1
DOI: https://doi.org/10.48160/18517072re54.143
Conocimientos, utilidad social y políticas públicas
para la inclusión y sustentabilidad: Redes
Territoriales Participativas como nueva forma de
gobernanza
Gabriela Bortz
*
Ayelén Gázquez
**
Guillermo Martín Santos
Resumen
En este artículo analizamos las dinámicas de coproducción de conocimiento entre
actores heterogéneos, políticas públicas y utilidad social de la I+D orientada a generar
soluciones a problemáticas de relevancia social, ambiental y sanitaria. Frente al
*
Instituto de Estudios sobre la Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes (IESCT-UNQ),
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Correo electrónico:
gabybortz@gmail.com
**
Instituto de Estudios sobre la Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes (IESCT-UNQ).
Correo electrónico: ayelen@gazquez.com.ar
Instituto de Estudios sobre la Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes (IESCT-UNQ);
Centro de Economía de la Innovación y del Desarrollo, Universidad Nacional de San Martín (CEID-
UNSAM). Correo electrónico: guimarsan@gmail.com
2
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
desafío de direccionar la producción científico-tecnológica y su uso, se ha dado en los
últimos años un “giro participativo” en un esfuerzo por involucrar a la sociedad en la
construcción y toma de decisiones del sistema tecno-científico. A pesar de las
múltiples políticas e instrumentos que han sido diseñados, no se han correlacionado
estos esfuerzos con soluciones concretas. Sin embargo, se han presentado algunos
casos excepcionales que aportaron a soluciones de problemáticas con relevancia
social, transformaron el territorio y lograron la permanencia temporal. En este trabajo
nos preguntamos entonces ¿De qué manera algunos proyectos logran desarrollar
procesos, productos o servicios basados en I+D que contribuyan a resolver
problemáticas socialmente relevantes de sus territorios? ¿Qué factores inciden su
funcionamiento? El trabajo se basa en una metodología cualitativa de relevamiento y
estudio múltiple e instrumental de casos en donde abordamos el “Acuario del Río
Paraná”, el “Yogurito Escolar”, y el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad
Nacional de Córdoba (todos en Argentina). Estas iniciativas, que no se adscriben a
tecnologías de gestión ya descriptas y que presentan una organización orientada por
objetivos, las hemos denominado Redes Territoriales Participativas. La investigación
aporta desde la base empírica a caracterizar este fenómeno emergente que se
presentan como semillas de cambio para una transformación más amplia de las
políticas CTI.
Palabras Clave
POLÍTICAS CTI; UTILIDAD SOCIAL DEL CONOCIMIENTO; COPRODUCCIÓN; PARTICIPACIÓN;
INCLUSIÓN; SUSTENTABILIDAD.
3
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
Introducción
En este artículo nos proponemos analizar las dinámicas de coproducción de
conocimiento entre actores heterogéneos, políticas públicas y la construcción de
utilidad social de la I+D pública orientada a generar soluciones a problemáticas de
relevancia social, ambiental y sanitaria.
Actualmente, cómo direccionar la producción científico-tecnológica y su uso para
abordar los grandes desafíos del presente, tales como reducir la desigualdad y la
pobreza, garantizar el acceso a bienes básicos, mitigar la crisis climática, es tema de
debate académico y de agenda de políticas a nivel global. Sobre la base de un “nuevo
contrato” entre la Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), desde la década del 2000,
la participación pública fue considerada por la academia, funcionariado
gubernamental, agencias de desarrollo y activistas como un elemento clave para una
gobernanza democrática del desarrollo tecnocientífico (Lubchenco, 1998; Guston,
2000; Jasanoff 2003; Invernizzi 2020). En el marco de este “giro participativo” (Irwin,
2001; Wynne, 2007), se realizaron esfuerzos significativos para diseñar y discutir
marcos, dispositivos y métodos organizacionales que permitieran ampliar el
involucramiento ciudadano en la toma de decisiones científico-tecnológica.
Las crecientes demandas de apertura de los procesos de construcción de
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) hacia diversidad de actores sociales presentan
dos grandes abordajes. Por un lado, la “dialógica” apunta a la apertura al escrutinio
público de las dimensiones políticas y epistémicas de los programas de investigación
y tecnología para hacer que la ciencia y la política sean más transparentes, sólidas y
reflexivas (Lengwiler, 2008; Invernizzi, 2020; Chilvers y Kearnes, 2020). Por el otro,
una vertiente “colaborativa” invita a la ciudadanía a formar parte del proceso de
producción de conocimientos y tecnologías (Schrögel y Kolleck, 2019). El “giro
4
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
colaborativo”, se ha plasmado en fenómenos como la creciente inclusión de usuarios
en el diseño de tecnologías (Oudshoorn y Pinch, 2003), prácticas de ciencia abierta y
ciudadana (Follett y Strezov, 2015) o como la búsqueda de diálogos sostenidos entre
distintas disciplinas y -más aún- de sectores sociales (Lundvall, 1992; Bone et al, 2020;
Carabajal, 2020).
Las críticas a la disociación de las actividades del sector y las necesidades socio-
productivas han sido denunciadas desde la década de 1960 y 1970, a nivel
internacional por el manifiesto de Sussex (Singer et al., 1970) y en América Latina por
autores identificados dentro del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología
y Sociedad (Varsavsky, 2010 [1969]; Herrera, 1995 [1973]). A partir de la década del
‘2000, organismos multilaterales (BID, OCDE, Unión Europea, PNUD) diseñaron
programas específicos enmarcados en enfoques de innovación ‘hacia la sociedad’. A
nivel regional, instituciones de CTI de países como Argentina, Brasil y Uruguay
delinearon agendas de I+D e intervención sobre la temática (Arocena y Sutz, 2012).
Esto dio lugar a políticas nacionales específicas en varios niveles: creación
institucional, planificación plurianual, diseño de instrumentos de política, formación de
recursos humanos.
Sin embargo, estas iniciativas no tuvieron como correlato la generación de
soluciones concretas a las problemáticas acuciantes de grandes proporciones de la
población. Investigaciones en diversas regiones identificaron problemas
convergentes, moldeando algunas tendencias históricas de la CTI en América Latina:
1. La orientación de capacidades científico-tecnológicas hacia generar dinámicas
de desarrollo inclusivo y sustentable siguió ocupando un lugar marginal en las
agendas de I+D (Thomas, Fressoli y Becerra, 2012; Dutrénit y Sutz, 2014;
Bortz, 2017);
5
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
2. La mayoría de las capacidades de I+D continuaron siendo direccionadas hacia
la inserción en redes globales de investigación (Kreimer y Thomas, 2001;
Rodriguez Medina et al, 2019);
3. El direccionamiento creciente de las políticas CTI las hacia la generación de
competitividad económica y el aprovechamiento de ‘ventanas de oportunidad’
(Kreimer y Thomas, 2001; Dutrénit y Sutz, 2014);
4. La mayoría de las experiencias de desarrollo de tecnologías y ambientales
continuaron estando basadas en tecnologías maduras, en escasa vinculación
con las significativas capacidades de I+D (Dagnino, 2012; Fressoli et al., 2014;
Brieva et al., 2016; Daniels, Ustyuzhantseva y Yao, 2017; Thomas et al., 2017).
Estas tendencias, han sido particularmente pronunciadas en el campo de las
biociencias y biotecnologías (Zabala, 2010; Bortz y Thomas, 2019; Rodriguez Medina
et al. 2019). Sin embargo, es posible registrar excepciones: casos que logran articular
capacidades de I+D con la resolución de problemáticas de relevancia social, con
continuidad en tiempo y lugar.
¿De qué manera algunos proyectos logran desarrollar procesos, productos o
servicios basados en I+D que contribuyan a resolver problemáticas socialmente
relevantes de sus territorios? ¿Qué factores inciden su funcionamiento? ¿De qué
modos las interacciones entre grupos de I+D y actores extra-académicos diversos
transforman la investigación y permiten generar soluciones a estas problemáticas?
Esta investigación se propone contribuir con base empírica para mostrar las
condiciones de posibilidad de producir conocimientos científico-tecnológicos de
“calidad internacional” -y a la vez- alta relevancia y utilidad local (Lemos y
Moorehouse, 2005), a través de la interacción entre experticias heterogéneas.
Argumentamos que asistimos a la emergencia de nuevas formas de hacer I+D:
orientadas por objetivos específicos, más flexibles, colaborativas, ligadas a sus
6
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
territorios de aplicación, basadas en alianzas intersectoriales ad hoc. Estas nuevas
formas en red no adscriben a modelos de gestión de la CTI estabilizados como
consorcios público-privados, empresa de base tecnológica, startup, transferencia de
tecnología, extensión universitaria. En términos organizativos, presentan una
modalidad emergente, aún no caracterizada en la literatura de gestión de la CTI.
A este tipo de iniciativas, no estabilizadas y poco transitadas, desarrolladas en
los intersticios (y a veces a contramano) de las políticas e instrumentos de CTI, las
hemos denominado “redes territoriales participativas” (RTP).
El trabajo se basa en una metodología cualitativa de relevamiento y estudio
múltiple e instrumental de casos. Analíticamente, propone un abordaje co-
produccionista que permita captar la interacción entre la producción de conocimiento,
la construcción de utilidad social y la política pública en varios niveles: en la
coproducción entre conocimientos y utilidad social, en la producción conjunta fruto de
la colaboración entre actores y la forma en que sus a la vez se transforma el orden
social, identidades, territorios, instituciones, legislaciones, ordenamientos urbanos
(Jasanoff, 2004).
Con esta finalidad, el trabajo se estructura de la siguiente forma: en la primera
sección, se analizan distintos enfoques sobre la problemática de coproducción de
conocimientos, utilidad social de la CTI orientada a generar dinámicas de inclusión y
desarrollo y políticas públicas. La segunda sección presenta el abordaje teórico-
metodológico. A continuación, se desarrollan tres estudios de caso: la experiencia del
Centro Científico, Tecnológico y Educativo “Acuario del Río Paraná” (Rosario,
Argentina), el desarrollo del yogur probiótico “Yogurito Escolar” (Tucumán, Argentina)
y la trayectoria del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de
Córdoba (Córdoba, Argentina). En la discusión presentamos los casos de manera
comparada, identificando algunas variables clave que incidieron en su funcionamiento.
7
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
En la exploración y caracterización empírica y analítica de las RTP apuntamos a
generar insumos que contribuyan al diseño e implementación de políticas CTI en
Argentina y América Latina.
Coproducción de conocimientos, utilidad social y políticas
públicas
Durante el siglo XX, con la amplia circulación del modelo lineal de innovación en su
versión ofertista o science push primó un contrato de “delegación ciega”. Esta
otorgaba a la ciencia amplia autonomía de autorregulación (Guston 2000; Lengwiler,
2008) a cambio de una empresa de investigación al servicio de diversas (y difusas)
concepciones del “bien social” (Jasanoff y Hurbult, 2018). La producción científica se
concebía derivada de la búsqueda del conocimiento en sí, entendiendo la utilidad de
la ciencia y la tecnología como el resultado necesario del proceso de innovación. El
despliegue de una cadena causal (desde la ciencia básica hasta obtener un producto
en el mercado) involucraba una concepción tácita de apropiabilidad, garantizada por
la circulación del conocimiento de manera abierta y la implementación de políticas de
“transferencia y difusión” tecnológica. Para los años ‘70 y ‘80, las concepciones del
modelo lineal orientado por la demanda (demand pull) invirtió la cadena causal, marcó
el rol del mercado en la dirección del cambio tecnológico y como driver de agendas
de I+D. En ambos casos, la incorporación de conocimientos científicos en procesos
de innovación que derivan en un “bien social” era asumida como una evolución
necesaria del propio ciclo vital de dichos conocimientos.
