategia adecuada de comunicación
institucional, resultaron determinantes para despertar la oposición de la población
local.
Palabras clave
PROGRAMA NUCLEAR ARGENTINO – REPOSITORIO NUCLEAR - GASTRE
Introducción
La explotación del átomo, en todas sus facetas y aplicaciones, produce desechos
cuya característica distintiva es la de ser radiactivos. Es decir, contienen elementos
inestables y emiten energía en forma de partículas o de radiaciones
electromagnéticas. La carga radiactiva siempre conlleva peligrosidad, pues en su
paso a través de tejidos vivos afecta los procesos biológicos normales, suponiendo
riesgos potenciales graves para la salud (Brualla, 2005). Sin embargo, a medida que
esa energía es liberada la radiactividad disminuye. Ese proceso puede tomar horas
o días, pero en otros casos puede prolongarse por muchos años. Estos últimos se
denominan residuos de radioactividad alta y deben ser aislados de la biosfera el
tiempo necesario para que no impliquen riesgos para las personas o el ambiente
(Autoridad Regulatoria Nuclear, 2019).
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Si bien la cuestión del destino final de los residuos radiactivos de alta actividad
se debatió desde el surgimiento mismo de la energía nuclear, es desde los años 80
que existe consenso entre la comunidad científica internacional sobre el aislamiento
geológico profundo como opción más segura y eficiente a largo plazo (National
Energy Agency, 1991). En este esquema, los desechos deben colocarse en
instalaciones subterráneas especialmente diseñadas y construidas, donde la
geología local y las condiciones del agua subterránea aseguren el aislamiento
durante decenas de miles de años, o más.
Sin embargo, resulta notorio que con la única excepción del repositorio ubicado
en Onkalo, Finlandia, ningún proyecto de este tipo fue efectivamente concretado.
1
Las investigaciones históricas disponibles que indagan en las causas de ese fracaso
─sobre todo, en los países desarrollados─ suelen señalar como claves explicativas
tanto la incapacidad de generar consensos entre el Estado, las empresas y la
ciudadanía, como el rechazo de la opinión pública y la conformación de movimientos
de resistencia antinucleares (Kaijser et al., 2021).
En Argentina, a fines de la década de 1970, la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) diseñó el primer proyecto para el almacenamiento definitivo y
centralizado de los residuos de radioactividad alta que, siguiendo los lineamientos
internacionales, se ubicaría en formaciones geológicas profundas. La obra formaba
parte del Plan Nuclear de 1979, un programa integral que aspiraba a intensificar la
explotación de la energía nuclear a través de varios proyectos, entre ellos, la
instalación de cuatro Centrales Nucleares que se sumarían a las dos ya existentes.
En 1982 la CNEA seleccionó a la localidad de Gastre, Chubut, como sitio para el
1
La inauguración del repositorio de Onkalo se prevee para el año 2024 y se ubica a 430 metros bajo
tierra (El-showk, 2023).
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repositorio. Sin embargo, el emplazamiento nunca fue concretado y suscitó una
amplia movilización popular que llegó a su punto álgido en 1996. Al año siguiente, el
proyecto fue formalmente cancelado por decisión del directorio de CNEA.
El Proyecto Gastre y el rechazo de una parte importante de la ciudadanía fue
entonces objeto de especulación y controversia en los medios de la época. De esta
forma, no resulta sorprendente que los estudios de caso producidos desde las
ciencias sociales y las humanidades se centren en el papel del activismo
ambientalista y los movimientos antinucleares en la paralización del proyecto
(Brualla, 2006; Dichdji, 2018 y 2020; Piaz, 2015). También existen relatos producidos
por ambientalistas directamente implicados en la protesta que refuerzan esa
interpretación (Rodríguez Pardo, 2006). Desde estas perspectivas, las acciones
colectivas de protesta se erigen como un aspecto fundamental para comprender el
fracaso del repositorio. De hecho, una de las hipótesis centrales de estos estudios
es que “La Epopeya Antinuclear” de Gastre constituiría el punto de origen de los
movimientos antinucleares en Argentina, específicamente, tras la fundación del
Movimiento Antinuclear de Chubut (MACH). Por otra parte, se señala que la
movilización popular masiva desatada entre 1986 y 1996 fue la responsable del
cierre formal del proyecto por parte de CNEA en 1997.
Sin embargo, una mirada sobre la trayectoria de CNEA en ese período y las
transformaciones ocurridas en el Programa Nuclear tras el retorno de la democracia
revelan otros aspectos no menos valiosos para comprender los límites de la
experiencia en Gastre. Claro que desplazar la mirada de los movimientos
antinucleares no implica, bajo ningún punto de vista, negar su influencia en el
proceso ni restar importancia a los sucesos que le dieron origen. Muy por el
contrario, un análisis desde los proyectos institucionales permite articular esa
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dimensión con las contradicciones propias al interior de CNEA y la brecha entre los
relatos periodísticos, los discursos oficiales y la realidad material de la institución.
Dado que no existen aún estudios que indaguen la cuestión desde un enfoque
integral, el objetivo del trabajo será analizar las causas del fracaso del proyecto
Gastre durante el período en que estuvo en vigencia (es decir, entre 1979 y 1997), y
atendiendo a múltiples variables: la económica y presupuestaria, la política, la
burocrática y la comunicacional. De esta forma, se propone brindar una primera
aproximación al tema a partir de la triangulación de documentos oficiales, material
periodístico y publicaciones periódicas. Por otra parte, una reflexión sobre la
experiencia fallida del repositorio puede ser útil como aporte al debate actual sobre
el destino definitivo de los desechos de alta radioactividad en Argentina. Cabe
destacar que hasta la fecha continúa siendo un interrogante abierto sin solución
permanente, aunque en los últimos años la CNEA ha vuelto a abrir espacios de
diálogo para tratar el tema a través del Proyecto Confinar-Geo.
2
Se plantea como primera hipótesis que, además de la oposición civil, los
problemas presupuestarios que enfrentó la CNEA a partir de 1982 condicionaron la
realización del proyecto Gastre. En este sentido, las transformaciones operadas en
el plano internacional y local desempeñaron un papel central. Tal y como señala
Rubio Varas (2021), la gestión de los desechos nucleares tiene un impacto
significativo en el aumento del costo de la energía nuclear. Si durante las primeras
décadas dichas cifras fueron subestimadas bajo la suposición de que el combustible
2
El Proyecto Confinar-Geo se enmarca en el Programa Nacional de Gestión de Residuos
Radiactivos de la CNEA creado por Ley 25018 en 1998. La meta es la implementación de un
repositorio geológico profundo para la disposición definitiva de los residuos radiactivos de nivel alto e
intermedio, y de los combustibles nucleares gastados generados en Argentina, si es que el país opta
por su disposición definitiva.
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gastado sería “reciclado” a través del reprocesamiento, fue recién a partir de los 80
que esas sumas pudieron ser estimadas e internalizadas en los costos de la energía
nuclear en los países desarrollados. Adicionalmente, el encarecimiento del
financiamiento internacional y la desaceleración de la demanda eléctrica
configuraron la “tormenta perfecta” para socavar la competitividad de la energía
nuclear frente a otras opciones. Desde el punto de vista doméstico, la ausencia de
un fondo para la construcción del repositorio, sumado a los dilemas
macroeconómicos que el país enfrentó luego de la Crisis de la Deuda y tras el
retroceso del Estado, pusieron en jaque la concreción del proyecto Gastre desde sus
orígenes.
En segunda instancia, se plantea que el repositorio no fue considerado una
prioridad dentro del esquema general delineado en el Plan Nuclear de 1979. En un
contexto en el cual la Argentina era acusada por los medios internacionales de
fabricar bombas nucleares en secreto, la instalación de un repositorio puede
considerarse una estrategia discursiva para mostrar al resto del mundo el carácter
“responsable” del Programa Nuclear o elevar su prestigio como único país capaz de
completar ese aspecto del ciclo de combustible. Sin embargo, desde el punto de
vista económico y burocrático, las fuentes sugieren que la obra recibió una atención
secundaria por parte de las gestiones que se sucedieron entre 1979 y 1997.
