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DOI: https://doi.org/10.48160/18517072re56.225
Sustentabilidad, género y políticas públicas.
Reflexiones en torno a prácticas de agroecología en
el partido de General Pueyrredon
Celeste Molpeceres*
Mariana González Insua**
Victoria Cabral***
Gisela Kaczan****
Resumen
En los últimos años, numerosas políticas públicas incorporan entre sus preceptos las
nociones de sustentabilidad y de perspectiva de género. No obstante, la ausencia de
lineamientos teóricos que acompañen las mismas conlleva, en muchos casos, a dotar
dichos instrumentos de versatilidad, ambigüedad y, en ocasiones, idealización. El
presente artículo reúne reflexiones preliminares respecto a las nociones de
sustentabilidad y perspectiva de género en la producción agroecológica del partido de
General Pueyrredon a fin de aportar insumos para re pensar el diseño de políticas
públicas. Esta perspectiva posibilita abordar las múltiples dimensiones y
desigualdades aportando a los procesos de innovación desde su carácter social,
político y situado. A modo de ejemplo, se indaga en una de las dimensiones
* CESP / UNMdP / CONICET. Correo electrónico: mcmolpeceres@yahoo.com.ar
** IHAM / UNMdP / CONICET. Correo electrónico: gonzalezinsuamariana@gmail.com
*** IHAM / IIMYC / UNMdP / CONICET. Correo electrónico: vickycabral17@gmail.com
**** CIPADI / UNMdP / CONICET. Correo electrónico: gisela.kaczan@gmail.com
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considerando el vínculo entre espacio y artefactos y las soluciones propuestas por
grupos sociales relevantes.
Palabras clave
SUSTENTABILIDAD; GÉNERO; POLÍTICAS PÚBLICAS; ARTEFACTOS
Introducción
En consonancia con las propuestas comprendidas en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) enunciados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la
Agenda 20301, en los últimos años resulta frecuente a nivel internacional la
incorporación de las nociones de sustentabilidad y de perspectiva de género en el
diseño de políticas públicas, situación que se ha visto reforzada durante la pandemia
por Covid-19.
Arribar a los ODS requiere de políticas que promuevan un desarrollo sostenible y
contextualizar los acuerdos internacionales a las realidades nacionales y locales. Las
políticas públicas deben integrar aspectos como el ambiente, la salud, la economía, la
1 En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible celebrada en 2015, los Estados Miembros de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
tendiente a disminuir la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio
climático, estableciendo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De acuerdo a la ONU, estos
objetivos constituyen los desafíos de nuestro tiempo (Wood et al., 2018) y comprender sus
interacciones puede contribuir a definir y priorizar las opciones de políticas más efectivas (Reyers et al.,
2017). Entre ellos se destaca el ODS 5 asociado a la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres.
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educación, la cultura, entre otras (Manzanares Gardemendia, 2020). Dado que las
problemáticas que abordan los ODS son complejas y globales, resulta necesaria una
perspectiva que las considere sin descuidar las características nacionales, regionales
y globales.
Desde los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, las políticas públicas
desempeñan un papel central en los procesos de cambio social. Demarcan posiciones
y conductas de los actores, condicionan estructuras de distribución social, costos de
producción, acceso a bienes y servicios, generan problemas sociales y ambientales,
facilitan o dificultan su resolución (Thomas, 2012: 26). Coincidimos en que las políticas
no son neutrales. Tecnologías y políticas se co-construyen. Desde esta perspectiva,
las políticas son parte constitutiva de todas las dimensiones tecnológicas y las
tecnologías siempre condicionan las políticas: su alcance, escala, contenido y
condición de viabilidad. Por ende, todas las tecnologías son políticas y todas las
políticas son tecnológicas (Thomas et al., 2021).
Atendiendo a este marco de referencia, el presente artículo indaga en el vínculo
sustentabilidad - género en la producción agroecológica del partido de General
Pueyrredon a fin de aportar insumos para el diseño de políticas públicas. Este trabajo
reúne reflexiones preliminares en torno a este vínculo, considerando principalmente
la hipótesis de que para proyectar prácticas de agroecología sustentable es necesario
incorporar la dimensión de género de manera transversal, tanto en las prácticas de
producción como en los organismos vinculados al diseño de políticas públicas para el
sector. Para ello, optamos por una metodología mixta y un trabajo de tipo
interdisciplinario que favorece un abordaje atento a múltiples dimensiones de análisis.
En esta línea, se recupera un marco analítico que articula conceptos centrales de la
sustentabilidad y de los estudios de género con conceptos de la sociología de la
tecnología, en especial del análisis socio-técnico (Thomas, 2008a; 2008b; 2009), que
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postulan que las tecnologías son construidas socialmente y las sociedades son
construidas tecnológicamente (Bijker, 1995; Thomas, 2008).
Los análisis de género son una parte importante de los estudios sociales de
ciencia y tecnología, su incorporación permite ampliar los temas de investigación e
innovar las metodologías de trabajo. Ayuda a una mejor comprensión de la naturaleza
de estos campos, sus procesos de producción, su relación con la sociedad y sus nexos
con el poder de formas diversas. En este sentido, pueden mostrar el modo en el que
las teorías científicas o los diseños tecnológicos pueden reflejar sesgos de género de
forma inadvertida, o argumentando que la práctica científica siempre es situada
(González y Fernández Jimeno, 2016).
Para dar respuesta al objetivo propuesto, en una primera parte del artículo se
presentan orientaciones teórico-metodológicas, destacando conceptos del enfoque
socio-técnico útiles para reflexionar respecto al diseño de políticas. Seguidamente, en
el marco de la producción agroecológica se abordan algunas cuestiones sobre la
sustentabilidad y los estudios de género, aportando elementos para re pensar el
diseño de políticas públicas, al tiempo que se integran la dimensiones de espacios y
artefactos para poner en diálogo la teoría con el estudio de caso: las prácticas
desarrolladas por los productores familiares agroecológicos2 del partido de General
Pueyrredon, a la luz de los resultados obtenidos en el relevamiento de campo. Por
2 Asociado a los ODS, el término género ha permeado más intensamente la literatura académica y los
proyectos relacionados con la agroecología. Dicha vinculación se asocia especialmente al vínculo entre
el ODS 2, que apunta a terminar con todas las formas de hambre y desnutrición, el ODS 12, que focaliza
en las prácticas productivas y de consumo responsables, con el objetivo de lograr una gestión
sostenible y uso eficiente de los recursos y el ODS 5 que tiene como finalidad lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
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último, se presentan una serie de reflexiones finales que pretenden abrir nuevas
perspectivas de análisis.
Orientaciones teóricas
A fin de ofrecer herramientas teóricas que integren las nociones de sustentabilidad
desde la perspectiva de los estudios de género como insumos para el diseño de
políticas, resulta necesario superar las visiones deterministas y lineales que
presentan, en general, una reducción de las causas y sus efectos, descuidando
numerosos aspectos significativos del proceso. En este sentido, el presente artículo
propone un marco analítico que articula conceptos centrales de la sustentabilidad y
de los estudios de género con conceptos de la sociología de la tecnología, en especial
del análisis socio-técnico (Thomas, 2008a; 2008b; 2009), que postula que las
tecnologías son construidas socialmente y las sociedades son construidas
tecnológicamente (Bijker, 1995; Thomas, 2008).