Durante los años ‘90 nuevos modelos intentaron capturar los cambios en la
coproducción de conocimientos y entorno social, focalizando en el análisis de
transformaciones organizacionales. Abordajes en clave del “Modo 2” (Gibbons et al,
8
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
1994), de la “Triple Hélice” (Etzkowitz y Leydesdorff, 1997) e incluso de Sistemas
Nacionales de Innovación (Lundvall, 1992; Freeman, 1995) centraron sus análisis y
prescripciones en los mecanismos de vinculación e intermediación institucional. La
utilidad social del conocimiento es reducida a los resultados de dichos procesos de
vinculación, enmarcada dentro la preocupación más amplia sobre los procesos de
“transferencia” y “apropiación” de conocimientos. En estos casos, la utilidad social se
realiza “en el mercado”, desde el Sistema Nacional de Innovaciones particularmente
orientada a la generación de ventajas competitivas a nivel empresarial o sistémico
(Dagnino et al, 1996; Di Bello, 2013).
Si bien estos enfoques muestran las instancias de interactividad y las
posibilidades del trabajo interinstitucional y multidisciplinario con participación de
actores más allá de la academia (sector productivo, sector gubernamental), no dan
cuenta de las transformaciones en los actores, en el orden social y en los procesos de
producción del conocimiento. Estas transformaciones en los sistemas académicos
suscitaron numerosas críticas por la privatización de la utilidad social del conocimiento
generado de manera pública y la orientación de parte de las agendas de I+D hacia el
mercado (Dagnino et al, 1996; Slaughter y Leslie, 1997). Asimismo, no han sido pocas
las críticas a la escasa evidencia empírica de cómo la interacción entre científicos y
partes interesadas, ya sea sostenida o no, realmente transforma la producción de
ciencia moldeando el modo en que los científicos formulan preguntas de investigación
y realizan investigación (Lemos y Morehouse, 2005; Kreimer, 2003).
El siglo XXI dio lugar a una revisión del “contrato social” de la Ciencia y la
Tecnología con la Sociedad, en tanto visiones deseadas del orden social que
distribuyen derechos, responsabilidades y obligaciones entre los actores políticos
(Jasanoff, 2003; Blue y Davidson, 2020). Los modelos de “delegación ciega” dieron
paso a la necesidad de reorientar las políticas, agendas y financiamiento de I+D para
9
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
que sirvan a procesos de desarrollo, equidad social y sustentabilidad (Lubchenco,
1998; Arocena y Sutz, 2012; Fressoli et al, 2014). Esta agenda planteó una nueva
clase de desafíos que cuestionan los patrones actuales de actividad humana en
relación con la producción y el consumo, con el acceso y distribución de recursos,
pero también en relación a la gobernanza y direccionalidad de estos procesos (Frost
et al., 2020).
En años recientes, desde los estudios de innovación, trabajos sobre políticas
orientadas por misión (Mazzucato, 2018) dieron cuenta de la construcción de utilidad
social más allá de la mera competitividad económica
1
. Aún con el foco colocado en la
vinculación interinstitucional, esta puede ser leída como la coproducción entre la
construcción de conocimientos, capacidades (tecnocientíficas y productivas), políticas
públicas, transformando el rol del Estado y su gobernanza en pos de objetivos
estratégicos de desarrollo. Mientras que originalmente estos objetivos estaban
anclados en políticas nacionales de defensa o industriales, actualmente se observa
un viraje hacia el abordaje de los “grandes desafíos” sociales y ambientales del siglo.
Los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (ESCT) han buscado
comprender estas transformaciones analizando las influencias recíprocas entre el
conocimiento científico y tecnológico y los procesos sociales (Collins, 1992; Latour,
1992; Bijker, 1995; Jasanoff, 2004). En otros términos, han buscado dar cuenta de la
coproducción del conocimiento y el orden social, entendiendo al conocimiento y su
emplazamiento material tanto como productos de una praxis social como elementos
constitutivos de nuestra vida como humanos.
1
Las políticas orientadas por misión han sido definidas como “políticas públicas sistémicas que se
basan en el conocimiento de la frontera para lograr objetivos específicos, o como ‘gran ciencia
desplegada para hacer frente a grandes problemas’" (Mazzucato, 2018, p. 804).
10
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
En el escenario latinoamericano, caracterizado por sus profundas desigualdades
estructurales, las preguntas de para qué y para quién sirven los conocimientos
científicos generados y qué conocimientos se producen -sobre todo en instituciones
públicas- ha sido uno de los principales ejes que interpelaron el campo de los ESCT.
Estas reflexiones han partido de la crítica a modelos normativos (tanto lineales como
sistémicos) y las políticas públicas desarrolladas en la región (Dagnino et al, 1996),
dando cuenta de manera temprana de la mutua determinación entre la producción de
conocimiento, la construcción de utilidad social y la política pública (Charum y Parrado,
1995; Kreimer y Thomas, 2004).
En este sentido, Kreimer y Thomas (2001; 2004) analizaron la coproducción de
conocimientos y utilidad social, como instancia presente en el diseño de los proyectos
de investigación y la resignificación de los conocimientos por parte de otros actores
sociales. Los autores caracterizaron el “Conocimiento Aplicable No Aplicado” (CANA),
una de las dinámicas centrales de esta interacción que caracteriza a la región: el
carácter problemático de que una porción significativa de la producción de
conocimientos científicos y tecnológicos que, aunque son considerados aplicables, no
dan lugar ninguna aplicación efectiva, ni a innovaciones de producto o de proceso, ni
contribuyen a solucionar las problemáticas sociales y ambientales de sus sociedades.
Estos fenómenos han sido explicados por el desacople entre las agendas
globales de conocimiento y la relevancia local de dichos conocimientos en contextos
periféricos (Zabala, 2010; Rodriguez Medina et al, 2019). Si bien la supuesta
relevancia social del conocimiento influye en la formulación de las agendas científicas,
la búsqueda de los investigadores locales de adaptarse tanto a las agendas
internacionales como a las expectativas locales de uso de esos conocimientos, genera
resultados ambiguos en relación a las segundas. Esto confluye con las dificultades de
industrializar el conocimiento científico producido localmente y la separación entre la
11
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
investigación y sus territorios efectivos de aplicación (Bortz, 2017; Rodriguez Medina
et al, 2019). Este escenario plantea el desafío de conjugar conocimientos de “calidad
internacional” que sean a la vez relevantes y utilizables en términos situados (Lemos
y Moorehouse, 2005).
Di Bello (2013) analiza el punto en que la utilidad social del conocimiento se
intersecta con el “giro colaborativo”, dando cuenta de la interacción de actores
científicos y su ingreso en redes de relaciones con actores externos al ámbito
científico, que exceden el ámbito de lo empresarial hacia organizaciones (sociales,
políticas, comunitarias) con fuerte anclaje territorial. La autora muestra cómo la
construcción de significados de utilidad de conocimientos científicos ocurre en el
marco de procesos interactivos y negociaciones entre actores heterogéneos
interesados en tales conocimientos, en marcos contextuales e interactivos
específicos, en los que se (re)definen problemas sociales y agendas de I+D.
Pero aún en este marco, en la construcción de la utilidad social de conocimientos
orientados a la resolución de problemáticas socialmente relevantes, persiste una
tensión entre la construcción de sentidos en términos de usos ideales o pretendidos y
los usos efectivos. Estos últimos involucran la realización concreta y material de dicha
utilidad en soluciones puestas en circulación, su adopción y uso en pos de la
resolución de las problemáticas.
En este sentido, a la “brecha” entre la investigación y su transformación en
aplicaciones tecnológicas, caracterizada en el fenómeno “CANA” (Kreimer y Thomas,
2001), se suma el desacople entre el diseño de dispositivos y prototipos
tecnocientíficos y su efectiva producción a escala, adopción y uso en los espacios de
aplicación (Bortz y Thomas, 2019). En estos últimos casos, se observó que la
participación de actores heterogéneos con anclaje territorial y su participación en la
negociación material de procesos de diseño e implementación de soluciones es clave
12
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
para construir un uso efectivo y territorialmente situado de los desarrollos
tecnocientíficos (Bortz y Thomas, 2017). Esto abona a diversos trabajos enmarcados
en el giro colaborativo en la crítica a la reificación de la expertise -en su reducción a
su carácter científico-técnico-, la valorización de los saberes prácticos, localizados y
experienciales y la movilización de “redes de experticia” que participan de estas
negociaciones
2
, dando lugar a formas de gestión emergentes y de gobernanza de la
CTI (Eyal, 2013; Arancibia, 2016).
En este trabajo entendemos la utilidad social del conocimiento como la tensión
entre los usos esperados y efectivos que tienen los conocimientos científicos y
tecnológicos por parte de la diversidad de actores involucrados. Desde una posición
relativista, qué conocimiento es “útil” o “utilizable” puede ser objeto de interpretaciones
tan diversas como la multiplicidad de actores involucrados (Bijker, 1995). En este
sentido, consideraremos ciencia “usable” a aquella que es producida para contribuir
directamente a la solución de un problema relevante (ya sea social, productivo o de
política pública). Esto implica un rol mucho más específico y situado del conocimiento,
en el cual la usabilidad se despliega en un rango definido entre los sentidos
construidos de utilidad por actores heterogéneos y la capacidad efectiva (material,
económica, financiera, institucional, organizacional y hasta de oportunidad política) de
ser movilizado en pos de dicho problema (Lemos y Morehouse, 2005; Dilling y Lemos,
2011).
2
Eyal (2013) realiza un análisis de la experticia como habilidades y saberes que traspasan campos o
jurisdicciones. Desde esta perspectiva la experticia se sitúa en intersticios o zonas de intercambio, que
son permeables y tienen bajo nivel de institucionalización, y adopta la forma de una red que conecta
actores, artefactos, discursos y formas institucionales.
13
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
Abordaje teórico-metodológico: selección de casos,
recolección de datos y análisis
La investigación se basa en una metodología cualitativa de estudio de caso múltiple e
instrumental (Stake, 2005). La selección de casos se basa en un relevamiento
realizado entre 2013 y 2017 de experiencias biotecnológicas explícitamente
orientadas a servir en la resolución de problemáticas de relevancia social en las áreas
de salud, alimentos y ambiente (Bortz, 2017). Ésta permitió detectar 66 casos en
diversas fases de diseño e implementación, desarrollados en instituciones públicas,
privadas y del tercer sector. A partir de este relevamiento se seleccionaron las
siguientes iniciativas:
1. El “Acuario del Río Paraná” (desde 2007), experiencia de desarrollo de un
centro científico, tecnológico, educativo y recreativo orientado a la conservación
del río y su biodiversidad y uso sustentable de sus recursos.
2. El “Yogurito Escolar” (desde 2003), trayectoria de un yoghurt probiótico
diseñado para resolver enfermedades por desnutrición infantil que desembocó
en un proceso de desarrollo local.
3. El Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba
(desde 1964), productor público de medicamentos y derivados de tejidos
humanos esenciales para la salud.
Los casos seleccionados para este trabajo mostraron a priori las siguientes
características comunes que resultaron llamativas: (a) heterogeneidad de los actores
involucrados directamente en la experiencia (actores del sistema CTI, actores
gubernamentales en distintos niveles, sector productivo, actores de la sociedad civil);
(b) involucramiento activo de agenda de I+D en el proceso de diseño de las soluciones;
14
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
(c) articulación clara con una política pública de distinto nivel (municipal, provincial,
nacional); (d) vínculo activo e identificatorio con el territorio de aplicación de dicha
política; (e) desarrollos con continuidad en el tiempo, con trayectorias de entre 12 y 50
años; (f) generación de formas de bienes y/o servicios intercambiables y/o
comercializables (en dinámicas de mercado y no de mercado).