En tercer lugar, se plantea que desde principios de la década de 1990 la CNEA
asistió a un lento proceso de desintegración institucional que minó su capacidad
operativa para sostener grandes proyectos en el largo plazo. De hecho, tres de las
cuatro centrales proyectadas por el Plan Nuclear de 1979 nunca llegaron a
construirse y la única que fue iniciada, Atucha II, no se conectó a la red hasta 2014
(Rodríguez, 2020). Así, la cancelación oficial del repositorio en Gastre debe
analizarse no solo en función de la amplia movilización pública que suscitó, sino
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también, en el marco del deseslabonamiento de los proyectos y la crisis institucional
de la CNEA.
Por último, se propone que la ausencia de una estrategia adecuada de
comunicación por parte de CNEA, limitada a la provisión unidireccional de
información, sumada a la reticencia institucional por establecer el tema como debate
público con la participación de la comunidad científica y la sociedad, resultaron
determinantes para despertar la oposición de la población local.
1. El dilema de los repositorios: una panorámica
internacional
En 1955, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos solicitó a la
Academia Nacional de Ciencias que considerara una solución para disponer los
desechos radiactivos de alto nivel dentro de los límites continentales. Por ese
entonces, el grueso de los residuos eran producto de la fisión de reactores utilizados
para fabricar arsenales militares y que se almacenaban en los sitios de Hanford
(Washington), Oak Ridge, (Tennessee) y Savannah River (Carolina del Sur). Esta
solicitud condujo a una conferencia en Princeton en 1955 y al informe posterior, The
Disposal of Radioactive Waste on Land (National Research Council, 1957), que
sentó las primeras medidas de seguridad radiológica.
Ahora bien, la proliferación de reactores nucleares para la generación de
energía a partir de los 60 comenzó a modificar las bases del problema dado el
cambio de composición y el aumento del volumen de los residuos. Para entonces, la
comunidad científica internacional preveía que antes de ser dispuesto, el
combustible gastado primero pasaría por una fase de reprocesamiento, a fin de
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recuperar parte del uranio y plutonio. Dicho proceso, conocido como
“reprocesamiento”, permitiría un segundo uso del combustible y, de esa forma, se
podría reducir el nivel de radiactividad y el volumen del desecho final.
Sin embargo, esas expectativas nunca se cumplieron. Por un lado, porque las
actividades de reprocesamiento fueron paulatinamente sancionadas en el plano
internacional, bajo el argumento de que el plutonio recuperado podría aumentar la
proliferación de armas nucleares (Hurtado de Mendoza, 2014). Por otra parte,
porque el hallazgo de nuevos depósitos de uranio hizo que sea significativamente
menos costoso usar el combustible una vez antes que emprender el reciclaje. De
esta forma, para la década de 1990, países desarrollados como Estados Unidos,
Suecia y Suiza planificaron el almacenaje de combustible gastado de reactores
nucleares como desechos radiactivos de alto nivel, sin reprocesamiento (National
Academies of Sciences, Engineering and Medicine, 1999).
En forma paralela, comenzó un arduo debate sobre cuál sería la solución
tecnológica idónea para el tratamiento de residuos de radioactividad alta. Los
enfoques variaron desde la disposición final en el fondo del mar a su eliminación en
el espacio. Sin embargo, desde fines de 1970 fue imponiéndose el consenso sobre
la instalación de aislamientos geológicos profundos que culminó, en 1977, con el
informe de la Agencia de Energía Nuclear de la OECD. Allí se sentaron las bases de
lo que luego serían los principios actuales en la gestión de residuos de alto nivel
(Josephson y Lehtonen, 2021).
La instalación del debate sobre residuos estaba estrechamente relacionada con
el surgimiento de los movimientos antinucleares en Estados Unidos y en Europa
luego de los accidentes de Three Mile Island (1979) y Chernóbyl (1986). Como
consecuencia de las protestas civiles se introdujeron medidas adicionales de
seguridad, y se acuñó el concepto de “cultura de la seguridad” para aumentar la
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conciencia y comprensión de la gestión de riesgos dentro de las organizaciones
nucleares. Varios países comenzaron a buscar posibles sitios para la disposición
final de los desechos nucleares, aunque a menudo encontraron una fuerte oposición
local. Ya en 1982, la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE reconocía que el
principal obstáculo para la concreción de estos proyectos no eran cuestiones
técnicas o financieras, sino la resistencia de la opinión pública. La sigla NIMBY (Not In
My BackYard, “En mi patio trasero no”) se popularizó como consigna en contra de
ciertas instalaciones o emplazamientos asociados a diferentes factores de riesgo
(Rucht, 1995; Kaijser et al., 2021).
En este contexto, si bien comenzaron a diseñarse mecanismos de
comunicación a la ciudadanía, es importante señalar que el enfoque oficial siguió
estando en gran medida limitado a la provisión unidireccional de información. Este
modelo comunicacional, sintetizado en “decidir, anunciar, defender”, implica que el
gobierno y la industria llevan adelante los primeros pasos con poca o ninguna
discusión pública, seguido de un anuncio del resultado y un programa de venta de la
decisión al público (Mermet et al., 2004). Es decir que, en casi todos los casos, los
dispositivos de comunicación se emplearon para justificar y legitimar decisiones que
la industria y los gobiernos ya habían tomado (Josephson y Lehtonen, 2021). Como
enseguida veremos, el caso argentino tampoco fue una excepción en este sentido.
El Proyecto Repositorio en el marco del Plan Nuclear de
1979
El Programa Nuclear en Argentina surgió en 1950 tras la creación de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (Decreto 10936/50). Según la legislación, gran parte de
la cual se mantiene vigente en la actualidad, CNEA debía llevar a cabo las funciones
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de coordinación, control y estímulo de la investigación, la defensa radiológica y el
asesoramiento al Poder Ejecutivo. Como puede observarse en la Figura 1, a partir
de 1958 la Argentina instaló sus primeros reactores de investigación destinados a la
producción de radioisótopos, tecnología que, en los 70, comenzó a ser exportada.
Por otra parte, luego de 1974 se instalaron las primeras centrales nucleares. Sin
embargo, a pesar de que el Programa Nuclear presentaba las características de un
early comer nuclear, la cuestión de los residuos radiactivos no fue específicamente
legislada hasta bien entrados los 90.
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Figura 1
Reactores y Centrales Nucleares instalados en Argentina y exportados.
Fuente: Blanco (2022).
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Durante la última dictadura (1976-1983), el Programa Nuclear experimentó un
crecimiento notorio. Por entonces, el gasto público en infraestructura, peajes y
energía desempeñó un rol sumamente dinámico, siendo que la mayor parte de las
inversiones fueron absorbidas por reparticiones estatales y entes descentralizados.
Este comportamiento se explica por varios motivos. En primer lugar, al igual que
sucedía en el plano internacional, las proyecciones acerca del incremento de la
demanda energética resultaban sumamente optimistas, profetizando un crecimiento
del 8% anual (Rodríguez, 2020).
Por otra parte, se relaciona con la subsistencia de la fracción industrialista-
burocrática en el seno de las Fuerzas Armadas que, entramadas en la burocracia
estatal, hacían hincapié en el desarrollo de áreas estratégicas del complejo militar
industrial argentino (Canelo, 2004: 259). De esta forma, si bien el plan económico de
Martínez de Hoz apuntaba a la apertura y a la reversión de la industria sustitutiva,
ciertos sectores no fueron afectados. De hecho, el gasto público en infraestructura
permitió al elenco gobernante estrechar lazos con uno de los actores más relevantes
del período: los grandes grupos económicos locales (Castellani, 2009: 147).
En este contexto, tras el golpe de estado de las Fuerzas Armadas en 1976, la
CNEA se transformó en un ámbito privilegiado de las políticas del gobierno dictatorial.
Por entonces, el Contraalmirante Pedro Iraolagoitía fue reemplazado por el
Vicealmirante Carlos Castro Madero al frente de la institución, a la vez que esta era
reorganizada en cuatro direcciones.