Como punto de partida se identificaron grupos sociales relevantes (GSR). Este
concepto remite a instituciones, organizaciones, grupos de individuos que comparten
un conjunto de significados y relaciones problema-solución. Los distintos GSR definen
si las tecnologías y las regulaciones funcionan o no, de acuerdo a si cumplen o no con
sus objetivos o propósitos. Bijker (1995) sostiene que el “funcionamiento” es una
contingencia que se construye social, tecnológica, política y culturalmente. Así, el
“funcionamiento” o “no funcionamiento” es una relación y es resultado de un proceso
de construcción socio-técnica en el que intervienen elementos heterogéneos:
sistemas, conocimientos, regulaciones, materiales, financiamiento, prestaciones,
entre otros. Según Bijker (1995), la existencia de significados diversos que son
atribuidos a un artefacto por parte de los distintos GSR es un indicio de la “flexibilidad
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interpretativa” del mismo en un tiempo y lugar determinados. Esta flexibilidad
interpretativa aumenta o disminuye a medida que se negocian, discuten, consensuan
o imponen diferentes significados. No se trata de una condición estable.
Asimismo, la continuidad o discontinuidad de la condición de funcionamiento se
sustenta en la articulación de alianzas socio-técnicas estables (Thomas, 2008). Una
alianza socio-técnica es, entonces, una coalición de elementos heterogéneos
implicados en el proceso de “funcionamiento o no funcionamiento” de un artefacto o
una tecnología.
Las políticas públicas, como las demás tecnologías, son construidas por la
acción de los distintos GSR, quienes a su vez definen si aquellas funcionan o no, de
acuerdo a si cumplen o no con sus objetivos o propósitos. De acuerdo con Tamayo
(1997), las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que
lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento
determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. En este
estudio las políticas públicas -en tanto cursos de acción-, tienen una composición
heterogénea: están compuestas por leyes, normativas, programas.
En el marco de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, la tecnología
es un objeto inherentemente social y, por lo tanto, es político. A su vez, la política
puede ser entendida como una tecnología de organización social y de intervención
sobre la sociedad (Serafim y Diaz, 2010). Asimismo, con mayor o menor visibilidad,
todas las tecnologías son políticas y están orientadas a controlar alguna dimensión de
las prácticas sociales, procesos, conductas o espacios del entramado social.
El análisis de política pública en términos de proceso posibilita la comprensión
de cómo los actores definen los problemas y las agendas de política pública, cómo se
formulan estas, cómo se toman las decisiones y cómo se validan las decisiones e
implementan las acciones (Parsons, 2007). En el análisis de la construcción de
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políticas, se explora cómo se definen los problemas públicos. Blumer (1971) sostiene
que los problemas sociales son el resultado de un proceso de definición colectiva
liderada por algunos actores, mientras, Gusfield (1981) se interroga acerca del
carácter público de los problemas sociales. Ya no se trata solo de una competencia
entre definiciones postuladas sobre algo que es concebido como problema, sino que
la naturaleza pública de ese “problema” también está abierta a diversas maneras de
concebir su “solución”.
Esas vías de alcanzar consenso en torno al binomio “problema-solución” que
logra imponerse e instalar la problemática en la agenda de políticas públicas, ponen
en juego intereses y objetivos de cada GSR. El reconocimiento de la existencia de un
problema entre muchos otros o de determinada definición entre otras posibles del
problema, plantea entonces la cuestión de las arenas en las que ese problema se
desarrolla y de cómo opera un proceso de selección. La idea de “arena pública” puede
verse como un espacio conflictivo en el que emergen los problemas y donde se
desarrollan tensiones entre los GSR con distinto poder para imponer sus definiciones
o conducir acciones respecto de este. La imagen de arena es operativa desde lo
simbólico, permite pensar en un espacio inestable, que puede transformarse y que
está en constante redefinición. Estas actividades que motorizan determinados grupos
para hacer prevalecer una definición o un problema entre otros, buscan al mismo
tiempo, lograr la adhesión de otros GSR.
Asimismo, se hace referencia a la dimensión política, a través del concepto de
poder. Según Bijker (1995), la mayoría de los análisis sociológicos son vagos en las
explicaciones acerca de las relaciones entre poder y conformación de la tecnología.
Por lo tanto, para la inclusión de una definición de poder acorde a su marco analítico,
propone entenderlo como una capacidad, tal como encuentra en la contribución de
Giddens (1979): poder como la capacidad de transformar a su servicio la agencia de
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otros para satisfacer sus propios fines. “Poder, por lo tanto, es un concepto relacional
que concierne a la capacidad de los actores de asegurar resultados cuando la
realización de esos resultados depende del agenciamiento de otros” (Giddens, 1979:
93). El énfasis en la capacidad transformativa respecto de los servicios de otros
subraya el aspecto relacional. Dado que poder es un concepto relacional, es ejercido
antes que poseído. El poder es algo ubicuo y presente en las relaciones e
interacciones. Tomando el poder como una capacidad resulta más fácil analizar a las
interacciones como gobernadas por algo más que estrategias conscientes (Bijker,
1995).
En este panorama, resulta útil considerar la noción de interseccionalidad política3
que permite entender cómo las estrategias políticas que sólo se centran en una
dimensión de desigualdad marginan de sus agendas a aquellos sujetos y/o grupos
cuya situación de exclusión responde a la imbricación de diversos sistemas de
opresión. Dichas estrategias, a la vez, reproducirían y reforzarían aquellos sistemas
de poder que actúan articuladamente al no dar cuenta de la heterogeneidad interna
de los grupos sociales (Cubillos Almendra 2015: 122). Esta mirada alerta sobre lo
3 Vale aclarar que el concepto de interseccionalidad desde los estudios de género fue propuesto por
Crenshaw (1989) con el fin de demostrar cómo hay un sistema de estructuras de opresión, múltiples y
simultáneas, en las que la raza y el género interactúan en las formas de discriminación de las mujeres
negras. La propuesta es amplia y no acabada aún por las autoras que la emplean (Moraga y Anzaldúa,
1981; Hooks, 1984; Hill Collins, 1990/2000) y es muy valiosa porque permite visibilizar los efectos
simultáneos de discriminación que pueden generarse en diferentes contextos porque la opresión tiene
varios vectores, como la raza, la clase, la corporalidad, el género, entre muchos. A través de ella se
pueden interpretar de otra forma los sistemas de opresión ya que aporta nuevos matices y variantes
para repensar estrategias de dominación y dimensiones de desigualdad. Los sistemas de dominación
se dan interseccionalmente (Kaczan y González, 2020).