En cuanto a las divergencias, el primer caso se vincula a problemáticas
ambientales, el segundo y tercero a problemáticas sociales y sanitarias (en ese orden)
y el tercero a sanitarias y sociales (en ese orden). En términos de escala, se ve una
progresión de nivel municipal-provincial, provincial y nacional-regional,
respectivamente. Los tres casos fueron estudiados en profundidad (véase Bortz y
Thomas, 2017; Gázquez y Bortz, 2019; Santos, 2017).
Los métodos de recolección de datos utilizados para los estudios de caso fueron:
1. Identificación de actores relevantes por bola de nieve y metodología de “seguir
a los actores” (Latour, 1992);
2. Entrevistas semiestructuradas con investigadores, técnicos, personal
administrativo, usuarios, funcionarios públicos y productores primarios e
industriales (Caso 1, 7 entrevistas; Caso 2, 13 entrevistas; Caso 3, 6
entrevistas), conducidas hasta saturación teórica y discursiva;
3. Análisis documental de fuentes primarias y secundarias (proyectos,
documentos y planes gubernamentales, noticias, informes técnicos, artículos
científicos, sitios web institucionales, CV del personal se investigación, etc.);
4. Observación participante en exhibiciones guiadas (Casos 1 y 2), observación
no participante en laboratorios (Casos 1-3), instituciones gubernamentales
(Casos 1 y 2), escuelas (Caso 2), planta de producción (Caso 3).
15
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
La información fue transcrita y codificada. Los resultados que se presentan en este
trabajo surgen de un proceso inductivo que itera entre la base empírica y la
elaboración teórica.
La operacionalización del análisis la realizamos recurriendo al concepto de
“dinámicas socio-técnicas” como unidad de análisis (Thomas, 2008). Estas son
entendidas como un conjunto de patrones de interacción de conocimientos,
tecnologías y elementos materiales, instituciones, políticas y normativas,
racionalidades y formas de constitución ideológica de los actores. Este concepto
permite insertar los cambios (que son indisociablemente sociales, cognitivos y
tecnológicos) en un mapa de interacciones para su descripción y análisis, mostrando
en cada caso empírico las transformaciones a lo largo de sus respectivas trayectorias.
Para capturar estos patrones de interacción, las reconstrucciones de los casos
se realizaron atendiendo a las siguientes dimensiones de análisis (inicialmente
esbozadas en Bortz, 2017):
1. Vínculo socio-territorial, capturando la construcción de su alcance e interacción
con sus elementos constitutivos (actores, instituciones, infraestructura,
geografía y materialidades).
2. Actores y experticias, atendiendo a la heterogeneidad de participantes y
experticias involucradas, las dinámicas colaborativas, la coproducción de
conocimientos e identidades, políticas e ideologías, problemas y soluciones.
3. Inserción en sistema productivo, indagando sobre la producción y uso de
bienes y servicios, escalamiento y diversificación productiva, la generación de
dinámicas de intercambio y comercialización, el fortalecimiento de cadenas de
valor.
16
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
4. Participación y gobernanza, explorando la articulación de redes, mecanismos
de participación, inclusión/exclusión de actores heterogéneos, su incidencia en
la toma de decisiones y gestión de conocimientos y tecnologías.
El trabajo coloca el foco de análisis en la interacción entre la producción de
conocimiento, la construcción de utilidad social y la política pública. Para abordar esta
interacción, se adopta un marco coproduccionista, que permita abordar el
entrelazamiento constante de lo cognitivo, lo material, lo social y lo normativo
(Jasanoff, 2004). Se busca dar cuenta de cómo la producción de conocimiento
científico y tecnológico se embebe en prácticas sociales, identidades, normas,
discursos, inversiones e instituciones, sus cuestionamientos y reconfiguraciones: a la
vez que los procesos de producción de conocimiento se incorporan en procesos de
gobernanza y construcciones del “Estado” (en sus diversos niveles), estas prácticas
influencian la producción y uso de la Ciencia y la Tecnología (Jasanoff, 2004, p.3).
Estudios de caso
Acuario del Río Paraná
El Centro Científico, Tecnológico y Educativo “Acuario del Río Paraná” se inauguró en
febrero 2018, sobre la ribera de la ciudad portuaria de Rosario, Provincia de Santa Fe,
Argentina. La trayectoria como proyecto de política y la agenda de I+D que le dio
origen han girado en torno al problema de la conservación de la biodiversidad local
como objeto en disputa y en constante renegociación.
En el 2000 surgió un grupo de investigación biotecnológica en peces iniciado por
una investigadora del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR)
dependiente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y del CONICET. La
inquietud principal del grupo desde su formación fue la conservación del Río Paraná
17
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
y el uso sostenible de sus recursos. En el 2003 el equipo logró alinear al Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia de Santa Fe para
establecer las primeras cooperaciones con la Estación Hidrobiológica de Rosario,
creada en 1940. El acuerdo entre el Ministerio y la Universidad consistía en el cultivo
de peces en condiciones controladas para investigación y de mejoras en la acuicultura
del pejerrey, lo cual era de sumo interés para el Ministerio.
La creación del Acuario del Río Paraná en el predio de la vieja Estación
Hidrobiológica se posicionó como proyecto político-estratégico en la provincia desde
el año 2007. Con la llegada del Partido Socialista a la gobernación provincial, la
gestión de CyT pasó del rango de Subsecretaría a Secretaría de Estado de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva (SECTeI). El diálogo entre el equipo de
investigación y la SECTeI era fluido debido a que actores en común habían compartido
espacios de militancia universitaria dentro del socialismo provincial. El equipo de
investigación y la SECTeI coincidían en la relevancia de la ciencia en la sociedad y la
necesidad de la misma de explicar y fundamentar su construcción y uso.
El nuevo equipo de gobernación promovía el trabajo en equipo, la cooperación y
el diseño colectivo de los proyectos. La construcción de un nuevo acuario fue puesta
en debate en el Plan Estratégico convocado por el Ministerio de Gobierno y Reforma
del Estado de la Provincia. Mediante una metodología participativa de Asamblea
Ciudadana, la idea fue aceptada dentro de la línea de calidad social, que contemplaba
proyectos que promoviesen el involucramiento ciudadano en la vida social, política y
económica de sus comunidades. Desde ese momento, la agenda de conservación
incluyó las actividades humanas y así el proyecto inicial mutó hacia la construcción de
un acuario que contemplase tres ejes directrices: (a) investigación científica, (b)
producción ictícola y (c) educación-recreación.
18
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
Para comenzar a dar forma a esta idea, el equipo de investigación en conjunto
con la SECTeI formuló un proyecto presentado a Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica (ANPCyT) en donde la SECTeI era la contraparte. Este
proyecto abordaba el estudio de peces de agua dulce con potencial de cultivo en la
región y la conservación de especies acuáticas, incluyendo desarrollos
biotecnológicos y estudios genéticos. A pesar de las tentativas de ampliación de la
agenda de conservación hacia distintas problemáticas del río, las negociaciones con
la agencia de financiamiento derivaron en la delimitación del eje de investigación al
estudio de peces.
En 2009 el gobernador provincial, también del Partido Socialista, decretó el paso
de las competencias sobre el Acuario a la SECTeI. Así, en 2010 se realizaron las
modificaciones necesarias en el predio y el equipo de investigación constituyó la
Plataforma de Biotecnología Acuática, comenzando sus labores en el lugar. En el 2012
un proyecto de caracterización genética de peces del Río Paraná financiado
internacionalmente por el International Barcode of Life Project (iBOL) fue incorporado
en la agenda de la Plataforma. El proyecto iBOL posicionó al equipo en el ámbito
internacional. Funcionaba en tanto instrumento de medida de conservación al buscar
extender la cobertura taxonómica y geográfica de la librería de códigos de barra
genéticos para el monitoreo de ecosistemas, gestión de regulaciones de mercado, etc.
El proyecto iBOL requería conocer las características del Río Paraná, saber de
técnicas de pesca y recolección de ejemplares, conocer comportamientos de las
distintas especies, sus ciclos, adaptación de las especies al cautiverio, etc. El equipo
de investigación alineó para ello a pescadores artesanales de la Asociación de
Pescadores del Espinillo que desarrollaban actividades de pesca en una zona del
predio del acuario. Los conocimientos de estos pescadores de embarcaciones
pequeñas en diálogo con los conocimientos científicos del equipo de investigación
19
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
formaron una parte imprescindible del eje de investigación de este proyecto. Con este
grupo de pescadores además se establecieron varios proyectos de extensión y
programas de intercambio de saberes. Dentro de las negociaciones el diseño del
edificio contempló un lugar exclusivo para que los pescadores pudiesen acceder al
río.
La materialización de la agenda de conservación organizada en los tres ejes
antes mencionados fue también puesta en discusión en una asamblea con formato de
taller en el 2010 en donde el diseño colaborativo fue clave. Pare este taller, el equipo
de investigación en conjunto con la SECTeI convocó a todo actor que pudiese
interaccionar con el Río Paraná: asociaciones de pescadores, agrupaciones de pesca
deportiva, agrupaciones ecologistas, personal de investigación local y de otras zonas
del país, alumnado y profesorado de la UNR y otras universidades, otras
dependencias del Gobierno de Santa Fe, organizaciones de la economía solidaria,
representantes de parques nacionales y público general.
Se acordó un diseño edilicio que transmitiese la idea de transparencia e
intercambio: laboratorios vidriados; edificación que no dificulte la visibilidad del Río y
su entorno; espacios abiertos; peceras grandes con aguas transparentes que
mostrasen lo que la turbidez del río no permitía; dispositivos que permitan el
intercambio de información constante. El predio incluyó un paseo abierto que dio
acceso al río para realizar actividades –habilitado en 2015-, un parque autóctono, un
sector de aclimatación y cuidado de peces, el edificio principal con sus laboratorios,
piletones, cafetería y acuario, y un muelle de pescadores. El diseño de las peceras
constituyó un intercambio de conocimientos en sí mismo debido a sus características
particulares: grandes peceras con coexistencia de especies de agua dulce. Requirió
de asesoramiento externo de otros países, del conocimiento sobre el comportamiento
20
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
de las especies por parte de pescadores, y de conocimientos en diseño de peceras
por parte del equipo de investigación.
En el proyecto original se estipulaba la construcción de un puerto de pescadores
que no se completó y que incluso su construcción parcial interrumpió las actividades
pesqueras. Investigaciones específicas en esta cuestión han evidenciado cierta
inclusión subordinada de la pesca artesanal en la dinámica de construcción del
Acuario (Roldán y Arelovich, 2020). Esto da cuenta de las relaciones asimétricas de
entes públicos ante las diversas ocupaciones de la costa en donde la pesca artesanal
es restringida y los clubes privados ocupan territorio y sus irregularidades son
ignoradas.
En 2017 el equipo de investigación se mudó al predio y en 2018 se inauguró el
Centro para que el público general pueda recorrerlo. En cuanto el eje productivo, el
Acuario se inserta en dos sistemas productivos en disputa. Por un lado, la pesca
artesanal, que formaba parte tanto de la negociación de conocimientos como de
espacio en el Acuario. Aunque no se han registrado incidencias de los nuevos
conocimientos generados sobre el Río Paraná en la toma de decisiones respecto del
sistema pesquero industrial y/o artesanal, este proyecto sí ha logrado visibilizar la
pesca artesanal como actividad de importancia local y sus problemáticas asociadas.