3
En abril de 1977, el nuevo director anunció al
Poder Ejecutivo los objetivos a corto y mediano plazo de CNEA, los cuáles se
3
Las direcciones eran: Investigación y Desarrollo, Operaciones, Proyectos, Logística y una Secretaria
General a nivel de Gerencia.
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oficializarían poco después mediante un decreto que declaraba al Programa Nuclear
como área de interés nacional (Decreto 3187/77).
No se trataba, en principio, de una planificación original, sino que representaba
una continuidad respecto de la trayectoria anterior de CNEA. La primera formulación
de un Programa Nuclear explícito había surgido en 1966 tras el comienzo del
proyecto Atucha I (CNEA, 1967). Ya por entonces se planteaba como objetivo de
mediano plazo la construcción de una tercera central de potencia capaz de
abastecer a la Provincia de Buenos Aires, la cual fue incorporada en el Plan Nuclear
de 1970 y en el Plan Trienal de 1974 (Lugones, 2020: 132). También se enunciaba la
vocación por el autoabastecimiento del ciclo combustible a fin de reducir la
dependencia tecnológica, el fortalecimiento la estructura científica, el fomento de la
industria nacional y la profundización de las relaciones con otros países de América
Latina. Sin embargo, los conflictos políticos y económicos que siguieron a la muerte
de Juan Domingo Perón en 1974 relegaron momentáneamente esas aspiraciones a
un segundo plano (Hurtado de Mendoza, 2014).
Durante la dictadura, los lineamientos estratégicos del sector fueron retomados
y terminaron de articularse con la formulación del Plan Nuclear Argentino
promulgado en enero de 1979 (Decreto 302/79). A través de un decreto
presidencial, el Poder Ejecutivo detallaba los proyectos de mediano y largo plazo
que irían a cumplimentarse en 1997. A tono con los objetivos que CNEA trazaba
desde la construcción de Atucha I, el decreto disponía: la construcción de cuatro
centrales nucleares de 600 MWe. de potencia, la ratificación de la elección de la
línea de uranio natural y agua pesada, la exploración y explotación de los recursos
uraníferos en el país, el incremento de la producción local de concentrado de uranio
y la fabricación de elementos combustibles y agua pesada a nivel industrial. De esta
forma, el plan no solo apuntaba a ampliar considerablemente el parque
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nucleoeléctrico, sino que también preveía construir las instalaciones necesarias para
controlar todas las etapas del ciclo de combustible (Rodríguez, 2020).
Hasta entonces, los elementos combustibles utilizados en las centrales
nucleares quedaban almacenados en forma transitoria bajo agua en las piletas
dispuestas a tal fin junto a las usinas. Sin embargo, el tema de los repositorios ya
comenzaba a ser investigado en la institución, aunque en términos estrictamente
teóricos. De hecho, durante la “International Nuclear Fuel Cycle Evaluation (INFCE)”,
la Argentina desempeñó una activa participación evaluando el impacto radiológico de
la gestión de los residuos provenientes del ciclo de combustible (Palacio et al 1983:
180).
Tras la puesta en marcha del Plan Nuclear y la previsible incorporación de
cuatro nuevas centrales, la CNEA determinó la necesidad de construir un repositorio
definitivo a partir de 1980, el cual debería entrar en funcionamiento para mediados
de los 90 (Castro Madero y Takacs, 1990: 92). Un detalle no menor es que dicho
emplazamiento sería paralelo a la instalación de una planta piloto de
reprocesamiento, que permitiría recuperar parte del combustible utilizado y reducir el
volumen de desecho (Castro Madero y Takacs 1990: 91; Palacios et al., 1983).
A partir de la información obtenida de la bibliografía existente el primer paso fue
relevar el territorio con el objeto de encontrar el emplazamiento ideal. A este fin, en
1979 se celebró un contrato con el Instituto de Investigaciones Mineras de la
Universidad Nacional de San Juan, que permitiría identificar los cuerpos graníticos
potencialmente aptos. Si bien en una primera selección se habían identificado
alrededor de doscientos sitios potenciales, siete lugares ubicados en las provincias
del Chubut y Río Negro, al sur del país, fueron preseleccionados de acuerdo con los
criterios establecidos (Palacios et al., 1983: 185).
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Sin embargo, en 1981, la reducción presupuestaria impidió encarar la
investigación sobre todos los afloramientos y finalmente la CNEA se decidió por una
zona en Sierra del Medio, a unos cincuenta kilómetros de la localidad de Gastre, en
la provincia de Chubut (Diario de Cuyo, 1990a). Se trataba de una localidad pobre y
marginal, que podría ubicarse dentro de los parámetros de una economía de
subsistencia: con un 41% de las necesidades básicas insatisfechas, tenía poco
acceso a servicios básicos e infraestructura de comunicaciones (Brualla, 2005: 58).
Para entonces, la CNEA había iniciado el desarrollo del anteproyecto de
ingeniería que debía completarse en diciembre de 1983. Ese documento resultaría
fundamental, porque estudiaría la factibilidad del proyecto y permitiría obtener una
primera evaluación de costos del repositorio. En marzo de 1982, Castro Madero
comunicó los primeros detalles del proyecto a la prensa, comenzaron a realizarse las
perforaciones y se terminaron los estudios geofísicos (CNEA, 1983: 25).
El anuncio oficial del repositorio coincidió con rumores sobre un posible recorte
sobre las grandes obras de infraestructura en marcha tras la destitución de Roberto
Viola y la asunción de Leopoldo Galtieri. Respecto del Plan Nuclear, se estimaba que
los costos eran más de un 100% superiores a los aprobados en 1980 y eran
considerados “excesivos” por el Palacio de Hacienda (Convicción, 1982). Como
resultado, tanto el Proyecto para la Central Atucha II, primera de las cuatro
programadas, como la Planta de Agua Pesada fueron demoradas por un año en
función de las dificultades económicas (Buenos Aires Herald, 1982).
Evidentemente, la construcción del repositorio estaba, desde sus orígenes,
condicionado por la cuestión presupuestaria. En el anuncio, Castro Madero señaló
que el tiempo de construcción dependería de la provisión de recursos por parte del
Estado y, si bien evitó precisar el costo, reconoció que oscilaba en “algunos millones
de dólares”. Para entonces, se llevaban invertidos solo 50 millones de pesos para
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determinar el emplazamiento (Clarín, 1982a). Al respecto es importante señalar que,
hasta esa fecha, no existían en Argentina dispositivos legales que aseguraran la
provisión de recursos financieros para solventar el gasto de la gestión de
combustibles. Si bien Castro Madero especulaba que el Plan Nuclear en su conjunto
podría “autofinanciarse” a través de la venta de energía, ello dependía de que las
centrales programadas entraran en servicio en tiempo y forma
4
. Pero, mientras tanto,
el financiamiento continuó dependiendo directamente de las asignaciones del Tesoro
a CNEA (Rodríguez, 2020: 98).
En la declaración original, el director de CNEA señaló que el repositorio estaría
destinado a los combustibles utilizados por los reactores argentinos, que en ningún
momento se había hecho referencia a almacenar residuos de otros países y que
tampoco se habían realizado ofertas en ese sentido (El independiente Rioja, 1982).
Sin embargo, en otros medios dejaba esa posibilidad abierta al afirmar que se
trataba de una “decisión política” que podría beneficiar a Chubut y que “si en el
futuro la Argentina decidiera dar también cabida a otros países, creo que es una
decisión para tomar dentro de mucho tiempo (…) pero en este momento me parece
prematuro decir que pueda ser utilizado por otros países” (Clarín, 1982a; La Prensa,
1982). Como veremos más adelante, la ambigüedad de esas declaraciones
proyectaría una sombra de duda sobre las verdaderas intenciones del repositorio, y
habilitarían la posibilidad del debate por la internacionalización de Gastre en la
década siguiente.
De todas formas, es evidente que el repositorio se concebía como parte
integrante de un circuito más amplio que permitiría a la Argentina posicionarse
4
En una entrevista, Castro Madero también señalaba que “en el costo de la generación de
electricidad deben estar incluidos los gastos de este almacenamiento” (Clarín, 1982a).