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perjudicial de concebir categorías cerradas, dicotómicas y homogeneizantes, y cómo
desde ahí se contribuye a la reproducción de relaciones de dominación (Cubillos
Almendra 2015: 130 - 131).
En este sentido, se presenta como un desafío incorporar la dimensión territorial
en las decisiones de política pública. De acuerdo con Carrozza y Brieva (2020),
debemos tomar como central la dimensión territorial de la política y particularmente
cómo la misma se materializa. Si consideramos el territorio como una tecnología
política y un espacio de disputa, la inclusión de esta dimensión en los procesos de
planificación y evaluación se convierte en la única forma de avanzar en dinámicas
virtuosas en el diseño de políticas.
Resulta valioso incorporar este enfoque de análisis a la discusión sobre
sustentabilidad y perspectiva de género en un territorio particular, porque
consideramos que constituye un insumo para potenciar estrategias posibles en el
diseño de políticas públicas más plurales e inclusivas.
Sobre sustentabilidad, en su génesis, la noción parte de una concepción
ecológica que hace referencia a la posibilidad de un ecosistema de mantenerse en el
tiempo y está relacionada con el concepto de resiliencia, propiedad básica en la
gestión ambiental de desarrollo (Gómez Orea, 1999: 39). Sin embargo, a partir del
informe Brundtland en 1987, el concepto sustentabilidad aplicado al desarrollo, amplía
su carácter y considera además de la dimensión ecológica, la social. A partir de allí,
se comienza a configurar la definición más difundida del desarrollo sustentable,
entendiéndose como aquel que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias
(Gallopín, 2003: 23). Riechman (1995) sostiene que, desde ese informe, el concepto
de desarrollo sustentable se generalizó como un objetivo social deseado por el mundo
en su conjunto. En este punto, Foladori y Tommasino (2005) ponen en discusión la
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perspectiva técnica de la sustentabilidad, dado que apunta a la relación de los seres
humanos con actores no humanos (como la tierra). En este sentido, los mismos
autores proponen que las discusiones en torno a la sustentabilidad apunten a resolver
problemas sociales, más que técnicos. Por su parte, Guimarães (1994) desde una
crítica al tinte neoliberal del concepto de sustentabilidad, señala que en América Latina
no se han registrado avances significativos en la resolución de problemáticas que
afectan al ambiente. Por el contrario, se registran programas de ajuste estructural,
reducción del gasto público y apertura a las inversiones extranjeras que permiten
cuestionar las ambigüedades tanto prácticas como discursivas del desarrollo
sustentable.
De manera complementaria, desde la economía feminista (Carrasco, 2009;
Herrero, 2015), se ha propuesto el concepto de sostenibilidad de la vida. La noción es
utilizada para hacer referencia a una lucha contra todas las violencias que, en el marco
del capitalismo, atentan contra la vida humana y no humana (Gutiérrez, 2018). En este
plano, el concepto denuncia en un mismo nivel a las violencias y a la destrucción que
producen determinadas relaciones de subordinación tanto en cuerpos o prácticas
feminizadas como en la naturaleza o el ambiente. La idea de sostenibilidad de la vida,
pone un énfasis mayor en la crítica a la histórica división sexual del trabajo en las
sociedades capitalistas. El concepto apunta a señalar al trabajo reproductivo y de
cuidados como fundamentales para la reproducción del sistema capitalista (Federici,
2004) y, a la vez, para la vida misma: son las tareas de cuidado las que permiten
sostener la vida humana en el tiempo (las que garantizan la sostenibilidad de la vida).
Sin ellas, no es posible ni la vida, ni la acumulación capitalista.
Para Carrasco (2009: 183), dicho concepto está asociado a un proceso histórico
de reproducción social, un proceso complejo, dinámico y multidimensional de
satisfacción de necesidades en continua adaptación de las identidades individuales y
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las relaciones sociales, un proceso que debe ser continuamente reconstruido
(Carrasco, 2001; Addabbo y Picchio, 2005; Picchio, 2005). Un concepto que permite
dar cuenta de la profunda relación entre lo económico y lo social, que sitúa a la
economía desde una perspectiva diferente, que considera la estrecha interrelación
entre las diversas dimensiones de la dependencia y, en definitiva, que plantea como
prioridad las condiciones de vida de las personas.
En relación a lo expuesto, Gudynas (2002) señala la expresión política de la
sustentabilidad, entendiendo a ésta en un sentido amplio como una discusión pública
y plural, en donde la incorporación de las visiones e intereses de los distintos actores
en juego adquiere relevancia. En este sentido, el autor postula la necesidad de
fortalecer la participación ciudadana en los espacios políticos necesarios para la
sustentabilidad.
Por su parte, sobre los estudios de género, y siguiendo a Scott (1986; 1999) se
entiende que el género es el elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas
en las diferencias que distinguen los sexos y como una forma primaria de relaciones
significantes de poder. Organiza las relaciones y define el comportamiento, las
funciones, oportunidades y valoración de mujeres y varones en una sociedad
históricamente determinada; se transmiten de generación en generación y se van
modificando en el tiempo (Ruiz Bravo, 2003). Se trata de una construcción social
dinámica y contradictoria, que deviene articulada con otras (Cubillos Almendra 2015:
130). Se basa en símbolos, mitos, costumbres, normas, instituciones, organizaciones
sociales e identidades tanto individuales como grupales y son la base y el sustento de
las nociones de feminidad y masculinidad, así como de sus discursos asociados. Se
trata de guiones y pautas que intentan marcar no sólo la conducta sino también las
maneras de pensar, sentir y actuar (Ruiz Bravo, 2003). Por su parte, Butler (2007)
repiensa la noción de género y desestabiliza conceptos como mujer y varón para
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mostrar de qué manera la realidad socio-cultural los sujeta discursivamente,
produciendo sus cuerpos en y dentro de las categorías de sexo binario, originario y
naturalizado, así la heterosexualidad es “una rejilla de inteligibilidad cultural a través
de la cual se naturalizan cuerpos, géneros y deseos” (Butler, 2007: 292). Siguiendo a
Butler un cuerpo no es una condición estática, sino que es resultante de un proceso
donde las normas reguladoras materializan el "sexo" a partir de la reiteración forzada
de esas normas.
De acuerdo a estas ideas, no existe una predisposición “natural” para que las
mujeres realicen determinadas actividades y los varones otras; se trata más bien de
un condicionamiento social que se aprende y, por lo tanto, se pueden modificar. No
obstante, las oposiciones binarias han estado -y siguen estando- en el centro de los
cuestionamientos, pues lo femenino se asocia con la emoción, el cuerpo y lo privado;
mientras la racionalidad, la mente y lo público quedan instituidos dentro de los
dominios de la masculinidad (Soto Villagrán, 2013).
Los siguientes apartados pondrán en diálogo las nociones presentadas hasta
aquí.