Por otro lado, el Acuario aportó herramientas y servicios que buscan mayor
sustentabilidad para los desarrollos en acuicultura de peces, de sumo interés para la
gobernación provincial.
El eje de actividades de educación y recreativas suponía que para lograr un
cuidado comunitario del río debía haber una apropiación social del mismo. Para ello
se incorporaron visitas guiadas para el público en donde se exponía el río y su
cercanía en las afueras del edificio, sus recursos, ecosistemas y actividades. Las
visitas eran realizadas por un equipo de residentes compuesto por de entre 18 y 30
21
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
años que generaban intercambios de información con el público haciendo de nexo
entre este y el equipo de investigación. Este programa de residencia buscaba que
quienes participaban se apropiaran y multiplicaran la experiencia. Además, generaban
proyectos de comunicación científica propios, por ejemplo sobre la presencia de
microplásticos en el río. El diseño de dispositivos educativos y recreativos estaba a
cargo de personal especializado en la temática con la contribución del equipo de
residentes.
El caso del Acuario del Río Paraná constituye un proyecto único en
Latinoamérica por ser el acuario de agua dulce más grande de la región y poseer sólo
especies autóctonas o establecidas en el Río Paraná, uno de los ecosistemas más
grandes y biodiversos de la región.
La continuidad institucional es una característica relevante de este proyecto: el
equipo de investigación logró alinear a lo largo de toda la trayectoria a los distintos
equipos de gobierno, incluso de partidos políticos diferentes, en el establecimiento de
esta agenda de conservación. El proyecto logró incluso atravesar conflictos partidarios
entre la provincia y la gestión nacional en la sucesión de los terrenos para la
construcción edilicia.
A lo largo de la trayectoria se mostraron dinámicas de participación ampliada,
como el taller realizado en el 2010, la interacción de experticias entre pescadores y
otros actores, la construcción conjunta de estrategias de educación y recreación con
múltiples actores, incluyendo a quienes hacían las residencias. Sin embargo, en última
instancia el equipo de investigación retuvo el control. Tras la inauguración del acuario
en 2018, la participación de actores distintos al equipo de investigación y actores
gubernamentales se estabilizó en un esquema de decisión participada:
involucramiento de grupos específicos, como el intercambio de experticias entre
22
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
pescadores e investigadores, la interacción con el público y con los residentes, y las
ofertas y demandas de servicios con el sector acuícola.
En este proceso, la interacción con actores heterogéneos locales abilitó un
proceso de redefinición (y ampliación) del problema de conservación, dando lugar al
diseño de soluciones –no sólo técnicas sino socio-técnicas- en distintos planos: desde
servicios de estudios genéticos para el uso sustentable de recursos del ecosistema,
comunicación y educación científica para el cuidado del río o la detección de
microplásticos en el río. En su orientación a resolver los problemas de conservación y
uso sustentable del río, este proyecto ha logrado diversificar las agendas en función
de la interacción con otros actores, contribuyendo a una definición participativa del
problema que está en constante debate.
Yogurito Escolar
El “Yogurito Escolar” es un yogur probiótico diseñado para prevenir enfermedades
respiratorias y gastrointestinales provocadas por la desnutrición. Fue desarrollado por
un instituto público de I+D, el Centro de Referencia de Lactobacilos (CERELA), y
fabricado por una pequeña empresa de la provincia de Tucumán, en el Noroeste
argentino, en conjunto con agencias gubernamentales provinciales y nacionales. Este
proyecto ha sido considerado por las autoridades nacionales de CTI como un caso
emblemático de innovación inclusiva.
En Argentina, en 2001, una profunda crisis socioeconómica sacudió al país,
llevando a más del 50% de la población bajo la línea de pobreza (60% en la provincia
de Tucumán). En ese escenario, un grupo de investigación del CERELA decidió
desarrollar un producto probiótico para abordar la desnutrición en niños con
necesidades básicas insatisfechas. Para entonces, la institución era un centro de
23
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
referencia en probióticos e inmunobiotecnología en América Latina y contaban con
una experiencia previa de desarrollo de alimentos funcionales para niños en situación
de desnutrición (Bortz et al, 2018). Paralelamente, en 2004, la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (SECyT) comenzó a organizar una
serie de foros participativos regionales multiactorales. Estos espacios tenían como
objetivo identificar problemas territoriales y articular soluciones asociativas. Reunían
a científicos -entre los cuales fue convocado el CERELA- productores locales, ONG y
funcionarios. Tras conversaciones con funcionarios de CTI nacionales y provinciales,
la idea del grupo de investigación se transformó en un primer proyecto para desarrollar
un yogur probiótico para niños desnutridos.
Hacia 2006, el CERELA había logrado la puesta a punto del producto en el
laboratorio. Pero evaluar los efectos de los probióticos en el sistema inmunológico de
los niños requería realizar un estudio clínico. La búsqueda de llevar el producto “fuera
del laboratorio” para su implementación en el territorio llevó a los investigadores a
contactar a la secretaría provincial de CTI (SIDETEC). Estas a su vez, les pusieron en
contacto con la SECyT nacional, con quienes tenían un vínculo previo, y con
funcionarias de la Secretaría de Articulación Territorial del Ministerio de Desarrollo
Social (MDS), quienes involucraron a su equipo de trabajo. A su vez, evaluando el
potencial del proyecto, la SECyT asignó de manera directa una pequeña partida
presupuestaria para la implementación del estudio exploratorio.
La implementación en 2007-2008 de un ensayo doble ciego con 298 niños en
comedores comunitarios ubicados en zonas críticas de la periferia del Gran San
Miguel de Tucumán involucró a un equipo de más de 150 personas. El equipo estaba
liderado por investigadores de CERELA y con la activa colaboración de las
funcionarias del MDS, que seleccionaron los comedores en función de su experiencia
previa, de la accesibilidad y presencia de referentes de confianza que pudieran
24
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
colaborar con el estudio. También incluyó: nutricionistas, personal de cocinas
comunitarias, trabajadores sociales, productores de lácteos y médicos del Sistema
Provincial de Salud. Estos últimos conversaron la iniciativa con los padres y realizaron
el monitoreo de la salud de los niños, controlando los resultados de la ingesta de
probióticos. El ensayo implicó no solo la configuración del producto, sino también el
control de las condiciones de vida sociales y sanitarias de los niños y el ajuste del
yogur a sus gustos y preferencias.
Los resultados positivos del ensayo clínico mostrando el fortalecimiento del
sistema inmunológico de los niños ganaron amplia resonancia pública en la prensa
regional (Villena et al. 2012). Esto permitió que las funcionarias del MDS interesaran
al Ministerio para redireccionar la inversión del Programa Copa de Leche hacia el
Programa de Comedores Escolares e incluir al Yogurito como parte de la provisión
alimentaria prevista por el Plan Alimentario Provincial. El MDS decidió asignar los
fondos previstos por ley para leche tucumana (Ley 7.022) a la compra del “Yogurito”
para ser repartido tres veces por semana en las escuelas primarias públicas de San
Miguel y Gran San Miguel de Tucumán. En 2008, el “Yogurito” se convirtió así en el
elemento central de una política social provincial. Pero, al mismo tiempo que abordaba
las deficiencias nutricionales y de salud, el programa involucró el diseño de una
estrategia de desarrollo local para revitalizar una empobrecida cuenca láctea
provincial.
Diseñar, implementar y escalar de manera coordinada el “Programa Probiótico
Social”, requería alinear un conjunto de elementos heterogéneos. Para asegurar el
funcionamiento de la nueva política alimentaria, el MSD convocó a los pequeños y
medianos productores de leche de Tucumán, y también a los ministerios de
Educación, Salud y Desarrollo Productivo (MDP), así como los productores lecheros
de la provincia y la industria asociada a la producción del yogur.
25
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
La distribución se inició con 56.000 niños en 2008 y llegó a 200.000 en 2010. El
proyecto planteaba el desafío de organizar un esquema que permitiera un
escalamiento y adopción masiva del producto. La implementación de “Yogurito”
requirió crear las condiciones para la adecuación del proyecto mediante la
coordinación de productores y usuarios intermedios en tres niveles: (a) establecer el
circuito de producción y entrega del Yogurito (provisión de leche, industrialización del
yogur y provisión a escala del fermento probiótico); (b) capacitar al cuerpo directivo y
docente de los beneficios del producto a implementar, trabajando con la comunidad
educativa; (c) formar una red de control y contención sanitaria a través de los centros
de atención primaria de la salud para minimizar riesgos (González, 2020).
Estos intercambios, construidos sobre la participación de actores y su interacción
para resolver los desafíos de la implementación del estudio clínico (2007-2008),
llevaron a la conformación de una Mesa Intersectorial de Salud y Nutrición desde
2008. La mesa tenía como antecedente la experiencia previa de articulación de mesas
de gestión local impulsadas por el MDS. La Mesa Intersectorial buscó canalizar la
participación y brindar un espacio para la coordinación de actores y acciones,
fortaleciendo la coordinación de la política pública en el territorio entre sectores y en
las cadenas de implementación intra-sectoriales.
Este proceso implicó la negociación de diferentes tipos de conocimientos e
intereses que viabilizaron el funcionamiento situado del proyecto: capacidades
tecnocientíficas (CERELA), praxis política y logística (MDS), producción y distribución
de leche (productores lecheros), industrialización del yogur (PyME láctea), políticas
ganaderas (MDP), educación (Ministerio de Educación, docentes) y asistencia
sanitaria (Sistema Provincial de Salud), e incluso los niños, como usuarios finales,
cuyas preferencias moldearon el producto.
26
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
La canalización de estos intercambios a través de la Mesa Intersectorial
profundizó y estabilizó el aprendizaje interactivo, la confianza entre las partes y el
desarrollo de capacidades para la resolución de problemas. Estos fueron claves para
realizar mejoras tecnológicas en el producto, en los procesos y en el esquema
organizacional. Estos permitieron construir una adecuación con base local, ampliar el
programa, diversificar en conjunto con el grupo de I+D la cartera de productos
probióticos incorporadas al programa nutricional (para llegar a niños de zonas aisladas
de la provincia, resistiendo el intenso calor de Tucumán) y desarrollar nuevas
capacidades tecnoproductivas locales.
Desde el CERELA, el proyecto permitió conjugar una agenda de investigación
de altísima relevancia local con inserción internacional en inmuno-biotecnología. A la
vez, este proceso dio a lugar al surgimiento de conocimientos heterogéneos y nuevas
capacidades tecno-productivas: el proceso implicó no sólo la generación de nuevos
conocimientos en la interacción sino además nuevas prácticas tecno-cognitivas, a
partir del desplazamiento de los actores de sus espacios de expertise previos al verse
desafiados a desarrollar nuevas habilidades para interactuar con los demás.
Los actores involucrados en el programa señalan como resultados las mejoras
en la salud de los niños, la reducción del ausentismo y un mejor desempeño escolar
(Villena et al., 2012; 2018; Gonzalez, 2020). Pero, al mismo tiempo, para los
productores lecheros de Tucumán, el programa impulsó la valorización del sector
lácteo provincial, en crisis desde la década de 1990 por la desregulación económica y
la concentración de tierras. A partir de 2006, los actores sectoriales se automovilizaron
para reunir a agricultores atomizados y promover actividades de recuperación para
ganar rentabilidad y sustentabilidad, lo que llevó a la creación de la Mesa de Lechería
de Tucumán. En 2008, el inicio de “Yogurito”, que requirió el suministro coordinado de
materia prima a gran escala calzado sobre el poder de compra del estado provincial,
27
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
impulsó la creación de la Asociación de Productores Lecheros de la Cuenca de
Trancas (APROLECHE). Esta asociación de cooperación empresaria que nuclea a
pequeños y medianos tamberos pasó a formar parte del equipo de coordinación del
Yogurito.