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sólidamente en la arena internacional. Castro Madero enfatizaba que “Argentina es
uno de los países que encaró con decisión este problema que afecta notablemente a
los que no lo tienen resuelto” y, más adelante, en un reportaje exclusivo, se jactaba
de que el repositorio “provocará la envidia de pases que no lo posean y será factor
de desarrollo político y económico” (Clarín, 1982a).
No es un dato menor, ya que desde fines de los 60 la Argentina se había
transformado en el blanco de las sospechas internacionales al negarse a firmar el
Tratado de No Proliferación, abierto a la firma en 1968. El documento proponía que
los países miembros se dividieron en dos grupos, a partir de los cuales les
corresponderían obligaciones diferenciadas: por un lado, aquellas naciones que
hasta el momento no habían desarrollado armas nucleares, tendrían prohibido
fabricarlas, adquirirlas o almacenarlas, mientras que se les restringía el acceso a
material fisionable; por otra parte, los países que ya contaban con armamento
explosivo —Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China— se
comprometían a promover el uso pacífico de la actividad y llegar a un acuerdo para
detener la carrera armamentística y, eventualmente, el desarme general (Castro
Madero y Takacs, 1991: 32).
Países como Argentina, India y Brasil rechazaron la firma, alegando que
mientras que el documento no significaba ningún compromiso por parte de los
poseedores de armas nucleares, constituiría la base jurídica para perpetuar la
dependencia respecto de los suministros extranjeros. Desde el punto de vista de
Washington, sin embargo, la negativa era interpretada como una excusa para
fabricar bombas atómicas. De hecho, durante la guerra de Malvinas, “la Argentina
fue tratada sin eufemismos por la prensa norteamericana como un delincuente
furtivo en el área nuclear” (Hurtado de Mendoza, 2009). A pesar de las cámaras
instaladas por OIEA y de las inspecciones periódicas, se acusaba a CNEA de “separar”
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plutonio en las cargas y descargas de combustible de Atucha I, hecho que fue
reiteradamente desmentido por Castro Madero y por la institución. Es en este
contexto que la aspiración por instalar un repositorio nuclear antes que cualquier
país desarrollado puede ser leída como una forma de demostrar el prestigio de un
Programa Nuclear que operaba “en forma responsable”.
Un último aspecto que merece particular atención es que, desde el principio, el
repositorio se planteaba como una medida anticipada y que, de momento, no se
consideraba “urgente”. De hecho, solo se volvía necesario en tanto que el país
continuara instalando centrales nucleares y avanzara en el área de reprocesamiento.
Ante la prensa, Castro Madero señalaba que “No hay urgencia. Todavía Argentina no
tiene operando una planta de reprocesamiento [...]. La Argentina está tomando con
mucho adelanto estas medidas, para cuando llegue el momento en que el país
necesite reprocesar para obtener su plutonio y utilizarlo” (Revista Tal Cual, 1982). De
la misma forma, el Ingeniero Perucca, jefe del operativo de investigación en Gastre,
señalaba que “la Argentina no está apremiada” y “Nosotros tenemos algo así como
veinte años de tiempo todavía” (Revista Siete Días, 1982). Estas declaraciones se
justificaban además desde un argumento técnico: según Perucca, es necesario que
el combustible nuclear gastado se “enfríe” al menos durante 30 años en la superficie
antes de ser enviado a su destino final, proceso que aún no había sido completado
por los desechos producidos en Atucha I y Embalse, inauguradas en 1974 y 1984
respectivamente.
Repercusiones y retrasos (1982-1988)
El anuncio de 1982 fue ampliamente cubierto por la prensa, pero inicialmente no
existen registros de que despertara ninguna movilización civil. En las declaraciones
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iniciales, Castro Madero indicó que el repositorio permitiría traer progreso a la región
a través de la instalación de vías de comunicación, caminos, electricidad y televisión
(Clarín, 1982b). La Gobernación de Chubut ya habría adjudicado las tierras para los
estudios finales y el comienzo de las perforaciones que corroboraron la aptitud
geológica del sitio (Los Andes Mendoza, 1982).
Brualla señala que los pobladores de Gastre habían recibido positivamente el
comienzo de las obras por varios motivos: en primer lugar, porque en el imaginario
transmitido por la prensa el repositorio representaba la promesa del progreso y la
modernización de una región periférica y atrasada. En segunda instancia, porque el
pequeño poblado carecía de una estructura organizacional para canalizar
inquietudes sociales. Por último, cabe recordar que dichos anuncios se realizaron en
un contexto dictatorial, en el que predominaba la escasa libertad de prensa, los
modos autoritarios y el manejo ambiguo de información (Brualla, 2005: 84-85).
Algunos artículos periodísticos publicados en 1982 parecen confirmar esas
hipótesis. El Ministro de Gobierno, Educación y Justicia de Chubut, Ramón Monje,
señalaba a la prensa las ventajas derivadas de la reactivación comercial que se
estaba produciendo en Gastre a raíz del anuncio (La Nación, 1982). En otra
publicación, Esther Giordano, intendente de Gastre, señalaba su alegría por la
selección de Gastre para la instalación del repositorio (Revista Siete Días, 1982).
Las únicas voces de disenso provinieron de personalidades vinculadas al
ambientalismo y a la comunidad científica local. Quién más lúcidamente advirtió los
límites del proyecto fue el ex Gerente de Tecnología de CNEA, Jorge Sabato. En un
artículo publicado en Diario Clarín, Sabato señalaba que aún no existía ningún país
democrático capaz de decidir un lugar seguro para depositar los residuos. Así,
argumentaba que la opinión pública debía ser correctamente informada sobre
algunos de sus aspectos significativos y que debería tener oportunidad de
Revista Redes 59 – ISSN 1851-7072
expresarse al respecto. Finalmente, sacaba a relucir un punto fundamental al
diferenciar una instalación para servir a un programa de centrales nucleares
modesto, como la Argentina, de una instalación capaz de almacenar residuos de
otros países donde el número de centrales y el volumen de residuos era,
lógicamente, más alto (Sábato, 1982: 13).
Sin embargo, a pesar de no suscitar demasiadas críticas, el proyecto ingresó
en una fase de estancamiento y el estudio de factibilidad, que debía estar terminado
en 1983, demoró varios años más en terminarse. En las Memorias, CNEA señalaba
que: “debido a reducciones presupuestarias no fue posible finalizar durante 1983 el
presente estudio de factibilidad” (CNEA, 1984: 25). Ese documento resultaba un paso
fundamental, en tanto que determinaría la factibilidad de eliminar los residuos en
forma segura, formalizaría la localización geográfica del repositorio y determinaría la
incidencia del proyecto en el costo del kWh nuclear. Las únicas novedades del
período fueron la elaboración de desarrollos relativos a las características técnicas
del instrumental con las empresas INVAP e IDEMSA y el avance de los estudios de
vulcanismo, llevados a cabo por la Universidad Nacional de San Juan en la Zona de
Gastre (CNEA 1986: 24).
Además, junto con el recorte presupuestario, ciertos aspectos clave del Plan
Nuclear comenzaron a desintegrarse tras el retorno de la democracia. Luego de que
el Vicesecretario de Estado para Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos,
Lowell Kilday, visitara el país en 1984, las actividades en la Planta de
Reprocesamiento fueron demoradas por la falta de presupuesto. Según señala
Diego Hurtado de Mendoza, la finalidad de dicha visita era persuadir al gobierno
argentino de firmar el Tratado de No Proliferación. Si bien la gestión de Alfonsín
continuó en la línea histórica de oposición al documento, el hecho enmascaraba que
el “reordenamiento” del Plan Nuclear era condición necesaria para renegociar la
Revista Redes 59 – ISSN 1851-7072
deuda externa (Hurtado de Mendoza, 2014: 245). De esta forma, también se
truncaba una de las premisas básicas del programa de repositorios, ya que dejaba al
país sin la capacidad de reprocesar los combustibles gastados.