Estructura metodológica
En cuanto a la estrategia metodológica, este trabajo se basa en una investigación de
tipo exploratorio y de carácter mixto. Para ello, en una primera etapa se recopiló,
sistematizó y analizó información secundaria disponible en organismos e instituciones
públicas y privadas relacionados a la actividad. Al mismo tiempo, se generó
información primaria a través de entrevistas exploratorias a funcionarios locales, por
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un lado, y mediante la estrategia de muestreo “bola de nieve”4, a productores
agroecológicos familiares5 del cinturón frutihortícola del partido de General
Pueyrredon. Se propuso utilizar la entrevista como “herramienta para excavar” (Taylor
y Bodgan, 1994) lo cual posibilitó conocer la actividad desde los propios actores, qué
problemas enfrentan a diario, dificultades o necesidades que vislumbran. Las
entrevistas se realizaron en pares de entrevistadores, donde uno se encargó de tomar
notas y otro del rapport con el entrevistado. Cabe destacar que a través de esta técnica
no se busca representatividad estadística, sino el rescate y profundización de lo
aprehendido por los actores a partir de sus experiencias concretas.
Posteriormente, se aplicó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas que
incluyó los siguientes ejes: i) aspectos sociodemográficos, ii) características del
sistema productivo, iii) vínculo artefactos y escenarios, iv) evaluación de experiencias
con políticas destinadas al sector y v) vínculo entre el trabajo que realiza y las
dolencias o enfermedades que padece. Esta herramienta se nutre del trabajo de
campo realizado en instancias previas de investigación (Molpeceres et al., 2020;
Rouvier et al., 2020; del Río, 2021; Molpeceres, 2022).
Para arribar al objetivo planteado, se toman en consideración diversas
experiencias de agroecología en el partido de General Pueyrredon, ubicado al sudeste
de la provincia de Buenos Aires. A grandes rasgos, se trata de productores familiares
4 La metodología “bola de nieve” consiste en la detección de unidades muestrales a través de redes
directas e indirectas del investigador y el objeto de estudio (Baltar y Gorjup, 2012).
5 Respecto a su característica como agroecológicos, estos productores convergen en el común rechazo
al uso de agroquímicos, aunque se identifican prácticas heterogéneas, de manejo, comercialización y
consumo. Respecto a su condición de productores familiares, de acuerdo con Apablaza (2020), desde
la política pública toman como base de tipificación dos características fundamentales: la superficie
reducida de la tierra y el uso de trabajo.
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frutihortícolas, de hierbas medicinales y aromáticas para la elaboración de cosmética
natural y apicultores a escala comercial. Si bien se trata de un grupo de actores
heterogéneo, que en parte ha sido caracterizado en estudios previos (Molpeceres et
al., 2020, Molpeceres y Zulaica, 2020), todos convergen en la elección de la
agroecología tanto como forma de producción como de vida.
La información obtenida fue codificada en una matriz para facilitar su análisis.
Para ello, los actores relevados fueron agrupados en cuatro Grupos Sociales
Relevantes (GSR). Los GSR identificados a partir del trabajo de campo y sobre los
cuáles se realiza el análisis, son los denominados: A. productores fruti-hortícolas; B.
productores fruti-hortícolas neorrurales; C. productores de hierbas aromáticas y
medicinales para cosmética y apicultores -todos ellos a escala comercial- y; D.
funcionarios. El GSR A está conformado mayoritariamente por migrantes y/o
descendientes de familias provenientes de Bolivia, poblaciones que históricamente
han sufrido las consecuencias de un sistema colonial, racista y patriarcal (Suarez,
2021). Se trata en general de un conjunto de productores que arriendan la tierra donde
producen y para quienes la producción frutihortícola consiste en la única fuente de
ingresos. El GSR B incluye a pobladores de origen u ocupación urbana, que resuelven
vivir en el campo e influyen en la construcción de otra ruralidad (Feito, 2015). Muchos
de estos horticultores decidieron instalarse en áreas de interfaz urbano-rural para
trabajar la tierra con base en una filosofía revitalizadora de la naturaleza. Este GSR en
general es propietario de la tierra, o la misma es su familia, y cuenta con otras fuentes
de ingresos extra prediales. El GSR C nuclea a productores familiares de hierbas
aromáticas y medicinales, que en algunos casos agregan valor para producir
productos de cosmética natural (como ungüentos o aceites esenciales) y apicultores,
que si bien a pequeña escala, realizan su producción con fines comerciales. El GSR D
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agrupa a distintos funcionarios de instituciones públicas del partido de General
Pueyrredon.
Resultados y Discusión
Sobre la producción agroecológica
En los últimos años se advierte un cambio en las decisiones de política pública en
torno al modelo de producción, especialmente reforzado en la pandemia por Covid-
19. Tanto a nivel nacional como provincial se postula a la agroecología como la
alternativa al modelo convencional de producción -derivado del paquete tecnológico
de la revolución verde-. En este sentido, se generan espacios institucionales
dedicados especialmente al diseño de un plan de acción para promover la
agroecología, como la Dirección Nacional de Agroecología, o el Programa Provincial
de Promoción a la Agroecología (Molpeceres et al. 2020a; Molpeceres, 2022).
Vale aclarar que se optó por una definición de agroecología desde una mirada
holística y sistémica, que no focaliza sólo en las prácticas productivas, sino que
incorpora también los aspectos sociales, culturales, económicos, éticos y políticos,
además de lo ecológico (Sarandón y Flores, 2014; FAO, 2019). De acuerdo con Sevilla
Guzmán (2011) la dimensión política obliga a considerar tanto las relaciones que
operan en las diversas escalas (quinta, comunidad, sociedad local y mayor) como los
actores y sistemas de conocimiento implicados. En la riqueza de este entramado se
buscan las herramientas para potenciar la biodiversidad ecológica y sociocultural en
pos de lograr sociedades sostenibles con políticas que den respuestas operativas. La
actual Dirección Nacional de Agroecología considera que este tipo de producción
promueve el diseño y gestión de sistemas de producción, elaboración,
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comercialización y consumo y económicamente viables, socialmente justos y
ambientalmente sostenibles, caracterizados por una mayor resiliencia socio-ecológica
y orientados a fortalecer el buen vivir de toda la sociedad (DNA, 2022).
El vínculo entre esta última corriente y los estudios de género, se aborda
mayormente desde el ecofeminismo. De acuerdo con Siliprandi y Zuluaga (2014), la
inclusión de la perspectiva de género en la agroecología permite trascender las
soluciones técnicas encaminadas a las prácticas de manejo, para orientarse a la
búsqueda de un modelo de producción alimentaria justa y sostenible. El modelo de
producción y consumo hegemónico y sus consecuencias de deterioro ambiental sitúan
a las mujeres en un espacio de mayor vulnerabilidad y de ahí la necesidad de reforzar
el análisis. Siguiendo con las mismas autoras, repensar el modelo de desarrollo y de
consumo podría conllevar a privilegiar el desarrollo humano, preservando los medios
de vida con mayor equidad. Tradicionalmente, la cuestión se centró en el estudio de
las unidades familiares, sin distinguir géneros en su interior. Sin embargo, no fue sino
hasta que las feministas empezaron a estudiar desde una perspectiva de género las
unidades domésticas de producción, que las mujeres fueron visibles, no solo en la
producción sino en la reproducción de las mismas unidades (Siliprandi y Zuluaga,
2014: 11). Los cuestionamientos desde el campo del feminismo se presentan como
oportunos en pos de superar las desigualdades que operan a partir de las diferencias
sexo-genéricas.