En los años siguientes, la identidad de los productores lecheros fue moldeada
por el desarrollo de Yogurito, transformándose en un actor colectivo orientado por la
creciente demanda estatal para implementar el Programa Probiótico Social. Esto no
solo se logró a través de su provisión de leche, sino bajo innovaciones organizativas
por las que los productores primarios empobrecidos pasaron a co-gestionar la
producción, desde la materia prima hasta vender el producto terminado con valor
agregado al MDS.
Esta dinámica de desarrollo de capacidades impulsó la creación del Polo
Tecnológico Lácteo de Tucumán en 2011, que muestra el empoderamiento y creciente
influencia de los productores de leche en los procesos de toma de decisiones. Las
capacidades técnicas, productivas, organizativas y colaborativas construidas para la
implementación de "Yogurito", permitieron cierta diversificación productiva de la
producción láctea. Autoridades nacionales y de otras provincias buscaron durante la
última década replicar la experiencia, pero en ninguno de los casos adquirió la
dinámica y alcance logrados en Tucumán.
Laboratorio de Hemoderivados de Córdoba
El laboratorio de hemoderivados "Presidente Illia" (en adelante LH) es una industria
farmacéutica dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue creado en el
año 1964 y obtuvo su habilitación oficial en el año 1974. Desde entonces se dedica al
desarrollo, producción y distribución de medicamentos y productos médicos,
principalmente de origen humano, que son en general de difícil acceso por parte de la
28
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
población. En sus más de 50 años de trayectoria el LH ha alineado una serie de
elementos productivos, tecnológicos, comerciales, normativos, institucionales y
organizacionales, que le ha permitido no solo construir un complejo sistema de
producción pública de medicamentos, sino también en conformarse como uno de los
principales laboratorios productor de medicamentos hemoderivados de América
Latina.
El laboratorio cuenta con tres plantas de producción: una planta productora de
derivados del plasma humano, en la que se desarrollan, elaboran y distribuyen
medicamentos derivados del plasma humano (Inmunoglobulina G Endovenosa,
Gammaglobulina T y Factor VII Antihemofílico, entre otros); una planta procesadora
industrial de tejidos humanos, en la que se producen y distribuyen derivados óseos
con tejidos provenientes de donantes únicos, y destinados para el uso terapéutico en
Odontología y Traumatología principalmente; y una planta productora de
medicamentos inyectables humanos, que elabora y distribuye en hospitales, clínicas
y sanatorios Agua Bidestilada, Dexametasona, Diazepam, entre otros.
El laboratorio cuenta con habilitación y certificación de estándares
internacionales de calidad, como Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) por parte
de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica -
Instituto Nacional de Medicamentos (ANMAT-INAME) y normas ISO 9000, que
acredita su sistema de mejora continua. Desde la década de 1990 el LH tiene en
funcionamiento el Programa de Aseguramiento de la Calidad (PAC) para la captación
de materia prima y para la elaboración y control de calidad de los productos.
El LH fue creado en el año 1964 por iniciativa e impulso del entonces presidente
Arturo Umberto Illia advertido por un grupo de profesionales de la cátedra de
Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. El
objetivo era la producción de medicamentos derivados de sangre humana desde una
29
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
institución sin fines de lucro, que elaborara medicamentos a costos de producción,
que pudieran sustituir importaciones y regular los precios del mercado. Esta iniciativa
se vio fortalecida a partir del año 1964 con la promulgación de las "Leyes Oñativia",
dos leyes nacionales que otorgaron al proyecto de constitución del LH un respaldo
normativo y legal, y que sustentaban una concepción ideológica de los medicamentos
como “bienes sociales”. Por su parte, el hecho de que el laboratorio formara parte de
una universidad pública y nacional permitía despojar al proyecto de constitución de la
LH de toda connotación comercial y protegerlo de los grandes intereses económicos
de la época. Las primeras capacidades para la construcción y funcionamiento del LH
fueron adquiridas por su primer director en Estados Unidos. Así, los trabajos de
desarrollo de los primeros productos comenzaron en el año 1971 y tres años después
se aprobó el primer lote de albúmina sérica humana y posteriormente gammaglobulina
para uso intramuscular.
A partir de esta primera fase del desarrollo del laboratorio puede identificarse un
significativo grado de convergencia entre los diversos actores involucrados en la
gestación del proyecto del LH y la política manifiesta por las autoridades nacionales
basada en la idea del desarrollo local de ciencia y tecnología. Se destaca así el fuerte
nexo entre el proyecto de conformación del laboratorio y el proyecto estratégico del
gobierno basado en la idea de "soberanía estratégica", que implicó, por ejemplo, el fin
de las patentes otorgadas a empresas petroleras extranjeras, o las Leyes Oñativia.
También, las Leyes Oñativia establecían regímenes especiales de producción y
elaboración de fármacos e instrumentaban mejores mecanismos de regulación y
control.
Por su parte, el rol clave de los profesionales del Instituto Farmacológico de la
Universidad Nacional de Córdoba fue relevante para coordinar los intereses "sociales"
30
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
de la Universidad, el gobierno provincial, las autoridades nacionales y los
conocimientos y tecnologías de producción.
No obstante, dos elementos debilitaban la estabilidad de la red: la provisión del
principal insumo para la elaboración de estos medicamentos, el plasma derivado de
la sangre humana, y la competencia en la provisión de hemoderivados por parte de
industrias farmacéuticas de capitales privados. Para solucionar estos obstáculos, el
laboratorio puso en marcha una serie de medidas a partir de principios de la década
de 1980 que implicó, entre otras:
a) La implementación de un mecanismo de obtención de plasma humano a través
de convenios con instituciones, tanto nacionales como internacionales, que
tuvieran acceso al insumo requerido: bancos de sangre y servicios hospitalarios
de hemoterapia. La promulgación de la Ley Nacional de Sangre N° 22.990 de
1983 tuvo una importancia significativa para el desarrollo de las actividades
productivas del laboratorio, ya que reglamentó y dio un marco normativo a todas
las actividades relacionadas con la sangre humana, entre ellas su obtención a
través de donaciones y la producción de los hemoderivados.
b) La incorporación de procesos tecnológicos nuevos en la producción y control
de la calidad. Por ejemplo, durante la década de 1990 se introdujo el proceso
de pasteurización como método de inactivación viral, recomendado por la
Organización Mundial de la Salud. Esta tecnificación de las prácticas
productivas del laboratorio permitió diversificar y aumentar la producción de
medicamentos hemoderivados y fortaleció la relación entre la generación de
conocimientos tecno-productivos y el carácter público de los mismos;
c) El desarrollo de un área de marketing para posicionar sus productos en el
mercado consumidor y generar mejores condiciones de competitividad frente a
la industria privada. Adicionalmente, se intentaba también reposicionar la
31
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
industria pública y sus productos elaborados en términos de calidad y
efectividad. El área de marketing formó parte de la estrategia de solución al
problema de la competitividad y, particularmente, permitió intervenir en el
mercado consumidor, especialmente frente a la oposición de los empresarios
farmacéuticos privados que veían a la producción pública como sinónimo de
mala calidad.
La firma de convenios y la implementación del Programa de Intercambio Plasma-
Hemoderivados constituyeron ya desde la promulgación de la Ley Nacional de Sangre
en 1983 y de la instrumentación del Plan Nacional de Sangre en el año 2002 los
elementos centrales de la estrategia de crecimiento y consolidación del LH como el
principal laboratorio productor de hemoderivados de América Latina. El plasma es
provisto directamente por donantes voluntarios no remunerados, que realizan su
donación en los bancos de sangre y servicios de hemoterapia, con acuerdos suscritos
con el LH para tal fin. El LH cuenta hoy con más 280 bancos de sangre en toda la
Argentina. A nivel internacional, el LH suscribió acuerdos con los servicios de salud
de Chile, Uruguay, Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Guatemala y República
Dominicana.
La Ley Nacional de Sangre N° 22.990 brinda el marco jurídico que posibilita esta
política de desarrollo de redes basadas en el intercambio de productos, conocimientos
y asesoramiento como contraparte a la disponibilidad de plasma. La ley ampara y
promueve este tipo de cooperación, considerándola de "interés nacional",
considerando la sangre y sus componentes como productos exentos de valor
comercial, siempre que se compensen los costos de obtención, procesamiento y
conservación de la materia prima. Además, en el caso de los hemoderivados, admite
un margen para reinversión en I+D de la institución. Sobre todas las cosas, a través
de su Artículo 29, la normativa faculta a las plantas habilitadas para la elaboración de
32
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
hemoderivados a establecer convenios de provisión de sangre entera, plasma o sus
componentes con personas jurídicas públicas o privadas para el trueque por productos
de su producción.
Un elemento relevante en la construcción del funcionamiento del laboratorio de
hemoderivados lo constituye la agencia de la "sangre local". Los productos
hemoderivados producidos por el LH presentan ventajas epidemiológicas y de
efectividad terapéutica –frente a los productos importados producidos por la industria
privada– al ser medicamentos obtenidos del plasma de la propia población
destinataria, lo cual les permite contar con anticuerpos específicos para los agentes
infecciosos más frecuentes a nivel regional.
De esta forma, los convenios suscriptos, el programa de intercambio de plasma
por medicamentos hemoderivados y el carácter "local/regional" del plasma refuerzan
la adecuación del laboratorio como una institución pública elaboradora de
medicamentos socialmente orientada.
La estrategia de resolución de los obstáculos que fue desplegada por el LH
durante los años de 1980 y 1990, permitió al laboratorio reorientar, en términos
organizacionales y productivos, sus líneas de desarrollo específicas, incorporando
nuevas plantas y nuevos productos a partir del año 2002, utilizando para ello recursos
financieros generados en su totalidad por el propio laboratorio. En efecto, el LH
inauguró en ese año una planta de fármacos inyectables de pequeño volúmen en
respuesta a la crisis económica, social y sanitaria del año 2001, en un contexto
particularmente grave en cuanto el acceso de la población argentina a medicamentos
y productos médicos. Asimismo, ha sido adjudicado con subsidios de I+D a partir de
un instrumento de fondos sectoriales para el desarrollo de biosimilares y la elaboración
de nuevos biomedicamentos derivados del plasma humano.
33
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
Discusión
Comparación de casos
Desde una visión coproduccionista, el conocimiento científico, la utilidad social y la
política pública se analizan como objetos en interacción y construcción conjunta. Se
presentan aquí tres casos de políticas públicas que respondieron en mayor o menor
medida a problemáticas socio-ambientales locales construyendo utilidad social y
conocimientos. Estas políticas presentaron tecnologías organizacionales innovadoras
por su capacidad de respuesta, estabilización en el tiempo, inserción en el sistema
productivo local y fomento de dinámicas de inclusión y sustentabilidad. La Tabla 1
sistematiza las principales dimensiones que permiten comprender el funcionamiento
de los casos analizados.
Tabla 1. Sistematización de los casos de análisis
Dimensión
Variables
Acuario del Río
Paraná
Yogurito Escolar
Laboratorio de
Hemoderivados
Vínculo
socio-
territorial
Alcance
territorial
Municipal/provincial
Provincial
Nacional/Regional
(Latinoamérica)
Problemát
ica(s)
socio-
territorial(
es)
Desconocimiento
de la situación
ecológica del Río
Paraná;
Distribución
desigual de los
usos socio-
productivos del río.