Por otra parte, el gobierno de Alfonsín encaró la elaboración de un nuevo Plan
Energético para el período 1986-2000 que modificaba radicalmente las premisas
planteadas durante la dictadura. La tónica del documento pivoteaba sobre dos
cuestiones centrales: la tendencia a la reducción del consumo energético y la
contención del gasto público como eje primordial del programa antiinflacionario. A
diferencia de lo sucedido en la etapa anterior, la nueva legislación asignaba un claro
protagonismo de los recursos gasíferos e hidroeléctricos en detrimento de la matriz
nuclear (Subsecretaría de Planificación Energética, 1986: 1). En este sentido, el Plan
implicó grandes reacomodamientos para el sector dado que, por primera vez, los
lineamientos de la política nuclear no emanaban directamente de CNEA, sino que
quedaban en manos de la Secretaría de Energía. Al integrar el programa nuclear al
resto del panorama energético, la gestión radical proyectó las futuras centrales
nucleares como simples obras públicas despojadas de cualquier objetivo
promocional o estratégico.
Según la nueva planificación, el sector nuclear debía mantener la participación
relativa en generación —cercana al 15%— a través de la finalización de Atucha II en
1992. Dada la reducción de la prospectiva de demanda eléctrica y la preferencia por
la explotación de otras fuentes, las tres Centrales nucleares restantes proyectadas
en el Plan Nuclear fueron reemplazadas por dos módulos pequeños de 350 MWe.,
que serían conectados a la red en 1997 y el año 2000. Sin embargo, la gestión
nunca definió especificaciones respecto de la tecnología o las características que
dichos módulos deberían adoptar, mientras que tampoco se hicieron alusiones al
eslabonamiento del ciclo de combustible (Rodríguez, 2020). Es decir, que el
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proyecto repositorio quedaba desencajado y claramente sobredimensionado en
relación con las necesidades futuras de almacenamiento.
Dicha situación se tradujo en nuevos retrasos. En abril de 1986 se creó el
subprograma Gestión de Residuos Radiactivos, dependiente de la Presidencia de
CNEA, pero aún en 1988 el proyecto Gastre continuaba en la fase de estudios
preliminares (CNEA, 1989: 41). De hecho, en un informe del Consejo Consultivo
publicado ese mismo año, se señalaba que el repositorio “se encuentra aún en la
etapa de estudio de factibilidad y solo será necesario iniciar obras de envergadura
en un plazo de 10 a 15 años”. Para puntualizar esta idea, agregaba que “Por el
momento debe ser considerada como una actividad de investigación y desarrollo”
(CNEA, 1988a: 22).
En este contexto, es importante destacar que los reordenamientos en la
planificación oficial no se reflejaron en una reformulación del proyecto original. Aún
en 1986, el repositorio estudiado tendría capacidad para satisfacer solo las
necesidades de eliminación de los residuos generados por seis centrales nucleares
del tipo de uranio natural y agua pesada originalmente planificadas, de 600 MWe
cada una, operando durante 30 años
5
. Esos residuos, resultantes del
reprocesamiento de los elementos combustibles, estarían ubicados en 3.000
contenedores de aproximadamente 0,60 m de diámetro y 1,60 m de altura y la
5
El repositorio consistiría en una matriz vítrea del tipo borosilicato dentro de un recipiente de acero
inoxidable. Este recipiente sería recubierto con una pared de plomo de unos 10 cm de espesor, de
manera de protegerlo de la corrosión por un período de aproximadamente 1.000 años. Además, el
diseño de los contenedores debía cumplir con los requisitos del reglamento para el transporte seguro
de material radiactivo del OIEA (CNEA, 1988b: 42).
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superficie necesaria a 500 m de profundidad sería de aproximadamente 0,5 km2
(CNEA, 1988b).
Es decir, que el proyecto del repositorio nunca fue readecuado según los
cambios en la planificación energética oficial. ¿Significaba esto que CNEA esperaba
“arrendar” el espacio sobrante? Se trata de una cuestión imposible de dilucidar a
través de las fuentes disponibles. Sin embargo, constituye el punto central a raíz del
cual se desató la primera movilización en Gastre. Dichos sucesos también se
encontraban asociados a un evento externo de carácter internacional. Aunque los
detalles se conocieron con posteridad, el 26 de abril de 1986 año se produjo el
accidente de Chernóbil tras una prueba en el núcleo que explotó la tapa del reactor,
produciendo el incendio de la planta y emitiendo gases tóxicos a la atmósfera.
Según la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos confeccionada
por el OIEA, se clasificó como un accidente de magnitud 7 que, junto con Fukushima
Daiichi (2011), constituyen los casos más graves conocido hasta la fecha (IAEA
2011). El episodio produjo una avalancha de noticias en las semanas subsiguientes
sobre escapes radiactivos y accidentes diversos en casi todas las centrales
existentes en el mundo (Rodríguez Pardo, 2006: 28).
El punto de partida del conflicto local fue un anuncio informal realizado ese
mismo año por el personal de CNEA en el Teatro Español de la Ciudad de Trelew. El
hecho no ha podido rastrearse en ninguna fuente oficial y la única referencia
disponible figura en las memorias de Javier Rodríguez Pardo, integrante de la Red
Nacional de Acción Ecologista (RENACE) y el MACH. En ese evento, el Ingeniero Elías
Palacios, Gerente de Radiología de la CNEA, habría expresado ambiguamente que
“se contempla arrendar el repositorio a otras naciones” (15). Aunque ese anuncio
resulta imposible de corroborar en las fuentes disponibles, el hecho de que Castro
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Madero hiciera declaraciones similares algunos años antes constituye un
antecedente relevante, que respalda su posible verosimilitud.
En todo caso, fue a partir de esas presuntas declaraciones que la cuestión del
repositorio cobró estado público y una primera movilización fue organizada en
Chubut para el mes de octubre, en donde se celebraría el centenario de la
inauguración de Trelew. El evento contó con la presencia del Presidente Alfonsín y
una gran cobertura mediática y fue la oportunidad ideal para entregar al mandatario
un Manifiesto Antinuclear de siete páginas elaborado por Javier Rodríguez Pardo. A
esos reclamos, el mandatario respondió “No haré nada que ponga en peligro a esta
ni a ninguna otra región del país” (16). Aunque ambigua, la declaración pareció
apaciguar a la movilización local y el tema no volvió a suscitar polémica durante el
resto de la gestión.
Según relata Rodríguez Pardo, “Ese día supimos que iniciábamos un largo
camino; impedimos que se firmara el proyecto de prefactibilidad del emplazamiento
nuclear de Gastre, que se hallaba en el escritorio del mandatario en Casa de
Gobierno” (16). Sin embargo, la única fuente que el autor cita sobre la existencia de
tal proyecto son las declaraciones informales realizadas por CNEA pocos días antes
en el Teatro de Trelew. Pero, como señalamos anteriormente, la posibilidad de
arrendar el repositorio no parecía estar contemplada institucionalmente en el
proyecto, dado que hacia 1986 el estudio de factibilidad parecía estar lejos de ser
concluido.
La movilización, sin embargo, tuvo repercusión en otros espacios. Los
senadores nacionales Alfredo Benítez (Jujuy) y Corchuelo Blasco (Chubut), elevaron
un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo pidiendo informes pormenorizados.
Puntualmente objetaban la elección del sitio, basados en la carencia de
investigaciones lo suficientemente extensas para demostrar fehacientemente que no
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se producirían sismos en la zona y que las aguas subterráneas puedan contaminar
el repositorio. Además, cuestionaban la posibilidad de que las instalaciones
recibieran desechos producidos en otros países (Kagel de Martí, 1988). De la misma
forma, el Consejo Superior Profesional de Geología expresó sus dudas sobre la
idoneidad del sitio (Di Tomaso, 1989).
Más allá de esos debates, es evidente que el avance real del proyecto ya se
encontraba estancado desde 1983. De hecho, los estudios continuaron realizándose
en forma lenta pero silenciosa hasta la publicación del Estudio de Factibilidad en
1990, momento en que volvió a avivarse la polémica en los medios. Si ese
documento guarda relación con el referido por Rodríguez Pardo, es aún difícil de
dilucidar. En cualquier caso, la oposición civil al proyecto en Gastre no fue inmediata,
sino el resultado de un proceso marcado por la falta de transparencia y la percepción
de decisiones impuestas sin debate ciudadano. La desconfianza se acentuó cuando
algunos miembros de la CNEA mencionaron la posibilidad de arrendar el repositorio
en el futuro para aprovechar la experiencia. Además, el accidente de Chernóbil y sus
repercusiones intensificaron el rechazo social al proyecto.