Para el caso del partido de General Pueyrredon, en el marco de casi dos décadas
de controversias en torno al uso de agroquímicos en el periurbano, la administración
local muestra interés por apoyar y promover las producciones agroecológicas, a través
de acciones como el ingreso a la Red Nacional de Municipios y Comunidades que
fomentan la Agroecología (RENAMA) en 2021 y el diseño de una ordenanza municipal
de promoción de la agroecología (Molpeceres et al. 2020a; Molpeceres, 2022).
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En este contexto, y en línea con la propuesta teórica descrita previamente, se
presentan nuevos elementos conceptuales que permiten integrar la sustentabilidad
desde la perspectiva de los estudios de género con los datos obtenidos a partir del
trabajo de campo a fin de reflexionar sobre estas nociones en el territorio del partido
de General Pueyrredon. Para facilitar la lectura, la información se presenta organizada
en tres ejes principales: Sustentabilidad y género; Elementos re pensar el diseño de
políticas públicas; Espacios y artefactos.
Sustentabilidad y género
En las discusiones en torno al uso de agroquímicos en el periurbano hortícola de Mar
del Plata (Molpeceres, 2022), emergen tensiones y controversias (Molpeceres et al.,
2017). Allí, un aparente punto de convergencia entre los distintos actores es la
“sustentabilidad”, defendida como solución ideal para la mayor parte de los actores.
La sustentabilidad se ha constituido como parte integral del discurso político, de los
formadores de opinión y del público en general. Sin embargo, al día de hoy no existe
homogeneidad respecto al sentido que los distintos grupos sociales otorgan al
término. Dado que los diferentes GSR atribuyen distintos sentidos al mismo, existen
elementos “ocultos” dentro de la misma palabra. Esta polisemia de sentidos otorga
funcionalidad a algunos actores, permitiéndoles participar activamente en la
construcción de alianzas, de estrategias y en procesos de distribución del poder
(Zulaica, 2019, Molpeceres y Zulaica, 2020).
En el caso estudiado se identificaron al menos cuatro posturas, con puntos de
encuentro y desencuentro; sin embargo, consideramos que no son las únicas (Figura
1). Dado que la producción agroecológica implica un vínculo particular con la
naturaleza, acoplándose a los ciclos y ritmos naturales y requiere una planificación a
nivel predial, el GSR A, denominado en este estudio “productores frutihortícolas
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agroecológicos” significan las preocupaciones en torno a la sustentabilidad como un
problema de acceso a la tierra y de comercialización. Entendiendo que la única fuente
de ingresos de este grupo es la producción frutihortícola, la posibilidad de acceder a
la propiedad de la tierra resulta urgente, frente a lo que sugieren una especie de
Pro.cre.ar agrícola. En segundo lugar, sortear algunos problemas asociados a la
comercialización también se presenta como un desafío. En estos casos, utilizan
canales de comercialización no convencionales, por fuera de los mercados
concentradores, a través de canales cortos o mercados de cercanía. Allí,
problemáticas de logística, y en algunos casos, de demanda, obstaculizan la
sustentabilidad del conjunto, abordaba desde una óptica especialmente económica.
Contrariamente, el GSR B, “productores frutihortícolas neorrurales”, compuesto en
general por jóvenes profesionales propietarios de la tierra (o de su familia), que
cuentan con otras fuentes de ingreso extraprediales, problematiza la calidad de vida,
entendida en términos de salud. La elección del campo, o periurbano, para vivir y
producir implica una decisión de alejarse de las problemáticas que emergen de las
grandes urbes y vivir en contacto con la naturaleza. La cuestión se plantea como de
“derechos” de todos, a la salud, al ambiente y, en definitiva, a la vida. En este caso,
las prácticas de vecinos/as influyen significativamente en dicha intención. Por lo que,
la solución apunta a promover la “concientización” de vecinos/as y consumidores. El
GSR C, que nuclea a “productores de hierbas aromáticas y medicinales para cosmética
y apicultores”, es al menos más heterogéneo en su composición que los dos
anteriores. Este grupo también desde una óptica económica apunta a las dificultades
que encuentran en relación a la inflación, el incremento del costo de los insumos y la
disminución de las ventas, que repercute entonces en la disminución de los ingresos.
Sumado a ello, encuentran dificultades para encontrar mano de obra capacitada para
emplear en la producción. Asimismo, señalan como problemático el cambio climático
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y la influencia que estas transformaciones en el ambiente generan en la biodiversidad,
los cultivos y en la vida cotidiana. Frente a ello, en algunos casos diversifican las
actividades productivas, al tiempo que hacen un llamado a la intervención estatal para
regular la cuestión inflacionaria. Finalmente, el GSR D, denominado “funcionarios”
focaliza en dos aspectos principales que obstaculizan alcanzar la sustentabilidad en
este caso, por un lado las dificultades económicas de los productores, solucionable
mediante intervenciones públicas, como acceso a créditos o subsidios, para acceso a
maquinaria por ejemplo, que contribuyan a fortalecer o acompañar a los productores
agroecológicos. Por otro lado, para responder a las dificultades que observan en torno
a las prácticas productivas, la propuesta apunta a generar capacitaciones.
Entendiendo que los cuatro grupos apuntan a reforzar distintos aspectos que
contribuyan a posibilitar el sostenimiento en el tiempo de la actividad productiva y de
vida que llevan adelante, es posible incorporar la idea de Caporal y Costabeber (2004),
que apunta a entender la sustentabilidad como una búsqueda permanente de nuevos
puntos de equilibrio entre estas diferentes dimensiones que pueden ser conflictivas
entre sí en realidades concretas.
Figura 1. Problemas y soluciones en torno a la sustentabilidad y el género
según cuatro GSR en la agroecología del partido de General Pueyrredon
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Fuente: elaboración propia.
En este sentido, al considerar el término sustentabilidad desde la óptica más
“institucionalista”, de los ODS, podríamos correr el riesgo de dejar fuera de
consideración algunos elementos propios de este tiempo y espacio. Si a ello
incorporamos el concepto acuñado por la economía feminista, se hace un llamado a
realizar un abordaje multidimensional. Esto implica analizar sus dimensiones
ecológica, social y humana de manera integral; ya que “si el objetivo central son las
condiciones de vida de la población, pierde sentido el tratar las distintas dimensiones
de forma independiente o establecer prioridades entre ellas; es el conjunto de ellas el
que permitirá sostener la vida en condiciones de humanidad” (Carrasco, 2009: 184).