Enfermedades asociadas
a desnutrición;
Empobrecimiento de la
cuenca láctea
Acceso de la
población a
medicamentos de
calidad.
Continuid
ad
(política,
económic
a,
tecnológic
a)
Desde 2007.
Permanencia a lo
largo de distintos
gobiernos.
Inserción en
actividades sociales
(recreación,
educación,
esparcimiento),
políticas y
productivas del
territorio.
Desde 2003.
Permanencia a lo largo de
distintos gobiernos.
Inserción en actividades
sociales (educativas,
sanitarias, comunitarias) ,
políticas y productivas del
territorio.
Desde 1964.
Permanencia a lo
largo de distintos
gobiernos.
Inserción en
actividades
sociales
(sanitarias,
educativas),
políticas y
productivas del
territorio.
34
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
Actores y
experticias
Actores
involucrad
os
Equipo de
investigación,
Funcionariado
público (Ciencia y
Tecnología,
productivo),
pescadores
artesanales,
piscicultores,
agrupaciones
ecologistas,
agrupaciones de
pesca deportiva,
docentes y
alumnado
universitario,
residentes.
Investigadores,
Funcionariado público
(Desarrollo Social, Salud,
Educación, Desarrollo
productivo), productores
primarios, industria láctea,
personal médico,
docentes y directivos,
familias, niños, personal
de cocinas comunitarias.
Dirección
ejecutiva,
Universidad
Nacional de
Córdoba
(Institutos,
cátedras y
Facultades),
Funcionariado
público (Salud,
organismos de
control de
medicamentos e
implantes,
Presidencia,
Universidad),
hospitales
públicos y
privados, clínicas,
sanatorios,alumn
ado, especialistas
de la salud,
industria
farmacéutica,
sangre y plasma
humano, bancos
de sangre,
servicios
hospitalarios de
hemoterapia,
organismos
internacionales de
salud,
consumidores,
donantes.
Conocimi
entos y
experticia
s
involucrad
as
Conocimientos en
biotecnología,
biología,
piscicultura,
fisiología de peces,
etc. en I+D.
Experiencia de los
pescadores en
captura y
características de
peces y del Río.
Conocimientos en
construcción de
peceras. Educación
y recreación.
Conocimientos en
inmunobiotecnología,
microbiología de
alimentos, producción
primaria, industrialización
de la leche, diseño e
implementación de
políticas públicas,
medicina, nutrición, entre
otros.
Conocimientos en
hemoterapia,
medicina,
farmacia,
bioquímica,
contaduría y
economía, salud,
desarrollo social,
marketing para el
funcionamiento y
para I+D.
Experiencia de
docentes sobre el
costo elevado de
hemoderivados.
Conocimientos en
logística y
distribución y en el
sistema de la
sangre.
Articulaci
ón/tensió
n
internacio
nal-local
Agendas
internacionales de
I+D.Conocimiento
CyT localmente
relevante.
Agendas internacionales
de I+D. Conocimiento CyT
localmente relevante.
Construcción de
capacidades autónomas
Calidad
internacional por
cumplimiento de
estándares
(BPM/BPL).
35
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
Construcción de
capacidades
autónomas
(productivas,
constructivas,
educativas) a nivel
local
(productivas, políticas) a
nivel local
Productos de alta
adecuación
regional/ local
(anticuerpos
locales).
Distribución
Sudamericana de
los productos.
Construcción de
capacidades
autónomas
(productivas) a
nivel local.
Obtención de
insumos (sangre
humana) a
cambio de
productos,
insumos y/o
equipamientos
con otros países
de Latinoamérica.
Inserción
en sistema
productivo
Producció
n de
bienes y
servicios
Pesca y acuicultura.
Diversificación de
agendas: inclusión
de nuevas
temáticas de
investigación,
agenda educativa,
agenda ambiental.
Servicios a la
producción
acuícola.
Producción primaria e
industrialización en la
cadena láctea.
Diversificación productiva:
yogur, probiótico
deshidratado, queso
probiótico, chocolatada
probiótica
Producción de
medicamentos de
hemoderivados.
Diversificación
productiva:
hemoderivados,
medicamentos
genéricos
inyectables,
tejidos humanos.
Financia
miento
Diversificación de
fuentes.
Financiamiento
directo provincial.
Fondos
concursables para
I+D.
Autofinanciamiento
del Acuario:
entradas y
servicios.
Diversificación de fuentes.
Financiamiento directo
provincial, financiamiento
directo nacional para
estudio exploratorio.
Fondos concursables para
I+D. Autofinanciamiento:
comercialización del
probiótico.
Financiamiento
directo desde
Presidencia y
Universidad.
Fondos
concursables para
I+D.
Autofinanciamient
o tanto para
funcionamiento
como para
inversión.
Participaci
ón y
gobernanz
a
Narrativa
Conservación del
río y uso
sustentable de
recursos
Yogur social
Medicamento
como bien social
Decisión
política
Inversión provincial.
Proyecto
estratégico
provincial.
Regularización de
legislación.
Apoyo con asignación
directa: inversión nacional
SECyT y financiamiento
con plan alimentario
provincial.
Proyecto estratégico
provincial pero emblema
nacional.
Intentos desde gobierno
nacional de replicación en
otros espacios.
Proyecto
estratégico
nacional.
Innovaciones en
materia
legislativa.
36
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
Coordinac
ión de
políticas
De CTI, educativas,
urbanísticas,
productivas.
De CTI, educativas,
sanitarias, productivas.
De CTI,
sanitarias,
productivas,
educativas,
Universidad y
Estado,
regulación de
precios y
comercialización.
Articulaci
ones
participati
vas
(formales
e
informale
s)
Asamblea
ciudadana, taller de
discusión del
proyecto.
Visitas guiadas,
sistema de
residencias,
reuniones acuario-
pescadores.
Mesa Intersectorial, Polo
Tecnológico Lácteo.
Antecedentes: Mesas de
gestión local, Mesa de
Lechería.
Reuniones
directas entre
interesados
(alumnos de
farmacología) y el
Presidente Illia.
Intercambios
entre organismos
Estatales.
Relaciones
Universidad-
Estado. Debates
en el recinto
legislativo
nacional.
Gobernan
za
Dirección del
Acuario y gobierno
local.
Personal científico,
funcionarios del Ministerio
de Desarrollo Social,
productores primarios.
Director ejecutivo
y comité de
gestión. Consejo
Superior de la
Universidad
Nacional de
Córdoba.
Fuente: Elaboración propia
Vínculo socio-territorial. En cuanto al alcance territorial, mientras que el Acuario del
Río Paraná se orientó a nivel municipal/provincial y el yogurito provincial, el LH abarcó
políticas y sistemas productivos nacionales e incluso a nivel latinoamericano. Los
casos estudiados se centraron en problemáticas concretas de sus territorios para las
cuales partieron del diseño de soluciones específicas y puntuales, que derivaron en
construcciones más complejas e integrales de problemas y soluciones. Si bien
ninguna de ellas logra revertir las dinámicas más amplias -estructurales- de los
problemas que abordan, sí lograron formar islas que ejercen resistencia frente a
dinámicas socio-económicas hegemónicas. Por ejemplo, el Acuario restableció parte
del acceso al río históricamente negado a los pobladores, el Yogurito reactivó el
sistema productivo lácteo local y de pequeña producción, el LH generó resistencias
37
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
en el sistema de fijación de precios de fármacos. La fortaleza del vínculo de las
políticas analizadas con la sociedad y el territorio se evidencia en la capacidad de
permanencia a lo largo de períodos muy extensos, más de 50 años en el caso del LH.
La continuidad temporal -en ocasiones de resistencia- es una característica saliente
en los tres casos, casi excepcional a los vaivenes de la política en América Latina. Si
bien estas trayectorias no estuvieron exentas de problemas, su persistencia se debe
a la capacidad de alinear a distintos gobiernos municipales, provinciales y nacionales,
incluso de partidos políticos diferentes. En parte esto se explica por la articulación con
otras políticas públicas más amplias, actividades sociales y productivas de sus
territorios de inserción.
Actores y experticias. Esta dimensión permite dar cuenta de la diversidad de
actores involucrados en los procesos de negociación de conocimientos y de sus usos
sociales, pretendidos y efectivos. No sólo se observaron interacciones
interdisciplinarias, sino también la participación activa y realmente valorada de otras
formas de conocimiento y experticia. Por ejemplo, en el Acuario el conocimiento que
los pescadores negociaron en temáticas de taxonomía de peces. En el Yogurito la
experticia política de las funcionarias públicas y en la producción láctea de la industria
moldearon el proyecto, los gustos de los usuarios formaron parte del rediseño del
producto. En términos de la tensión internacional/local, los tres casos lograron
conjugar el cumplimiento de expectativas locales con agendas internacionales de I+D
(Acuario, Yogurito) o inserción el mercado internacional a través de estándares de
calidad (LH). Esto permitió no renunciar a las agendas locales: a través de la
generación de conocimientos de relevancia local, desarrollo de capacidades
autónomas (de producción, de construcción, de diseño, educativas) y de desarrollo de
productos y servicios de calidad adecuados a las necesidades de sus entornos.
Además, la emergencia de nuevas problemáticas desde el entorno habilitó la
38
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
diversificación de agendas de investigación (desde la presencia de microplásticos en
el río hasta las posibilidades técnicas de funcionamiento de probióticos
deshidratados).
Inserción en sistema productivo. Los tres casos se insertaron en sistemas
productivos específicos y sentaron capacidades para su transformación. En el caso
del Acuario, la política estuvo inmersa en debates en torno a la pesca artesanal y a la
producción acuícola de peces. A la pesca artesanal le ofreció un lugar de acceso y a
la producción acuícola servicios. Hasta ahora, el Acuario no se vio involucrado en
debates en torno al resto de las actividades pesqueras en el río (pesca a gran escala,
pesca deportiva). El Yogurito logró el resurgimiento del sector lechero de la zona y
fomentar la diversificación productiva. Por último, el LH, inserto en la industria
farmacéutica, modificó la fijación de costos de los productos y una diversificación de
los mismos. El financiamiento que obtuvieron los tres proyectos tuvo un aporte
significativo de inversión directa estatal que logró impulsarlos. Accedieron a fondos
concursables, mayoritariamente para actividades de I+D de los proyectos. Pero
además todos los casos lograron generar ingresos autónomos que tuvieron un peso
significativo en su funcionamiento.
Participación y gobernanza. Los tres casos registraron narrativas que ordenaron
sus agendas (de I+D, políticas y productivas): la conservación del río, la construcción
de un “yogur social” y la noción de “medicamento como bien social”. Estas ideas-
fuerza funcionaron como elemento rector, que se fue redefiniendo y transformando
con la incorporación de actores y conocimientos a cada trayectoria.
A pesar de que todos los casos tuvieron un iniciador (driver) desde grupos de
investigación del sistema CTI, fue clave la decisión política de apoyar los proyectos y
encauzarlos como políticas estratégicas en distintos niveles (provincial, nacional).
Esto se tradujo en apoyos de financiamiento directo y/o en innovaciones en materia
39
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
legislativa. Además, como políticas estratégicas, fueron más allá de las políticas CTI,
siendo articuladas con políticas educativas, sanitarias y productivas.