El estudio de factibilidad y la supuesta internacionalización
del repositorio (1989-1993)
Hacia 1989, el sector nuclear reflejaba la crisis económica y energética que padecía
el país en un contexto hiperinflacionario: Atucha I se encontraba fuera de servicio y
en proceso de reparación por el incidente ocurrido en el núcleo el año anterior; las
obras de Atucha II se había semiparalizado en 1988 por la falta de presupuesto; y el
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proyecto de la Planta de Agua Pesada
6
se encontraba seriamente obstaculizado a
causa de la renegociación del contrato con Suiza (Argentina Nuclear, 1993: 9). Al
igual que sucedía en otras dependencias del Estado, el presupuesto institucional
continuaba mermando a la vez que los sueldos se deterioraban significativamente
frente al avance de la inflación.
En este contexto, tras la asunción de Menem, el Programa Nuclear argentino
experimentó un relanzamiento fugaz que duraría hasta 1993 y en el que varias
actividades encaradas por CNEA fueron momentáneamente normalizadas
(Rodríguez, 2020). Para entonces, Manuel Mondino, designado director de la
institución, señaló en la prensa que el repositorio aún continuaba en estudio y que:
“si esto es una necesidad imperiosa, debemos hacerlo” (Clarín, 1989). Los
combustibles de Embalse y Atucha I continuaban aislados en tres piletas cerca de
las instalaciones en las que podían permanecer por un lapso de 30 a 35 años más,
luego de lo cual, sería necesario plantear el problema del destino definitivo. En este
punto, Mondino insistía en que el repositorio solo albergaría el combustible de las
centrales argentinas. Adicionalmente, señalaba que el proyecto requeriría de una
inversión de 500 millones de dólares y que debía contar con la aprobación de las
autoridades nacionales (Jornada, 1989).
El Estudio de Factibilidad fue oficialmente completado en 1990. Se trataba de
un documento compuesto por 45 volúmenes, que incluía todas las indagaciones
realizadas sobre la morfología del sitio elegido, los resultados de las perforaciones y
el anteproyecto de ingeniería. Un primer aspecto que resulta llamativo tiene que ver
con que la capacidad analizada no varió respecto del plan original: es decir, las
6
El contrato con Sulzer fue rescindido en 1990 y la planta fue puesta en marcha por CNEA y la
Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería SE (Conde Bidabehere, 2000).
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instalaciones podrían albergar los residuos de Atucha I (330 MWe), Embalse (600
MWe), Atucha II (750 MWe) y tres centrales más de 600 MWe que serían
construidas luego del año 2000. En este punto, parecía que la CNEA no había
considerado las transformaciones en la Planificación Energética operada durante la
gestión anterior. Por otra parte señalaba que:
Se ha descartado la posible alternativa de eliminar como residuos los elementos combustibles
sin procesar no sólo por la importancia energética del plutonio […] sino también por motivos
ecológicos […] implicaría considerar un área mucho más grande para la construcción del
repositorio y, por ende, un costo significativamente mayor (CNEA, 1990: 1).
Esta cuestión también dejaba un interrogante abierto sobre la suerte de la planta
piloto de reprocesamiento, que había ralentizado sus actividades en la década
anterior y fue finalmente paralizada en 1996. De esta forma, parecía que la apuesta
institucional descansaba en que la gestión de Menem volviera a revindicar las
proyecciones originales del Plan Nuclear de 1979.
Según el cronograma publicado en el documento, entre 1990 y el 2002 se
realizarían los estudios faltantes para la elaboración de un proyecto definitivo. El
repositorio sería construido entre el 2010 y el 2015, luego de lo cual entraría en
operaciones hasta su cierre en 2070 (CNEA, 1990: 309-310). Los costos financieros
totales estimados se expresaban en pesos de 1985 y oscilaban entre 165 y 200
millones de USD de 1990.
7
Es decir, que representaba un incremento del costo final
de generación de entre el 1,1% y el 1,3% (CNEA, 1990: 292).
En forma paralela, la posible internacionalización del “basurero” comenzó a ser
denunciada nuevamente por organizaciones ecologistas como Greenpeace y
Tierralerta en la prensa. Citando entrevistas realizadas a Castro Madero en la
década anterior, alertaban que el “negocio” de recibir residuos radiactivos significaría
7
Estimación realizada en base a OFFICER (2023) y Williamson (2023).
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un ingreso de 10.000 millones de dólares al año que podría “tentar” a la política de
turno (El Tribuno, 1989; Diario de Cuyo, 1990a; 1990b). Como respuesta, Mondino
anunció a la prensa que el proyecto se había “congelado” por iniciativa presidencial
hasta 2030 o 2040, sobre el argumento de que el repositorio no sería necesario
hasta bien entrado el siglo XXI. Para entonces, solo Atucha I y Embalse se
encontraban en operación, mientras que la Central Atucha II preveía la puesta a
crítico recién para 1997. La IV Central ni siquiera había completado el estudio de
factibilidad y era evidente que no contaba con un cronograma definido aún
(Rodríguez, 2020).
Ese razonamiento era confirmado por Emma Pérez Ferreyra, titular de la CNEA
entre 1987 y 1989, quien había comentado en una entrevista que el proyecto Gastre
no tenía urgencia en tanto no se había cumplido el cronograma de construcción de
las centrales: “[…] la realización de los estudios sobre el repositorio de Gastre no
tuvo otro objetivo que poder contar con toda la información necesaria para poder
encarar en un plazo adecuado una obra de esa magnitud” (La Nación, 1990a).
Sin embargo, poco después, el activista Juan Schroder de Greenpeace
denunció que el Poder Ejecutivo estudiaba la posibilidad de que una empresa
francesa, Pechiney Ugine Kuhlman, construyera un repositorio en Chubut a cambio
de un pago inicial de 13.500 millones de dólares. La oferta habría sido elevada en
octubre de 1989 y contemplaría la participación de la firma argentina Riva S.A.,
asociada a Industrias Pescarmona (IMPSA) (Clarín, 1990; Página 12, 1990).
Asimismo, se alegaba que no casualmente el Dr. Raúl Estrada Oyuela,
representante argentino ante la ONU, se había opuesto a la prohibición de exportar
desechos radiactivos a los países no desarrollados en las reuniones que habían
tenido lugar en Nairobi (Brualla, 2006: 106).
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Las acusaciones fueron desmentidas por CNEA, la Cancillería argentina y el
Ministro francés de industria, quien señaló que “Francia se opone por principio a la
exportación de desechos nucleares a otros países” (El Litoral, 1990; La Nación,
1990b). Pocos días después, Schroder dio a conocer que había sido amenazado de
muerte a través de un anónimo, a la vez que Manuel Mondino anunciaba que
emprendería acciones judiciales contra los representantes de Greenpeace “Una idea
de este tipo, por más inmadura que sea, prende y a partir de ahí se puede decir
cualquier barbaridad” (Extra, 1990; La Prensa, 1990). El director de CNEA desmentía
cualquier conversación con la empresa francesa en forma tajante: “Ni siquiera hay
antecedentes en el mundo sobre una tratativa como esta; suponer un acto de este
tipo para que entre dinero es un acto de masturbación intelectual, no tiene ningún
sentido” (La Prensa, 1990).
Más allá de la veracidad o no de las acusaciones, la bibliografía señala que los
debates de octubre configuraron un punto de quiebre para el movimiento antinuclear.
Por un lado, porque la intervención de Greenpeace permitió incrementar la visibilidad
del reclamo en el plano internacional, a la vez que consolidó la identidad y la
estructura organizativa de las agrupaciones involucradas. Por otra parte, porque
varias provincias comenzaron a elaborar proyectos de ley para modificar sus
constituciones y prohibir el ingreso o tránsito de residuos radiactivos (Brualla, 2006:
120). Esas discusiones y la polémica desatada en la esfera periodística suscitaron el
análisis de un proyecto de reforma constitucional impulsada por diputados del
Movimiento de Integración y Desarrollo y el Partido Justicialista para impedir
cualquier colocación de residuos nucleares en territorio nacional (La Nación, 1990a).