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En este contexto, organismos como la FAO hacen un llamado al “empoderamiento
de las mujeres rurales” (FAO, 2019). En líneas generales, la mayoría de las
investigaciones asocian el empoderamiento de la mujer con “la capacidad de elegir
entre diferentes alternativas” (Das et al., 2020: 2); y estas elecciones, a su vez,
determinan su calidad de vida. Si bien las decisiones pueden tomarse a nivel individual
o colectivo, tradicionalmente se han visto limitadas por normas sociales, creencias
culturales, costumbres y valores que definen los roles de género, pero estas no son
revisadas (Vanegas Díaz, 2021).
Respecto a esta cuestión, a partir de lo explorado en las entrevistas, de manera
general, los tres GSR que nuclean a productores, detectan como problemático algún
aspecto ligado a las herramientas utilizadas en la producción. Y, en el caso del GSR A
también el acceso al manejo de automóviles. En relación a las herramientas, en
algunos casos son difíciles de manipular por mujeres debido a la “fuerza” necesaria
para hacerlo. En este sentido, como solución en el GSR A se observan algunas
adaptaciones a herramientas manuales, mientras que en el GSR B, en general, se opta
por realizar el trabajo de forma manual, prescindiendo de las herramientas en
cuestión, o de a pares. Para el caso del GSR C, en muchos casos, las tareas
detectadas como problemáticas para las mujeres, de “fuerza” o de “altura”, son
delegadas en los varones. En el cuarto caso, del GSR D, los funcionarios entrevistados
detectan situaciones de violencia de género intraprediales frente a lo cual proponen
espacios de diálogo y contención.
Es oportuno pensar que la complementariedad supuestamente natural entre
varones y mujeres, que puede ser apropiada y pertinente para la relación de
reproducción biológica, se traslada al orden de lo social. Entonces, se supone que hay
una relación directa entre la complementariedad sexual para la reproducción y la
complementariedad social para las relaciones que no sean reproductivas. Rousseau
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en el Siglo XVIII decía que la madre debe reproducir la sociedad y el padre debe
producir el cambio social y a pesar de su distancia temporal con la actualidad, estos
imaginarios, en muchos casos, siguen aportando argumentos a las desigualdades. En
otras, afortunadamente, esta distribución entre reproducción y producción se desplaza
y se modifica permanentemente, por la existencia de motivaciones que no se pueden
reducir a las caracterizaciones que heredamos de los géneros sexuales (Rosemberg,
2003).
Elementos re pensar el diseño de políticas públicas
Además de las políticas públicas orientadas a promover la agroecología como forma
alternativa de producción, existen algunas específicas con perspectiva de género
vinculadas a la actividad. En el partido de General Pueyrredon, se identifican en los
últimos años algunos instrumentos de financiamiento orientados a fortalecer líneas de
trabajo con perspectiva de género, en particular créditos y subsidios. En este sentido,
algunas instituciones públicas como la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI)
ofrecen algunas líneas de crédito con tasa preferencial para mujeres, que en algunos
casos han alcanzado el territorio local.
Sobre esta base, se identifican algunos instrumentos implementados localmente
orientados a fortalecer, de manera diferencial, a las mujeres productoras. En este
sentido, una funcionaria local sostiene:
“Recuerdo un crédito productivo de la CONAMI en articulación con fundación ArgentINTA
que ejecutamos para un grupo de productores hortícolas, un grupo de mujeres. Este
crédito tenía una tasa de interés más baja para las mujeres que para los hombres” (...)
“Otro programa de la muni es el que se llama “mujeres emprendedoras” que no es
específico de la agricultura familiar, pero pueden acceder mujeres productoras, orientado
a fortalecer emprendimientos que originan y generan las mujeres”.
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Pese a destacar las líneas de créditos orientadas a fortalecer a las mujeres, la
entrevistada observa algunas limitaciones:
“El déficit que identifico es que la línea de créditos era para titulares mujeres, pero los
emprendimientos eran familiares. O sea que el pacto por género en realidad es limitado,
porque la familia completa se ve beneficiada. Hay que mejorar los criterios de elegibilidad
de las líneas de crédito que existen para que realmente haya un empoderamiento del
género femenino”.
A partir de lo indagado respecto a las políticas públicas, si bien se requiere un análisis
más exhaustivo, se desprende que aún son escasos en General Pueyrredon los
instrumentos orientados a resolver problemas de la producción agroecológica desde
una perspectiva de género. Por una parte, es limitado el número de intervenciones de
política en tal sentido, y por el otro, estas promueven el acceso de las mujeres a líneas
de crédito con tasa diferencial útiles a toda la unidad productiva, sin indagar
específicamente en problemas o necesidades de las mismas. A esto se añade que
aún la dimensión artefactual con perspectiva de género no ha sido plasmada en
herramientas concretas de política pública.
Este punto, abre nuevos interrogantes para poner en discusión qué aspecto se
busca reforzar a través de dichas decisiones -u omisiones- de política pública. Como
señala Becerra (2015: 71) no reflexionar críticamente acerca de las características
que la dimensión tecnológica asume puede tornarse problemático en términos de
diseño e implementación de estrategias de desarrollo.
Al abordar la agenda política que concierne al género es de suma importancia
considerar el alcance global de las manifestaciones en torno a los derechos de
mujeres y disidencias, en especial durante la segunda década del siglo XXI. La
denominada cuarta ola del feminismo marca la necesidad de pensar políticas acordes
a las demandas de sectores de la sociedad civil.
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Los aportes reunidos aquí, si bien son eclécticos, permiten dar cuenta de un
panorama de las problemáticas situadas en el partido de General Pueyrredon, así
como los problemas y soluciones que significan los distintos GSR identificados en torno
a las dimensiones de género y sustentabilidad. Los problemas y soluciones que los
usuarios conciben resultan una línea base ineludible al momento de diseñar políticas
públicas que aspiren a un desarrollo sostenible.
Espacios y artefactos
A partir de las actividades que desempeñan hombres y mujeres en torno a la
producción en el caso de estudio, y de los espacios -públicos y privados-
habitados/ocupados por cada uno, surge la necesidad de comenzar algunas
indagaciones sobre las dimensiones espaciales y de los artefactos.
Es sobre la espacialidad donde se despliegan prácticas, procesos, artefactos,
que se encuentran en tensión, de diferente grado, desde la negociación al conflicto
abierto, con los modos prescriptos institucionalmente. La irrupción de los usos
prefigurados para determinados espacios instala otros usos y relaciones (Blanco,
2014) entre GSR y actores relevantes en diferentes instancias en el territorio. Nos
interesa conocer las dimensiones espaciales de las regulaciones sexo genéricas como
forma de abordar el contexto situado en el territorio. Cuáles son los usos y las
apropiaciones que los actores realizan en estos territorios y con determinados
artefactos. Abordar los diferentes procesos de apropiación subjetiva del territorio por
parte de las y los actores que lo configuran “como un lugar valorado y en un escenario
de experiencias y de tácticas singulares” (Blanco, 2014).