Los casos son fruto de colaboración interactoral: se evidenciaron distintos
dispositivos de participación, tanto formales (asambleas ciudadanas, talleres de
discusión, mesas intersectoriales o consultivas), como informales (reuniones entre
algunos actores o apreciaciones del público). Los inicios tempranos del LH a mediados
del siglo XX, sucedieron en un contexto previo a la proliferación de dispositivos de
participación ciudadana específicos (talleres, consultorías, asambleas, etc.). El caso
permite ver otro tipo de dinámicas participativas: desde el intercambio directo entre el
equipo de investigación y la Presidencia, entre organismos públicos, así como formas
tempranas de articulación Universidad-Estado. Las vinculaciones entre los actores no
siempre dieron lugar a una toma de decisiones conjunta, tendiendo a que sólo algunos
de los actores involucrados tomaron decisiones finales.
Estos casos se presentan como excepciones a las limitaciones persistentes de
los sistemas CTI en América Latina para aportar soluciones a las problemáticas de
sus sociedades. Aunque ninguno de los casos ha estado exento de críticas
3
, dan
cuenta de la posibilidad de contribuir desde el sector CTI a la generación de dinámicas
de inclusión y sustentabilidad en territorios social y materialmente situados.
¿Por qué funcionan estos casos? Primero, tenían en común una estrecha
vinculación con un territorio específico desde la concepción y diseño de la tecnología.
La necesidad de movilizar conocimientos más allá de la academia para construir el
funcionamiento de los proyectos en el territorio impulsó la articulación de redes
extensas con actores heterogéneos (sector productivo primario e industrial,
organismos gubernamentales nacionales y/o subnacionales, organizaciones de la
3
Estas han sido incluso realizadas por los propios autores en otros trabajos de investigación.
40
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
sociedad civil, grupos de usuarios, entre otras). Esto permitió –y se benefició- de la
incorporación de experticias heterogéneas en su diseño (científicas, de planificación,
de gestión, productivas, logísticas, educativas, experienciales, entre otras).
Segundo, las iniciativas fueron gestadas con una misión específica. En los tres
casos los inicios de proyecto ocurrieron por la conjunción del interés de un equipo de
investigación con una propuesta de solución a un problema local y la decisión de la
política gubernamental del momento de apoyar la iniciativa, en virtud de cierta
confluencia de valores o agendas. La capacidad del equipo de investigación de alinear
actores de la política pública en busca de apoyo y financiamiento dependió de la
apertura de una mínima posibilidad de diálogo entre los actores, cobrando relevancia
los contactos informales. Desde los inicios las articulaciones participativas informales
fueron fundamentales para el desarrollo de estas redes, muchas de las cuales fueron
institucionalizadas ex post.
Tercero, las dinámicas propias que fueron cobrando las iniciativas dieron lugar a
la búsqueda de respuestas a problemáticas del entorno socio-productivo más amplias,
que exceden el problema específico que motivó su desarrollo. Esto muestra la
capacidad de adaptación de las redes generadas, la ampliación de las experticias en
la interacción entre actores y de la visión de complejidad que adquieren al abordar
problemáticas de desarrollo.
La dimensión de participación y gobernanza evidencia que la confluencia de
nuevas agendas de problemáticas interrelacionadas al interior de cada uno de los
casos fue el fruto de procesos de interacción con actores diversos. A la vez, aquellos
problemas desestimados por la red (o que permanecieron sin solución) se vincularon
con la no incorporación de actores participantes en los procesos de toma de
decisiones efectiva. En este sentido, sí se puede ver una jerarquización de los
problemas por parte de los actores que lideran cada red.
41
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
La configuración de Redes Territoriales Participativas
Las iniciativas analizadas tienen en común la dificultad de ser enmarcadas dentro de
formas tradicionales de gestión de tecnologías (consorcios público-privados,
empresas de base tecnológica, startups, transferencia de tecnología, extensión
universitaria). No adscriben a los modelos institucionalizados -extensamente
caracterizados en la literatura-, sino que dan cuenta de nuevas formas de producción
de conocimientos, tecnologías, usos sociales y políticas públicas.
Los casos presentan formas colaborativas en forma de redes ad hoc, flexibles y
fluidas, con una alta capacidad de dar respuesta a las necesidades sociales,
ambientales, productivas y políticas de sus entornos. Sus particularidades
organizacionales, observadas en los tres casos, permiten intuir que asistimos a la
emergencia de una nueva forma de gestión de la CTI, que hemos denominado Redes
Territoriales Participativas (RTP). Este nuevo concepto obedece a la necesidad de
agruparlas, caracterizarlas y dar cuenta de sus especificidades. A contramano de
modelos de interacción prescriptivos originados desde la teoría, este concepto busca
dar cuenta de manera inductiva de fenómenos emergentes desde la base empírica.
Esta forma emergente de gobernanza de la CTI orientada por problemas (o
misiones) situadas, tiene lugar a contramano de dinámicas de CTI más amplias. Este
estudio exploratorio permitió identificar algunas características comunes:
● Inicios de las RTP: surgen movilizadas de forma activa por parte de algún
eslabón del sistema CTI para solucionar una problemática social, conjugado
con un interés gubernamental que permite una adopción temprana. Al menos
una parte de los actores que componen la red poseen una visión amplia que
42
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
excede sus campos de competencias profesionales y cataliza la interacción con
otros actores.
● Configuración problema-solución: las dinámicas problema-solución surgen en
pos de un objetivo específico y dan lugar a la colaboración y articulación
participativa entre los actores que se ven involucrados en el problema. Este se
construye como narrativa orientadora o idea-fuerza que guía y articula los
esfuerzos de la red. El problema, inicialmente definido en términos específicos,
se complejiza y redefine durante la trayectoria. Lejos de ser proyectos con
pretensiones universalistas, estas experiencias son diseñadas de manera
situada. Si bien el objetivo de la red puede no ser el objetivo central de cada
actor que la compone, se presenta como una meta común de convergencia.
● Conocimientos: la red se caracteriza por articular y construir experticias
diversas, tanto científicas (transdisciplinares), prácticas y experienciales,
productivas. Los conocimientos y su utilidad se coproducen en la trayectoria de
la red en dinámicas problema-solución.
● Arraigo territorial: este arraigo es tanto político como cognitivo. Las redes se
construyen y encuentran lugar para funcionar insertándose en políticas
estratégicas más generales del territorio. La interacción con otras políticas
públicas, la capacidad de insertar los conocimientos generados localmente en
la agenda internacional y la interacción con los sistemas productivos locales,
hacen a la consolidación de la red y su resistencia en el tiempo. Desde lo
cognitivo, se producen conocimientos altamente contextualizados, que
permiten desde su diseño dar respuesta a problemáticas situadas. Las
soluciones tecnológicas son difícilmente transferibles desde otros contextos
marcando el carácter local de estas redes. La configuración que adquieren,
43
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
fuertemente vinculadas a su territorio, las hace únicas y permite su
consolidación en el tiempo, generando vínculos de confianza.
● Interacción de la red: están compuestas por grupos no sólo interdisciplinarios
sino además intersectoriales. La capacidad de generar aprendizajes
interactivos y el desplazamiento de los actores de sus zonas de experticia inicial
hacia otros campos es constante. El problema principal de la red y su objetivo
involucra necesariamente la pluralidad de sectores (productivo, CTI,
gubernamental, activismo, actores civiles) y posibilita su ampliación.
● Dinámicas de participación y gobernanza: en términos de participación, un
sector de la red suele liderar el proyecto o tecnología que responde al objetivo
común. Las agendas de los otros actores involucrados, sus objetivos y
demandas, son incorporados al proyecto a partir de dinámicas de interacción
participativas. La participación, muchas veces canalizada a través de
dispositivos formales o informales (foros, mesas intersectoriales, talleres
participativos, mesas de trabajo, etc.), habilitan procesos de construcción multi
e interdisciplinaria. En estas instancias no sólo se traen a la mesa diversos tipos
de experticia sino que se construyen nuevas capacidades en la interacción.
Conclusiones
El nuevo contrato social entre la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad en el siglo XXI,
requiere superar las limitaciones históricas de las dinámicas CTI en la región para
transformar las capacidades disponibles en soluciones a las problemáticas sociales y
ambientales de la región. En este artículo nos propusimos analizar las dinámicas de
coproducción de conocimiento entre actores heterogéneos, políticas y la construcción
de utilidad social de la I+D pública orientada a generar soluciones a problemáticas de
44
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
relevancia social, ambiental y sanitaria, con foco en América Latina. Esto permitió
observar las dinámicas de transformación recíproca entre la producción de
conocimientos y sus usos pretendidos y efectivos, entre experticias y las identidades
de actores, entre saberes y políticas públicas.
A partir de estudios empíricos mostramos las condiciones de posibilidad de
producir conocimientos científico-tecnológicos insertos en redes internacionales y con
altísima relevancia local, construyendo soluciones tecnocientíficas territorialmente
arraigadas que den respuesta a problemas de desarrollo y que, a la vez, despierten
nuevas líneas de investigación de carácter complejo e interdisciplinar, como los
problemas que abordan. Los casos presentados en este trabajo tuvieron como
particularidad lograr articular capacidades científicas, la producción y escalamiento de
bienes y/o servicios, construyendo la utilidad social de los conocimientos científicos y
tecnológicos en términos efectivos. Esto resulta indisociable de la incorporación de
actores heterogéneos en el diseño e implementación de agendas de I+D, en las que
confluyen como un tejido sin costuras lo científico, lo político, lo productivo y la
materialidad del territorio.
A partir de un análisis inductivo, propusimos las Redes Territoriales Participativas
como nueva categoría analítica que nos permita dar cuenta de una forma emergente
de gobernanza de la CTI en la región, orientada por problemas o misiones, desplegada
a contramano de las políticas e instrumentos preestablecidos. Indagamos sobre sus
orígenes, las estrategias desplegadas, la articulación de capacidades CTI y
problemáticas locales, las formas de gobernanza propuestas, así como las
condiciones de funcionamiento para generar dinámicas de inclusión y sustentabilidad.
Estas modalidades, abordadas en este trabajo de manera exploratoria, se presentan
como semillas de cambio para una transformación más amplia de las políticas CTI.
45
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
Serán tanto objeto de futuras indagaciones como fuente de aprendizajes para nuevos
incentivos para el sistema CTI.
46
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
Referencias bibliográficas
Arancibia, F. (2016), “Rethinking activism and expertise within environmental health
conflicts”, Sociology Compass, 10, (6), pp. 477-490.
Arocena, R y J. Sutz (2012), “Research and innovation policies for social inclusion: An
opportunity for developing countries”, Innovation and Development, 2, (1), pp.
147-158.
Bijker, W. (1995), Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs. Toward a Theory of Sociotechnical
Change, Cambridge, MIT Press.
Blue, G y D. Davidson (2020), “Advancing a transformative social contract for the
environmental sciences: From public engagement to justice”, Environmental
Research Letters, 15, (11), 115008.
Bone, F., Hopkins, M. M., Ràfols, I., Molas-Gallart, J., Tang, P., Davey, G y A.M. Carr
(2020), “DARE to be different? A novel approach for analysing diversity in
collaborative research projects”, Research Evaluation, 29, (3), pp. 300-315.
Bortz, G. (2017), “Biotecnología, (des)nutrición y desarrollo local: aprendizajes,
producción de conocimiento y políticas públicas en la trayectoria del ´Yogurito
Escolar’ (Tucumán, Argentina)”, en Gibert, J., Gómez, A. y R. Cancino (Eds.),
Ciencia, tecnología y sociedad en América Latina. Los enfoques de las nuevas
generaciones, Santiago de Chile, RIL Editores.