Según Shroeder, la inclusión de ese ítem en la legislación constituía el fin último de
las denuncias realizadas por Greenpeace (Ramón, 1990).
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Durante los años subsiguientes, el tema Gastre siguió reapareciendo
esporádicamente en la prensa. En general, el detonante de dichos artículos eran
rumores difíciles de comprobar: en junio de 1991, se especulaba que la CNEA
elevaría el estudio de factibilidad al Congreso, hecho que motivó la junta de dos mil
formas contra el proyecto; en enero de 1992, el diputado de Rio Negro Edgardo
Corvalán afirmaba que ya se estaba construyendo el repositorio y que la CNEA habría
contratado 50 trabajadores para llevar a cabo las tareas (Marc, 1991; Jornada, 1991;
Río Negro, 1992; Crónica, 1992a; La Nación 1992a; 1992b). Adicionalmente, se
señalaba que una caravana de 70 camiones había atravesado la provincia de
Chubut en dirección a Gastre (Crónica, 1992b). Mientras los rumores fueron
desmentidos por CNEA, los pobladores de la zona, y eventualmente el propio
Corvalán
8
, la veracidad de esas afirmaciones resultaba difícil de justificar en función
de la realidad política y material que la CNEA atravesaba luego de 1991. Sitiada por la
amenaza de una posible privatización de las centrales nucleares, y con un
presupuesto cada vez más reducido, casi todos los proyectos de la institución
comenzaron a padecer dificultades económicas y serias demoras en sus
cronogramas.
La reforma constitucional y el cierre formal del proyecto
(1994-1997).
8
Respecto de los supuestos camiones transitando hacia Gastre, Corvalán señaló: “Creo que el
periodista del diario El Chubut tomó un comentario mío para armar una aventura sensacionalista” (Rio
Negro, 1992).
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Durante la década de los 90, el contexto internacional continuó siendo poco propicio
para la generación nucleoeléctrica en general. Sin embargo, en América Latina,
dicho obstáculo se encontró asociado a la recesión productiva y la retirada del
Estado más que a los movimientos de protesta de las agrupaciones ambientales. De
hecho, la preocupación por la atmósfera y el calentamiento global hacia el final del
período comenzaban a sugerir un posible relanzamiento del sector tras el cambio de
siglo.
En Argentina, la adopción casi indiscutida del modelo neoliberal y la influencia
del “modelo británico” configuró un contexto sumamente adverso que se expresó en
el proyecto de privatización lanzado a mediados de la década. En el plano local
dicha opinión fue compartida por gran parte del Ministerio de Economía tras el
ingreso de Cavallo como ministro y el think tank de la Fundación Mediterránea.
Estos grupos veían con desaprobación las inversiones públicas “de riesgo”
desembolsadas para el Programa Nuclear, las cuales solo podían ser política y
económicamente redituables en el largo plazo. Por otra parte, comenzaba a resultar
evidente que continuar con las obras nucleares requeriría mayores fondos de los
previstos inicialmente. A pesar de que CNEA no padecía las mismas dificultades que
afectaban al resto del sector eléctrico, la alternativa de la privatización fue barajada
como posible “solución” al problema. Sin embargo, el decreto resultante dejó en
evidencia que no se trataba de un plan estratégico en el largo plazo: más bien,
respondía al pragmatismo propio de la gestión menemista, impulsada por la urgencia
económica y la necesidad de acercar posiciones hacia los Estados Unidos. La firma
del Tratado de No Proliferación en 1995 y la reducción de los presupuestos
institucionales tras el decreto de privatización pueden leerse en este sentido
(Rodríguez, 2015).
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En principio, la normativa elaborada por Cavallo y la Fundación Mediterránea,
reorganizaba las funciones de CNEA en distintas unidades —generación, regulación e
investigación— a fin de facilitar el traspaso a la esfera privada. El resultado, serían
tres instituciones: una Sociedad Anónima (Nucleoeléctrica Argentina SA) con
totalidad de acciones en el Estado Nacional que operaría las Centrales Atucha I y
Embalse y se encargaría de la construcción, puesta en marcha y operación de la
Central Atucha II hasta la privatización; un ente Regulador (ENREN, luego ARN) que
funcionaría de forma autárquica y se encargaría de fiscalizar y regular la actividad; y,
finalmente, la CNEA original, que solo retendría las funciones de formación de
recursos humanos, investigación y desarrollo de tecnologías.
La CNEA original —o “residual”— era reestructurada en torno a las actividades
de desarrollo de ciencia y tecnología. De esta forma, en adelante solo se abocaría a
la formación de recursos humanos, la provisión de materiales fisionables, insumos y
materias primas, el desarrollo de reactores de baja potencia, la gestión y disposición
final de los residuos radiactivos y desmantelamiento de instalaciones radiactivas
relevantes y los usos y efectos de las radiaciones (CNEA, 1995a: 3).
Una de las consecuencias más decisivas y permanentes de la reestructuración
del sector, se relaciona con la separación de la nucleoelectricidad respecto de las
actividades de CNEA. De esta forma, mientras que la institución perdía los ingresos
derivados de la venta de energía, las centrales en operación quedaban en un plano
de subsidiaridad respecto del resto de la matriz energética y los objetivos
estratégicos eran absolutamente relegados. Adicionalmente, el retiro del Estado y la
liberalización del precio de la energía se transformarían en grandes obstáculos para
la ampliación del parque nucleoeléctrico en el futuro: sin ir más lejos, la generadora
NASA ni siquiera podía permitirse costear los servicios de asistencia adeudados a
CNEA a través del canon establecido.
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Esta situación se reflejaba directamente en la cuestión del tratamiento de
residuos radioactivos. Si bien la nueva legislación establecía que el operador de las
centrales de generación nucleoeléctrica debería aportar a un Fondo de Retiro de
Servicio de Centrales Nucleares y a un Fondo de Repositorios Finales de residuos
nucleares de alto nivel, dichas cajas jamás se efectivizaron.
Fue en este contexto adverso en que se produjo la última gran movilización en
contra de Gastre y el cierre definitivo del proyecto. Tras la reforma constitucional de
1994, las organizaciones ambientalistas y otros grupos de interés habían logrado
incorporar el artículo 41 mediante el cual: “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional
de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos” (Ley 24430). La
cláusula fue una consecuencia directa de las acciones colectivas de protesta
emprendidas por el movimiento antinuclear –vinculadas a ONGs como MACH, FUNAM
o Greenpeace–, y un ejemplo de los logros de estas agrupaciones en Argentina
(Piaz 2015: 122). En este sentido, también es importante destacar que en ese
entonces varias naciones con desarrollo nuclear habían incluido en su cuerpo
normativo legislaciones que prohibían expresamente la importación y la exportación
de residuos radiactivos.
Mientras tanto, la CNEA lidiaba con la difícil tarea de reorganización post-
reforma. En 1995 se elaboraron proyectos para la gestión de Residuos Radiactivos
de baja, media y alta actividad. Los esfuerzos se orientaron especialmente en la
gestión de los residuos de baja y media radiactividad, tarea que la institución había
realizado ininterrumpidamente desde fines de los 50. Respecto de los residuos de
alta radioactividad, el Plan de Actividades de 1996, señalaba que se incluiría la
instalación de un repositorio, sin lugar a definir, antes del 2015 y por un monto de
400 millones de dólares (CNEA, 1995b).
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Por otra parte, la CNEA asesoró al Poder Ejecutivo en la elaboración de la Ley
Nacional de Actividad Nuclear (CNEA, 1996; 1997). La Ley de Actividad Nuclear se
discutió y aprobó en diputados en 1996 y, a grandes rasgos, reafirmaba los
principales lineamientos del proyecto privatista bosquejado en 1994 (Ley 24804).