Blanco (2014) propone tomar el análisis de la espacialidad atendiendo a una
escala específica, la escala del habitar, el espacio concreto en el que tienen lugar las
experiencias cotidianas de los actores. El foco de análisis está puesto en comprender
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las lógicas dominantes en el uso de determinados espacios en tanto los mismos son
comprendidos como escenarios de acontecimientos (o escenas) donde se producen
regulaciones particulares en las formas de vivir, de producir, de expresar el género.
Comprender estos usos de los espacios, y distinguir como modalidad general,
vínculos de propiedad (espacio propio) y de apropiación (espacio apropiado) (Blanco,
2014).
Como mencionamos anteriormente, aquello que puede ser significativo en una
escala no tiene por qué registrarse en otra, así como aquello que sucede en una
misma escala y en un mismo territorio puede registrar diversos significados,
significantes y flexibilidades interpretativas. Por ello, atender a las continuidades y
discontinuidades de los procesos permite describir las dimensiones normativas
específicas en un determinado contexto en torno a las regulaciones de las expresiones
e identidades de género y sexualidad, en función de los repertorios culturales
disponibles (Blanco, 2014) y de esta manera poder ubicar la especificidad y las
imbricaciones de estos procesos.
Pensando en el caso particular de estudio, sabemos que el campo no es solo un
lugar de producción sino también un lugar de vida y como tal posee cierto significado
para quien lo habita. El partido de General Pueyrredon se ubica en la región pampeana
argentina, constituida históricamente como el territorio en el que se producían
alimentos y materias primas con destino tanto al mercado interno como externo. Esa
región se fue moldeando de acuerdo a los intereses del capital internacional y las
producciones se encaminaron a un proceso de agriculturización. Entonces, las formas
de llevar a cabo la producción, la circulación y la apropiación de los bienes estuvo
sostenida por una división sexual del trabajo que posibilitó la articulación entre modelo
productivo y familia, definiendo roles y jerarquías de género al interior de la unidad
doméstica/productiva (Pasquali y Tifni, 2021).
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Actualmente, son las mujeres las que participan activamente en la producción
del hábitat orientadas a satisfacer carencias de sus vidas cotidianas (Di Virgilio, 2017)
a pesar de estar excluidas de la titularidad de tierras e inmuebles, por ejemplo. Esto
nos invita a reflexionar en torno a la propiedad de la tierra tanto en hábitats urbanos
como en los rurales. En estos escenarios, se registra una exclusión histórica que
incluso países con reformas agrarias integrales no han podido resolver. Si bien las
reformas agrarias permitieron que mayor cantidad de familias accedan a parcelas de
tierras, tanto familiares como comunitarias, las lógicas patriarcales han predominado.
Es decir, excepto en algunos casos, no existieron políticas que garantizaran un acceso
directo a la propiedad de la tierra por parte de las mujeres, tampoco acompañamiento
técnico que favorezca un uso rentable de la misma (Korol, 2016).
En el territorio bajo estudio, de acuerdo a un relevamiento realizado previamente
(Molpeceres et al., 2020b; Rouvier et al., 2021; Molpeceres, 2022), el 50% de los
horticultores agroecológicos a escala comercial son mujeres6. En el caso de este
estudio en particular, se obtuvo que las mujeres participan activamente no sólo en la
producción (asociado en este caso a prácticas productivas), sino también en la
comercialización, marketing y finanzas. Sumado a ello, también tareas de cuidado -
tanto de niños como de adultos mayores- y domésticas -limpieza del hogar, cocina,
entre otras - . Se observa que durante una misma jornada las mujeres intercalan de
manera irregular y fraccionada sus actividades domésticas y de cuidado con
actividades productivas agropecuarias.
6 En las entrevistas realizadas para esta investigación, que incorpora otras producciones además de la
hortícola, los entrevistados se auto definieron como “varones” y “mujeres” según el caso, pero no se
encontraron casos de otros géneros autopercibidos.
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Cabe destacar que el capitalismo patriarcal naturalizó a lo doméstico como algo
propio de la mujer (Logiovine, 2017), mientras que los atributos otorgados al varón
fueron en mayor medida asociados a las características de lo público, de lo productivo
y al empleo (Logiovine, 2017:169). Si bien como la división sexual del trabajo, basada
en la asignación de atributos y roles de género, situó al varón en el espacio público/
productivo y a la mujer en el espacio privado/de cuidado, las esferas del trabajo
productivo y reproductivo en el ámbito rural presentan para las mujeres delimitaciones
físicas y simbólicas ambiguas y poco claras. Las unidades domésticas están en el
mismo espacio que las unidades productivas, lo que hace difícil diferenciar las
actividades de las mujeres ya que varias de estas actividades pertenecen a ambas
esferas. Desde una mirada que sostiene que gran parte de las incompatibilidades
entre desarrollo y ambiente se desprenden de la matriz extractiva y de la acumulación
por desposesión, el trabajo doméstico no remunerado aparece aquí como trabajo
socialmente necesario para reproducir la fuerza de trabajo (Federici, 2020).
Por su parte, atender a otra escala, la de la dimensión de los artefactos,
contribuye a comprender de qué manera “funcionan” o “no-funcionan” estos artefactos
en un contexto situado. Permite visibilizar cómo su implementación contribuye a
aumentar o disminuir el ejercicio de poder de determinados actores o GSR. Al respecto,
analizar el marco en el cual se plantea el problema de diseño del artefacto, así como
el alcance de la intervención en la que actúa un artefacto o sistema tecnológico resulta
clave.
En este sentido, al abordar un problema de diseño se requiere una consideración
cuidadosa de las necesidades e impactos en las distintas dimensiones implica el
concepto de desarrollo sustentable y particularmente en torno a una perspectiva de
género. Estas consideraciones, resulta indispensable abordarlas a lo largo del ciclo
del proyecto, a lo largo del ciclo de vida y de las respectivas cadenas de valor. En el
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caso de la agricultura familiar y los productores agroecológicos implica desde el diseño
hasta la evaluación del impacto, y durante todo el ciclo productivo, desde la
preparación de la tierra y el cultivo hasta la etapa posterior de cosecha, procesamiento
(Kawarazuka et al., 2018) y comercialización.
Si bien existe un debate continuo en torno a los factores que influyen en la
adopción de tecnología agrícola, resultan incipientes las investigaciones que analizan
si mujeres y hombres difieren en la decisión de adoptar o no una determinada
tecnología, así como de las variables por las cuales se toman estas decisiones, ya
sean diferencias en el acceso a las mismas, a los insumos, a los recursos
complementarios (Ragasa y Sengupta, 2012) o a los roles diferenciados que juegan
hombres y mujeres en determinado contexto socio cultural. Examinar estas diferencias
resulta relevante al diseñar políticas públicas que apunten a contribuir al desarrollo, la
difusión y la adopción de tecnología (Tanellari et al., 2014).
Desde una perspectiva de género, el introducir nuevos artefactos en una
comunidad sin considerar las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres,
conlleva al riesgo exacerbar estas relaciones pre-existentes (Forsythe et al., 2016;
Kawarazuka et al., 2018; Mudege et al., 2016). El diseño de un artefacto o de un
sistema de artefactos incluye un proceso social que tiene lugar entre el usuario, el
artefacto y la sociedad. Esto significa que la forma de los artefactos que nos rodean
no se determina de manera única e infinita, sino que se puede renegociar según el
tiempo, el lugar y el contexto. En otras palabras, el proceso de diseño, es situado en
el tiempo, lugar y contexto (Haraway, 1988).