Bortz, G. y H. Thomas (2019), “Parasites, bugs and banks: problems and constraints
of designing policies and technologies that transform R&D into healthcare
solutions: the case of Chagas disease in Argentina (2007–2017)”, Innovation and
Development, 9, (2), pp. 225-243
47
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
Bortz, G y H. Thomas (2017), “Biotechnologies for inclusive development: scaling up,
knowledge intensity and empowerment (the case of the probiotic yoghurt
‘Yogurito’in Argentina)”, Innovation and Development, 7, (1), pp. 37-61.
Bortz, G., Becerra, L y H. Thomas (2018), “De la «transferencia tecnológica» al
desarrollo local. Dinámicas sociotecnocognitivas en el caso del Yogurito escolar
(Argentina, 1984-2015)”, Apuntes, 45, (82), pp. 33-69.
Brieva, S., Garrido, S., Thomas, H., Bortz, G., Carroza, T., Costa, A.,… y A. Lalouf
(2016), “La producción de tecnologías e innovación para el desarrollo inclusivo y
sustentable. Análisis de políticas públicas y estrategias institucionales en
Argentina (agricultura familiar, energías renovables, tic, biotecnologías y
nanotecnologías)”, Documento de trabajo CIECTI, Mar del Plata, CIECTI, IESCT-
UNQ, UNMdP.
Carabajal, M. I. (2020), “Coproducción de conocimiento: el caso de la reunión de
tendencia climática trimestral de Argentina”, Revista Iberoamericana de Ciencia,
Tecnología y Sociedad-CTS, 15, (44), pp. 197-219.
Charum, J y L. Parrado (1995), Entre el productor y el usuario, Bogotá, ICFES,
Universidad Nacional de Colombia.
Chilvers, J y M. Kearnes (2020), “Remaking participation in science and democracy”,
Science, Technology & Human Values, 45, (3), pp. 347-380.
Collins, H. (1992), Changing order: Replication and induction in scientific practice,
Chicago, University of Chicago Press.
Dagnino, R. (2012), “Why science and technology capacity building for social
development?”, Science and Public Policy, 39, (5), pp. 548–556.
Dagnino, R., Thomas, H y A. Davyt (1996), “El pensamiento latinoamericano en
Ciencia, Tecnología y Sociedad. Una interpretación política de su trayectoria”,
Revista Redes, 3, (7), pp. 13-51.
48
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
Daniels, C.U., Ustyuzhantseva, O y W. Yao (2017), “Innovation for inclusive
development, public policy support and triple helix: perspectives from BRICS”,
African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 9, (5), pp.
513-527.
Di Bello, M. E. (2013), “Investigadores académicos, conocimientos científicos y utilidad
social”, Revista Redes, 19, pp. 51-78.
Dilling, L y M.C. Lemos (2011), “Creating usable science: Opportunities and
constraints for climate knowledge use and their implications for science policy”,
Global Environmental Change, 21, (2), pp. 680–689.
Dutrénit, G. y J. Judith (ed.) (2014), National Innovation Systems, Social Inclusion and
Development, Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
Etzkowitz, H. y L. Leydesdorff (1997), "Introduction to special issue on science policy
dimensions of the Triple Helix of university-industry-government relations",
Science and Public Policy, 24, (1), pp. 2-5.
Eyal, G. (2013), “For a sociology of expertise: The social origins of the autism
epidemic”, American Journal of Sociology, 118, (4), pp. 863-907.
Follett, R y V. Strezov (2015), “An analysis of citizen science based research: usage
and publication patterns”, PloS One, 10, (11), e0143687.
Freeman, C. (1995), “The ‘National System of Innovation’ in historical perspective”,
Cambridge Journal of economics, 19, (1), pp. 5-24.
Fressoli, M., Dias, R. y H. Thomas (2014), “Innovation and Inclusive Development in
the South: A Critical Perspective”, en Medina, E., da Costa Marques, I y C.
Holmes (Eds.), Beyond Imported Magic. Essays on Science, Technology, and
Society in Latin America, Cambridge, MA, MIT Press, pp. 45-63.
Frost, A. et al. (2020), “Understanding knowledge systems and what works to promote
science technology and innovation in Kenya, Tanzania and Rwanda”, Documento
49
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
de trabajo, disponible en
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5fca247fd3bf7f5d09db26ab/KSI_
Report_FINAL_.pdf
Gázquez, A. y G. Bortz (2019), “Políticas públicas, producción de conocimiento y
desarrollo local en biotecnologías: el Acuario del Río Paraná como política
estratégica provincial en CTI”, presentado en XIV Congreso Nacional de Ciencia
Política, Universidad Nacional de San Martín, julio 2019.
Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P y M. Trow (1994),
The new production of knowledge: The dynamics of science and research in
contemporary societies, London, Sage.
González, M. G. (2020), “El Estado en acción: la incorporación de alimentos
funcionales al Plan Alimentario en la Provincia de Tucumán”, Cátedra Paralela,
17, pp. 247-265.
Guston, D. H. (2000), “Retiring the social contract for science”, Issues in science and
technology, 16, (4), pp. 32-36.
Herrera, A. (1995 [1973]), “Los determinantes sociales de la política científica en
América Latina. Política científica explícita y política científica implícita”, Revista
Redes, 5, (2), pp. 117-131.
Invernizzi, N. (2020), “Public participation and democratization: effects on the
production and consumption of science and technology”, Tapuya: Latin American
Science, Technology and Society, 3, (1), pp. 227-253.
Irwin, A. (2001), “Constructing the scientific citizen: Science and democracy in the
biosciences”, Public Understanding of Science, 10, (1), pp. 1–18.
Jasanoff, S y J.B. Hurlbut (2018), “A global observatory for gene editing”, Nature, 555,
pp. 435-437.
50
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
Jasanoff, S. (2003), “Technologies of humility: Citizen participation in governing
science”, Minerva, 41, pp. 223–244.
Jasanoff, S. (2004), States of knowledge: the co-production of science and the social
order, London, Routledge.
Kreimer, P. (2003), Conocimientos científicos y utilidad social, Documentos Ciencia,
Tecnología y Sociedad, 26, (14).
Kreimer, P y H. Thomas (2001), “The social appropriability of scientific and
technological knowledge”, en Arvanitis, R. (Ed.), Encyclopaedia of Life Sciences,
Londres, EOLSS Publishers.
Kreimer, P. y H. Thomas (2004), “Un poco de reflexividad o de dónde venimos?
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología en América Latina”, en Kreimer
P., Thomas H., Rossini P y A. Lalouf (Eds.), Producción y uso social de
conocimientos: estudios de sociología de la ciencia y la tecnología en América
Latina, Buenos Aires, UNQ, pp. pp. 11-89.
Latour, B. (1992), Ciencia en acción, Barcelona, Labor.
Lemos, M. C. y B. J. Morehouse (2005), “The Co-production of Science and Policy in
Integrated Climate Assessments”, Global Environmental Change, 15, (1), pp. 57-
68.
Lengwiler, M. (2008), “Participatory approaches in science and technology: Historical
origins and current practices in critical perspective”, Science, Technology, &
Human Values, 33, (2), pp. 186-200.
Lubchenco, J. (1998), “Entering the century of the environment: a new social contract
for science”, Science, 279, (5350), pp. 491-497.
Lundvall, B. A. (1992), National systems of innovation: Toward a theory of innovation
and interactive learning, Londres, Anthem Press.
51
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
Mazzucato M. (2018), “Mission-oriented innovation policies: challenges and
opportunities”, Industrial and Corporate Change, 27, (5), pp. 803–815.
Oudshoorn, N. E. y T. Pinch (2003), How users matter: The co-construction of users
and technologies, Cambridge, MIT press.
Rodriguez-Medina, L., Ferpozzi, H., Layna, J., Martin Valdez, E y P. Kreimer (2019),
“International Ties at Peripheral Sites: Co-producing Social Processes and
Scientific Knowledge in Latin America”, Science as Culture, 28, (4), pp. 562-588.
Roldán, D y L. Arelovich (2020), “Territorios en disputa. Los pescadores, la ribera, el
urbanismo y el acuario del Paraná (Rosario, Argentina)”, Universitas, 32, pp. 77-
98.
Santos, G. (2017), Tecnología para la solución de problemas sociales: relevamiento y
análisis de capacidades institucionales de investigación y desarrollo, producción,
implementación y gestión de Tecnologías Sociales vinculadas a la producción
pública de medicamentos en Argentina, Tesis doctoral, Universidad Nacional de
Luján (UNLu).
Schrögel, P. y A. Kolleck (2019), “The many faces of participation in science”, Science
& Technology Studies 32, (2), pp. 77-99.
Singer, H., Cooper, C., Desai, R.C., Freeman, C., Gish, O., Hill, S y G. Oldham (1970),
The Sussex Manifesto: Science & Technology to developing countries during the
second developing decade, Nueva York, Naciones Unidas.
Slaughter, S. y L.L. Leslie (1997), Academic capitalism. Politics, Policies, and the
Entrepreneurial University, Washington, Johns Hopkins University Press.
Stake, R. E. (2005), Investigación con estudio de casos, Madrid, Morata.
Thomas, H. (2008), “Estructuras cerradas vs. procesos dinámicos: trayectorias y
estilos de innovación y cambio tecnológico”, en Thomas, H y A. Buch (Eds.),
52
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
Actos, actores y artefactos. Sociología de la tecnología, Bernal, Editorial UNQ,
pp. 63-100.
Thomas, H., Fressoli, M y L. Becerra (2012), “Science and technology policy and social
ex/inclusion: Analyzing opportunities and constraints in Brazil and Argentina”,
Science and Public Policy, 39, pp. 579–591.
Thomas, H., Becerra, L., Fressoli, M., Garrido, S., y Juarez, P. (2017), “Theoretical
and policy failures in technologies and innovation for social inclusion: the cases
of social housing, renewal energy and food production in Argentina”, en
Kuhlmann, S. y Ordóñez-Matamoros, G. (Eds), Research Handbook on
Innovation Governance for Emerging Economies, Londres, Edward Elgar
Publishing, pp. 493–520.
Varsavsky, O. (2010 [1969]), Ciencia, política y cientificismo (y otros textos), Buenos
Aires, Capital intelectual.
Villena, J. C., Alvarez, G. S., Font, G. M., Salva, M.S y M.P. Taranto (2018), “Evidencia
de la efectividad de los probióticos en programas sociales”, en De Paula, J.A.,
Vinderola, G y R. Weill (Eds), Probióticos: Su impacto en la nutrición y la salud.
Una visión desde el Cono Sur, Buenos Aires, Asociación Civil Danone para la
Nutrición, la Salud y la Calidad de Vida, pp. 137-155.
Villena, J., Salva, S., Núñez, M., Corzo, J., Tolaba, R., Faeda, J., Font, G y S. Alvarez
(2012), “Probiotics for Everyone! The Novel Immunobiotic Lactobacillus
rhamnosus CRL1505 and the Beginning of Social Probiotic Programs in
Argentina”, International Journal of Biotechnology for Wellness Industries, 1, (3),
pp. 189-198.
Wynne, B. (2007), “Public participation in science and technology: performing and
obscuring a political–conceptual category mistake”, East Asian Science,
Technology and Society: An International Journal, 1, (1), pp. 99-110.
53
Revista Redes 54 – ISSN 1851-7072
Zabala, J. P. (2010), La enfermedad de Chagas en Argentina. Investigación científica,
problemas sociales y políticas sanitarias, Bernal, Editorial UNQ.
Artículo recibido el 15 de marzo de 2021
Aprobado para su publicación el 4 de junio de 2022