Para entonces, las centrales no habían despertado el interés del sector privado y
continuaban funcionando bajo un sistema de gestión estatal transitorio (Rodríguez,
2020). En cuanto a la cuestión del repositorio, en sus artículos 11 y 12 prescribía
que la CNEA sería la encargada de proponer la localización de este. Además,
señalaba que los lugares de emplazamiento de las plantas de tratamiento de los
residuos radiactivos y de los correspondientes repositorios temporarios y definitivos
que ya se encontraban en funcionamiento no requerirían autorización especial
legislativa de ningún tipo. Según señala Javier Rodríguez Pardo, en el texto
originalmente discutido se contemplaba que:
De no llegarse a un acuerdo con la provincia en cuyo territorio se propusiese la localización de
su emplazamiento, el Poder Ejecutivo Nacional remitirá los antecedentes a una comisión
bicameral del Congreso de la Nación que se constituirá a tal efecto, la que deberá expedirse
sobre la localización definitiva, siendo ello vinculante para las partes intervinientes (Rodríguez
Pardo, 2006: 99).
Ese aspecto de la Ley despertó una importante reacción en la ciudadanía y los
medios. Esta vez, el argumento sobre la supuesta licitación y posterior
arrendamiento del repositorio a otros países fue el eje que más fuerza cobró en la
protesta. El 18 de junio de 1996 fue testigo de la masiva movilización en rechazo a
repositorio nuclear, que los medios bautizaron “Marcha bajo la Nieve”. Para
entonces, el poblado de Gastre se inundó con casi 2000 manifestantes provenientes
de Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Esquel, Bariloche e Ingeniero
Jacobacci que colmaron el lugar. La marcha contó con vecinos, estudiantes,
diputados nacionales, el gobernador, el presidente del Movimiento Antinuclear
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Chubutense, el intendente, entre otros (Dichdji 2018; Brualla 2006). Entre los
colectivos ecologistas se destacaron el MACH, la Sociedad Ecológica Regional, la
Fundación Patagonia Natural, miembros de RENACE, la Fundación para la Defensa
del Ambiente (FUNAM) y la filial argentina de la ONG internacional Greenpeace (Piaz
2015).
Por entonces, Jame Pahíssa Campa, del directorio de CNEA, afirmó que se
estaba analizando la posibilidad de construir un repositorio para el 2003, aunque el
lugar no estaba definido aún. Según el funcionario, “para ello es necesario no solo la
determinación de las condiciones del suelo o del régimen de lluvias sino el diálogo
con las fuerzas vivas de la zona”. Ante estas declaraciones, Raúl Montenegro de la
Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) señaló que Córdoba y Santiago del
Estero serían ubicaciones potenciales (El Chubut, 1996). En un comunicado del 30
de Julio, la CNEA confirmó que había un proyecto de repositorio en carpeta en el
largo plazo, pero desmentía la elección de otras provincias (Crónica, 1996).
De todas formas, como resultado de dicha movilización, el proyecto de Ley
original fue finalmente modificado. A partir de entonces, el repositorio debía contar
con la aprobación de la Autoridad Regulatoria Nuclear y la aprobación por ley del
estado provincial donde se había propuesto la localización. La Ley vio la luz en abril
de 1997, luego de haber pasado por la Cámara de Senadores.
A partir de entonces, la CNEA decidió finalmente su retiro oficial de Sierra del
Medio por Resolución Interna Nro. 2/97 y la clausura del Proyecto Gastre (Brualla
2006). La normativa terminó de complementarse al año siguiente con el Régimen de
Gestión de Residuos Radiactivos, que establecía los instrumentos básicos para la
gestión adecuada y reemplazaba el Fondo de Repositorios establecido en 1994 por
un Fondo para la Gestión y Disposición Final de los Residuos Radiactivos que
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debería constituirse con los aportes de los generadores de residuos radiactivos (Ley
25018).
Epílogo y Conclusiones
A partir de lo expuesto es evidente que el fracaso del proyecto Gastre se puede
explicar por una multiplicidad de factores que se articulan pero que no se agotan en
la resistencia civil. En primer lugar, incluso con anterioridad a las movilizaciones de
1986 y 1996, los problemas económicos y presupuestarios que la CNEA enfrentaba
habían puesto en jaque la realización del repositorio. Ante la ausencia de
mecanismos sólidos de financiamiento, el proyecto dependía únicamente de las
asignaciones del Tesoro, las cuáles comenzaron a mermar luego de 1982. A
diferencia de lo que sucedía en otros países, en dónde los operadores de centrales
nucleares deben financiar un fondo de retiro y la disposición final de los residuos, la
Argentina no se posicionó al respecto hasta bien entrada la década de 1990, y aun
así, los fondos previstos jamás se efectivizaron.
En segunda instancia, es evidente que el repositorio no fue considerado una
prioridad dentro del esquema general delineado en el Plan Nuclear de la dictadura.
En un contexto en el cual la Argentina era acusada por los medios internacionales de
fabricar bombas nucleares en secreto, la instalación de Gastre fue más bien una
estrategia para mostrar al resto del mundo el carácter “responsable” del Programa
Nuclear y su carácter pionero frente a las grandes potencias. De la misma forma,
tras el retorno de la democracia, las autoridades de CNEA continuaron señalando una
y otra vez su carácter secundario. Esas declaraciones se fundaban en el argumento
técnico del enfriamiento del combustible, pero, también, se reforzaba en la medida
en que las nuevas centrales nucleares se esfumaban de la planificación energética.
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En tercera instancia, es evidente que en la medida en que el Plan Nuclear
original asistió a un lento proceso de desintegración durante la década de 1980 y
tras la reforma de 1994, el proyecto del repositorio fue perdiendo su sentido original.
El cierre de la planta de reprocesamiento y el abandono de la planificación de
centrales nucleares de potencia jugaron un papel importante a la hora de determinar
la prioridad del proyecto Gastre. De esta forma, la falta de avances del proyecto
luego de 1984 puede explicarse también a través de estas circunstancias.
Finalmente, es importante destacar que uno de los principales argumentos
esgrimidos por el movimiento antinuclear fue la supuesta internacionalización del
repositorio. Si bien esa posibilidad es imposible de documentar a través de las
fuentes disponibles, resulta interesante que varios miembros de la propia CNEA
hayan hecho referencia al arriendo del repositorio en un futuro más o menos lejano
como forma de “capitalizar” la experiencia. Aun así, las fuentes oficiales corroboran
que el anteproyecto estudiado por CNEA nunca fue más allá de las necesidades
específicas del Programa Nuclear argentino. Es en este punto que la ausencia de
una estrategia adecuada de comunicación en CNEA, sumada a la reticencia de
establecer el tema como debate público con la participación de la comunidad
científica y la sociedad, resultaron determinantes para despertar la oposición civil.
De esta forma, las hipótesis planteadas contribuyen a esclarecer algunos
aspectos que no han sido trabajados por la historiografía nacional. Además, resaltan
una diferencia sustancial en comparación con los fracasos de repositorios en países
centrales. En esos casos, la resistencia de la comunidad civil, basada en
preocupaciones ambientales, de salud y seguridad, fue capaz de influir en las
políticas públicas y en la toma de decisiones, incluso en contextos donde los
gobiernos y las entidades responsables del manejo de residuos nucleares habían
implementado una planificación sólida y mecanismos de financiamiento estables.
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En cambio, el fracaso del proyecto Gastre se debe a una combinación de
factores que van más allá de la conformación de movimientos de resistencia. La falta
de financiamiento adecuado, la baja prioridad otorgada al repositorio dentro del Plan
Nuclear, y la desintegración progresiva del programa nuclear argentino durante las
décadas de 1980 y 1990, fueron elementos clave que condicionaron el destino del
proyecto. Además, la falta de transparencia y una deficiente estrategia de
comunicación por parte de la CNEA exacerbaron la oposición social, convirtiendo lo
que pudo haber sido un debate técnico en un conflicto público. Así, el proyecto
Gastre naufragó en una encrucijada de circunstancias económicas, políticas y
sociales que impidieron su realización.
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Artículo recibido el 28 de diciembre de 2023
Aprobado para su publicación el 5 de mayo de 2024
