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Revista Redes 55 – ISSN 1851-7072
estaba exento de ese riesgo (Ruiz Mercado, et al, 2011; Fressoli et al, 2013; Pazzarelli,
2016).
Como contraposición a esta postura, para el desarrollo del convenio partimos
de una perspectiva de Tecnología para la Inclusión Social, entendida como una forma
de diseñar, desarrollar, implementar y gestionar tecnología orientada a resolver
problemas sociales y ambientales. Estas tecnologías pretenden dar soporte material
a dinámicas políticas y económicas de inclusión social y de desarrollo sustentable
(Thomas, Juárez y Picabea, 2015). Esta perspectiva contrasta con la tradición de las
prácticas deterministas y los modelos de transferencia de tecnología habituales en
grupos de I+D, los cuales realizan actividades de extensión y desarrollan artefactos
para comunidades con necesidades insatisfechas (Fressoli et al, 2013).
En materia de desarrollo de tecnologías para el ámbito rural, y muy
especialmente en temas de energía, existe una tendencia que orienta la fabricación
de artefactos hacia modalidades de autoconstrucción (Barnes et al., 1994; Kshirsagar
y Kalamkar, 2014; Mehetre et al., 2017). Esta lógica productiva encuentra sentido
cuando se trata de sitios aislados, donde potenciales usuarios y usuarias
(“beneficiarios y beneficiarias” dentro de los esquemas transferencistas) cuentan con
poco o nulo acceso a recursos económicos que les permita financiar la compra directa
de equipos. Los artefactos “se pagan” con el trabajo de las familias. Bajo esta lógica,
funcionan y se reproducen modelos de artefactos de instituciones públicas y ONGs
(cocinas y estufas a leña, termotanques solares, biodigestores, etc.). En nuestro país
pueden nombrarse el “Manual paso paso de la estufa Sara” creada por el INTI (Nanami
et al., 2014), cartillas como la Estufa Rusa (Battro, 2006) y diversos modelos de
cocinas de barro (Stahringer y Cardozo, 2012) impulsados por el INTA. La
autoconstrucción, requirente de instancias formativas con las personas usuarias,