De los problemas relevados en el trabajo de campo, resulta interesante focalizar
en el caso específico de la dimensión artefactual. En este sentido, hacemos referencia
a “artefactos técnicos” siendo las tecnologías materiales como herramientas,
instrumentos, máquinas, utensilios, entre otros, quienes poseen dos sentidos: la
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primera de resolución de problemas concretos de una comunidad (Winner, 1986, 28)
y, la segunda, de refuerzo de posiciones políticas (Winner, 1986: 28-29).
Por un lado, los entrevistados revelan que, en general, no existen tareas en la
producción que las mujeres no puedan hacer. Asumiendo, en palabras de una
productora que “no es una cuestión de género sino de capacitación”. Sin embargo, por
otro lado, como fue adelantado, el relevamiento da cuenta de que el uso de
herramientas como el rotocultivador o motocultivador está más asociado al varón por
su “fuerza” física para encenderlo y manipularlo. Otra productora manifiesta que “se
necesita fuerza de brazo para el tirón de la piola para prender. Además, si sos mujer
necesitas que otro tire de adelante porque se sale del surco, entonces al final se vuelve
un trabajo de a dos”. No obstante, la mayoría coincide en que no usa dicha
herramienta por dificultades económicas en el acceso a la misma.
Por otra parte, en relación al uso de herramientas manuales, como azadas,
rastrillos, machetes o palas, algunas entrevistadas comentan que actualmente en el
predio sólo las usan los varones porque hay tareas de “fuerza” y “altura” que les resulta
difícil realizar o incluso, algunas manifiestan dolencias físicas -especialmente de
rodillas- que eventualmente vinculan al trabajo.
El uso de herramientas no solo se encuentra limitado por la falta de recursos,
aspecto que la mayoría de las productoras mencionan, sino que entran en juego las
convicciones personales vinculadas a los rasgos distintivos de la agroecología. Por
ejemplo, algunas mujeres señalan que no usan el rotocultivador porque su uso va en
contra de las convicciones agroecológicas. Asimismo, se registraron asociaciones
entre herramientas y el daño corporal que provocan. Ante ello, en varias unidades
productivas han decidido construir sus propias herramientas (machetes, azadas).
Al indagar en aquellas herramientas que les gustaría poder utilizar, en su
mayoría las mujeres optan por artefactos eléctricos (sierras y desmalezadoras). Como
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señala una de las entrevistadas necesitan herramientas “más amables” ya que las que
actualmente usan son “herramientas violentas” tanto para el cuerpo como para la
tierra. Sobre esta base, el aspecto del diseño se presenta como un desafío para
profundizar en futuras investigaciones.
Reflexiones finales
De acuerdo con el recorrido por algunas conceptualizaciones teóricas y su diálogo con
el análisis del caso de los productores familiares agroecológicos del partido de General
Pueyrredon, podemos afirmar que los problemas que los GSR significan en torno a la
sustentabilidad y el género no puede definirse como un problema único; es claro que
el mismo se da en una estructura de redes que se va redefiniendo y resignificando.
Se reconoce que no son los únicos GSR. Abrir el análisis a nuevos actores puede
posibilitar incluir otras miradas, como así también, caracterizar distintos matices al
interior de las posturas. No obstante, a los fines de este trabajo, de carácter
eminentemente exploratorio, se decidió agrupar a aquellos actores entrevistados en
esta instancia.
En este marco, se advierte que no pueden establecerse a priori categorías fijas
a considerar en un análisis interseccional. Pensando que las prácticas son situadas y
el ambiente es un condicionante inevitable, es necesario incorporar también las
dimensiones del espacio y de los artefactos.
Para ser capaces de impulsar procesos de innovación hay que superar el estadio
de los diagnósticos y formulaciones de políticas genéricas, abandonar el “modelo
lineal de innovación política” que supone que los problemas locales pueden explicarse
sin necesidad de producir conocimiento y que la solución a sus problemas es copiar
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lo que sirve a otras sociedades. Hay que pasar del estadio de las políticas básicas a
las políticas innovadoras (Hurtado y Mallo, 2012).
Las soluciones a este tipo de fenómenos complejos no se encuentran
determinadas previamente, sino que se construyen como resultado de múltiples – y
controvertidos - procesos de negociación en los que intervienen no sólo los actores
con sus respectivas visiones, sino también los elementos regulatorios, las tecnologías
vinculadas a la problemática y los conocimientos puestos en juego (Sanchez Dei cas
et al., 2019).
Retomando la hipótesis planteada inicialmente, a partir del análisis es posible
afirmar que las prácticas de la agroecología implican mucho más que prácticas de
manejo. Coincidimos en que para proyectar prácticas de agroecología sustentables
es necesario incorporar la dimensión de género de manera transversal, considerando
los problemas y soluciones que conciben los distintos actores en juego. Avanzar en el
estudio de cómo la sustentabilidad y la agroecología son interpeladas por la
perspectiva de género habilita a un abordaje interdisciplinario para lo cual es necesario
incorporar las visiones e intereses de los distintos GSR, que incluyen los saberes de
quienes están en territorio. Finalmente, no resulta menor considerar el arraigo rural y
la necesidad de poder sostenerlo en el tiempo.
Del análisis surgen nuevos interrogantes que abren nuevas líneas de
indagación para futuras investigaciones, ¿cómo se incluye a las mujeres en las
políticas públicas? ¿Para quién funcionan estas decisiones y para quienes no? ¿Estos
procesos promueven procesos de desarrollo inclusivo? A partir de ello, resulta
necesario profundizar en la revisión de las políticas públicas orientadas al sector a fin
de ampliar el análisis al respecto.
De la revisión exploratoria preliminar se observa una tendencia hacia la
construcción experta de los problemas sociales, que da lugar a soluciones
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“adecuadas” sobre temas puntuales para los productores. Estas tecnologías
concebidas como soluciones en términos de “tecnologías apropiadas”, constituyen
soluciones parciales, con escasa participación de los usuarios en el diseño de los
artefactos y procesos. Estas prácticas suponen una relación asimétrica entre los
técnicos y los usuarios. En este proceso de construcción de políticas se vislumbra una
posible omisión de los saberes de los productores.
El análisis permite reflexionar sobre la complejidad de estos procesos de
construcción y adopción de tecnologías (tanto políticas públicas como herramientas)
orientadas a la resolución de problemas sociales.
Si bien se reconocen algunas limitaciones derivadas del enfoque exploratorio de
este trabajo, consideramos que los datos relevados tienen un potencial explicativo
imprescindible para seguir indagando y configurar futuras líneas de trabajo.
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Artículo recibido el 24 de junio de 2022
Aprobado para su publicación el 1 de junio de 2023
